La huelga que paralizó España y divorció a los socialistas

Más allá de diferencias personales, que también las hubo, la principal motivación de aquella inaudita rebelión del sindicato socialista se basaba en el «rechazo a una política social lesiva para los trabajadores y para los sectores más desfavorecidos a los que, por cierto, dicho gobierno decía representar». Son palabras del entonces secretario general de UGT, Nicolás Redondo, principal artífice de la protesta contra un gobierno y un líder, Felipe González, a quien él mismo había contribuido a encumbrar en la secretaría general del PSOE en el famoso Congreso de Suresnes de 1972.

Antes ya de las elecciones de octubre de 1982, que dieron al Partido Socialista la mayoría absoluta, sindicato y partido habían protagonizado importantes episodios de tensión. Desde la dirección ugetista se criticaba la poca consideración de los responsables del PSOE hacia la UGT, sobre todo a la hora de captar a sus militantes más cualificados para las listas electorales, pero también la escasa conexión en la presentación de proyectos en Cortes. Luego, ya con el PSOE en el poder y con Felipe González al frente del ejecutivo, sindicalistas de renombre comenzaron a denunciar ciertos aspectos de la política económica, que a su juicio colocaban al trabajador en una posición de franca debilidad frente al mercado de trabajo al estabilizar la temporalidad. A los enfrentamientos con el entonces ministro socialista de Trabajo, Miguel Boyer, se sumó la indignación sindical ante la Ley de Reforma de Pensiones enviada por el Gobierno a las Cortes en 1985. Pese a todo, el compromiso de González de incluir en el programa electoral las propuestas de UGT facilitó que desde el sindicato se apoyara públicamente a las candidaturas socialistas en las elecciones de junio de 1986. Sería, sin embargo, la última vez.

Como ha escrito Álvaro Soto Carmona, a partir de ese momento la dirección de UGT comenzó a preocuparse seriamente por los costes que para su acción sindical suponía la política del gobierno, especialmente en las grandes empresas, donde CC OO le estaba arrebatando delegados sindicales. Al mismo tiempo, varios responsables del PSOE consideraban a Nicolás Redondo, cada vez más crítico con la política laboral, un obstáculo serio para sus intereses. En 1987, ya con Carlos Solchaga al frente del Ministerio de Economía, la buena marcha de la coyuntura económica redobló las presiones de UGT para un reparto más solidario de la «tarta», al tiempo que el relevo al frente de CC OO, donde Marcelino Camacho dejó paso a Antonio Gutiérrez, facilitó la unidad de acción.

La gota que colmó el vaso de la paciencia sindical fue el Plan de Empleo Juvenil del gobierno, que UGT y CC OO rechazaron porque, a su juicio, interfería negativamente en la distribución de renta y en el reparto de empleo, suponía una intromisión intolerable en el mercado de trabajo a favor de los intereses empresariales, a quienes facilitaba un «peonaje joven, disciplinado y barato», y establecía un «sistema de contratación reaccionario y contrario a los intereses de los trabajadores en España».

Es más, UGT y CC OO no dudaron en calificar dicho Plan, así como el conjunto de la política económica de Solchaga, un verdadero ataque al sindicalismo y al movimiento obrero español. Ante la convocatoria de un «paro general de 24 horas», que UGT y CC OO explicaron en el manifiesto 'Juntos Podemos', el gobierno de González reaccionó acusándoles de cinismo y corporativismo, de impulsar una huelga revolucionaria con intenciones políticas, y de sucumbir a la estrategia comunista.

Aquella huelga fue un éxito espectacular. La interrupción de la emisión de Televisión Española a las cero horas lo decía todo. Pararon casi ocho millones de trabajadores y el cien por cien de las plantillas en transportes, alimentación, metal, hostelería y construcción. Las calles se quedaron vacías. En Valladolid sucedió algo similar: 70.000 trabajadores, de un censo total de 87.000, no fueron a trabajar y en las grandes empresas el paro fue secundado por el 90% de las plantillas. El Norte de Castilla no salió el día 14.

Alfonso Maroto, desde UGT, y Pedro López y Javier Fernández, desde CC OO, resaltaron el éxito del paro e instaron al gobierno a reconsiderar su política económica. En el lado contrario, Domingo Ferreiro, delegado del gobierno en Castilla y León, calificó aquella huelga como la jornada «del miedo, la coacción y la silicona», en alusión a los piquetes informativos, pues varios comercios de la capital amanecieron con las cerraduras selladas con silicona para impedir su apertura. No menos espectacular fue la manifestación iniciada a las siete de la tarde en las inmediaciones del Campo Grande, en la que más de 20.000 personas recorrieron las calles céntricas hasta la Plaza Mayor en protesta por el Plan de Empleo Juvenil y el incumplimiento de promesas gubernamentales como la revalorización de las pensiones y la ampliación de la cobertura de desempleo.

El mismo Felipe González reconoció al día siguiente «el amplio seguimiento» de la huelga y se mostró dispuesto a discutir con los sindicatos la política económica del gobierno. De hecho, poco después intensificaría el gasto público e incrementaría el gasto social, además de retirar el Plan de Empleo Juvenil. Pero las relaciones entre PSOE y UGT no se enderezaron: el XXXV congreso del sindicato, celebrado en abril de 1990, confirmaría la ruptura del modelo de relaciones con el partido que había presidido su historia desde 1888.