Del horror a la acogida: 400 familias que huyeron de sus países piden protección en Valladolid

Alba Maribel y su hija Alba Paola salieron de El Salvador, para escapar de las amenazas de las pandillas. /ALBERTO MINGUEZA
Alba Maribel y su hija Alba Paola salieron de El Salvador, para escapar de las amenazas de las pandillas. / ALBERTO MINGUEZA

Tres  familias del programa de acogida de Procomar relatan sus primeras semanas en la ciudad, a la espera de que el Gobierno resuelva su expediente

Víctor Vela
VÍCTOR VELAVALLADOLID

A veces el horror se muestra en algo tan cotidiano como una llamada al móvil, el papel higiénico, los acordes de una canción. Tuvieron que salir de sus países, que escapar de la violencia, que huir de las amenazas, que darle esquinazo al hambre. Lo cuentan desde Valladolid, la ciudad que los ha acogido. Sus historias son tan solo tres de los 328 expedientes de solicitud de protección internacional que el año pasado se presentaron en la provincia (otros 66 más en enero de este año;en todo 2013 fueron tan solo seis). Aquí, reciben atención y acompañamiento (entre otras entidades, como Accem y Cruz Roja), del programa red de acogida e integración social que desde septiembre de 2016 promueve Procomar-Valladolid Acoge. En estos meses han prestado sus servicios a trece familias (39 personas) llegadas de Ucrania, El Salvador, Venezuela, Colombia, Georgia, Marruecos, Siria. Todas ellas siguen, durante 18 meses, en dos fases, un itinerario de apoyo personalizado, pautado y financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para favorecer la integración social y laboral de aquellos que huyeron de sus países y llegaron a España en busca de seguridad, para guiarles a «potenciar sus capacidades y recuperar su autonomía en el menor tiempo». Están a la espera de que el Gobierno resuelva su solicitud de protección internacional (la mayor parte de las veces es negativa), con la esperanza de hallar aquí un futuro en paz.María Gabriela y Marcel (Venezuela): «Amamos nuestro país, pero no podemos volver»

Cuentan que la vida era cada vez más difícil en su urbanización. Que eran habituales los controles militares, las «manifestaciones fuertes», los disparos que obligaban a tirarse al suelo para evitar balas perdidas. Hasta que un día decidieron que ya no más. Sufrieron disparos en su coche. Forzaron la puerta de su casa. Entraron, revolvieron: «No se llevaron nada nuestro, pero sí las cosas que teníamos guardadas del partido, la comida y los medicamentos que íbamos a repartir». Aquel día, «al ser violentado nuestro hogar, supimos que allí no estábamos seguros».

En apenas unas horas, vendieron su carro (un Dodge Caliber, «naranja tentación», dicen al unísono, como si el color fuera una contraseña), hicieron las maletas, subieron a un avión (ella embarazada de diez semanas) y llegaron a España. Era el 30 de octubre de 2018. Empezaban una vida extraña como solicitantes de protección internacional.

«Es como si hubiéramos vuelto a nacer», dice María Gabriela (Venezuela, 1982). «Nos ayudan como quien dice a gatear, luego a caminar. Y es extraño. Nosotros siempre hemos sido laboralmente independientes, nunca hemos dependido del Estado. Por eso es tan fuerte el choque de tener que recibir ayuda». Una vez que pisaron suelo español –llegaron como turistas–, tramitaron la tarjeta blanca, el primer paso de la solicitud de protección internacional. Estuvieron en pensiones de acogida en Madrid. Hasta que el Ministerio, de acuerdo con el programa , les asignó plaza en Valladolid.

Durante esta primera fase (de acogida, dura seis meses), Procomar cubre sus necesidades básicas. «Se les ofrece alojamiento, manutención, un espacio seguro, recursos para ayudarles a adquirir las habilidades básicas para facilitar una vida independiente», explican Rebeca Lorenzo e Ivanka Makarchuk, técnicas del programa de Procomar-Valladolid Acoge. La ONG dispone de dos pisos de acogida para esta primera fase (uno en alquiler y otro cedido por el Ayuntamiento) y, además, ofrece servicios de apoyo psicosocial y emocional, clases de idiomas si fuera necesario, asesoramiento jurídico, formación prelaboral, orientación profesional, tramitación de escolarizaciones, empadronamientos… «Como si hubiera que empezar de nuevo a andar», dice María Gabriela.

«Nuestro anhelo es ser independientes. Amo mi país. Me encantaría regresar, pero no podemos volver a pasar por esto». Allí en Venezuela se significaron de forma clara contra el chavismo primero («apenas teníamos 17 años cuando empezamos a ir a manifestaciones»), frente a Maduro después. «En mi casa siempre se dio una educación crítica y abierta. Mi mamá es filósofa y teóloga; mis tíos, mi abuela materna fueron perseguidos políticos. La conciencia social siempre estuvo presente», explica María Gabriela, quien desde muy joven participó «en todas las manifestaciones».

«Cuando nació mi primera hija, me retiré un poco, pero con la muerte de Chávez... El día a día se hizo más complicado: escasez profunda, una hiperinflación que empobreció a la mayor parte de la población. La clase media desapareció. Había solo ricos y pobres, sin clases intermedias, como clara muestra de control social. Y cada vez más inseguridad», dice. Profesora en la Universidad, decidió entonces participar de forma activa en política y se inscribió en Voluntad Popular, partido que creó Leopoldo López y ahora lidera Juan Guaidó.

Allí, en el partido, coincidió con Marcel (Venezuela, 1983), hoy su marido. «Aunque yo ya me había fijado en ella, era la profesora de mi hermana», dice Silva. Ingeniero Industrial, Silva también se significó con la oposición. «Mi papá formaba parte de Acción Democrática, yo empecé a participar en protestas estudiantiles. Nunca milité, pero en 2014 me afilié a Voluntad Popular». Hasta que llegó el momento del papel higiénico. «El 23 de enero de 2015, que es el día de la democracia, mi mamá fue con su cédula a coger los alimentos de primera necesidad que le correspondían. Fui con ella. Estuvimos esperando toda la noche. Nunca nos cogían el tique. Y mi mamá levantó la voz. Empezó a protestar porque ni siquiera podíamos conseguir papel higiénico. Yo la apoyé . Y nos detuvieron».

Cuenta Marcel que los acusaron de instigación a delinquir y de resistencia a la autoridad. «Como además yo estaba significado con la oposición, pensaron que se trataba de una actividad programada». Estuvo dos días «desaparecido» en los juzgados, sin que su familia supiera de él. Cuatro días más entre rejas. Luego obtuvo la libertad condicional. «Si reincidía en los delitos, volvería preso, directamente al penitenciario. Yo quería luchar por mi país, pero no en primera línea. Por eso me dedicaba a buscar comida y medicinas para luego repartirlas en las sedes del partido. Si me encontraban con los víveres, podían acusarme de delito de acaparamiento».

Por eso entraron en su casa, explica. Por eso forzaron su vivienda para ver si allí guardaba la comida, las medicinas. Por eso sintieron ambos que el cerco se estrechaba. Y decidieron marcharse. «No sentíamos la seguridad para seguir viviendo allí». «No queríamos llegar fuera de los itinerarios marcados por España porque pueden generar descontrol social, se puede distorsionar la economía, la sociedad. Creemos que esta es la mejor vía de integración», aseguran, a punto ya de pasar a la segunda fase de su itinerario, con la vista puesta en un futuro con trabajo, vivienda, independencia y seguridad para ellos y sus hijos (también el que está de camino, con las cuentas cumplidas para finales de mayo).

Arriba, Maria Gabriel y Marcel, llegados de Venezuela. Debajo, Alba Maribel y Alba Paola, de El Salvador y Vladimir, de Colombia. / ALBERTO MINGUEZA

Alba Maribel y Alba Paola (El Salvador): «Aquí te ayudan, te apoyan, te protegen»

Cuando descolgó el móvil, Alba Maribel (ElSalvador, 1976) supo que no serían buenas noticias. Titulada en Teología, se encargaba de la obra social de una iglesia cristiana evangélica en San Salvador. Por sus manos pasaba la ayuda a decenas de personas, muchos jóvenes, algunos llegados de otros países (los había que incluso se quedaban unos días en su casa a dormir). Su vida estaba dedicada a los demás en un país «devastado por la violencia de las pandillas», que compiten por el poder territorial y el de los mercados ilegales.

«Como yo viajaba por trabajo, como acogía a personas extranjeras en mi casa, como coordinaba un programa de ayuda que recibía fondos de ONG, como mi compromiso era con programas de prevención para evitar que los niños acabaran en las pandillas, pensaron que tenía dinero», explica Alba Maribel. Le empezaron a extorsionar.

«Me abordaban por la calle y me tendían un teléfono. Decían: contesta. Y al otro lado había una voz que me pedía 10.000 dólares, lo que fuera.Yo les decía que no tenía ese dinero. Y era verdad. Pero no me creían», añade. En diciembre de 2017 claudicó, no pudo soportar más las amenazas. Pagó 3.800 dólares. «Era lo único que tenía».Tres meses después volvieron las llamadas para reclamar más plata. «No podíamos acudir a la Policía. Nos enteramos de una pareja de la Iglesia que estaba en una situación parecida. Denunciaron y fueron asesinados». Hasta que un día ya no fue un móvil que le entregaban en la calle, sino una llamada a su número. «Me dijeron:'Como no nos quieres creer, te vamos a demostrar quiénes somos. Sabemos quién es tu hija.Dónde estudia. Esta tarde, no te olvides de poner las noticias de las seis». Cuenta Alba Maribel que soltó el teléfono y corrió hacia el instituto donde estudiaba su hija. Explica que cuando llegó, ella ya no estaba. Había subido al autobús de camino a casa.

Alba Paola (El Salvador, 2000), la hija,continúa el relato: «Yo salía a las tres de clase. En el autobús, vi a unos señores que no me despegaban la mirada. Según la gente se bajaba en las paradas, se me iban acercando. Hasta que uno se puso a mi lado, sacó una cuchilla, me la puso a la altura de las costillas. Me dijo: 'En la terminal de San Marcos te bajas.Allí te están esperando'. No recuerdo bien porque cerré los ojos y me puse a llorar. Cuando bajé, corrí, les despisté no sé cómo y me metí en otro autobús». Hasta que consiguió llegar a casa, reencontrarse con su madre. Permanecieron tres días encerradas.«La jefa de mi esposo nos pagó los boletos para salir».

Horas después, viajaban a España. Aquí solicitaron protección internacional. Ingresaron en el programa de acogida. «No teníamos miedo a la documentación. Lo que nos daba pánico era tratar con la Policía. En nuestro país no es sinónimo de seguridad. Aquí es todo lo contrario:te ayudan, te escuchan, te apoyan y protegen». Y subrayan la importancia de encontrarse en su camino con personas e instituciones dispuestas a ayudar.

«A veces no logramos ver el trabajo de los demás. Desde el momento en el que hemos llegado a España tenemos cubiertas nuestras necesidades. Hay gente que ayuda a que recuperemos la confianza, que empecemos una nueva vida». Y apuntan directamente a Procomar, la entidad que las acompaña en su programa de acogida. Ya están en la segunda fase (hasta doce meses, de integración).

Han abandonado el piso en cesión y ya han pasado a un alojamiento propio. El Ministerio mantienen las líneas de ayudas (comida, suministros...), pero la cantidad que perciben se regula en función de sus posibilidades. Porque en esta segunda fase ya pueden trabajar.Procomar dispone de programas de orientación e incorporación laboral para ayudarles a encontrar empleo. «Nuestro objetivo es ser autónomas económicamente. Tener un trabajo. Ahora es como si fuéramos una carga y no queremos eso.Siempre hemos sido independientes. Queremos trabajar. Y en el futuro, me gustaría ser voluntaria en Procomar, para ayudar a otras personas que están en la situación en la que hoy me encuentro yo», dice Alba Maribel. El acompañamiento concluye al finalizar esa segunda fase. Después (si no es un caso extraordinario que requiera prórroga) salen del programa de acogida para iniciar vida independiente.

Vladimir y Natalia (Colombia): «Nuestro reto es un trabajo... y los papeles»

«El miedo», dice Vladimir. «El peligro que veía que corríamos. Los grupos al margen de la ley que hacen de las suyas». Un barrio que se vuelve «conflictivo por la droga, el microtráfico, las vendetas, extorsiones». «La violencia era el pan de cada día. Yo no quería que eso lo viera mi mujer. La niña. Mataron a unos amigos por la cuadra, cerca de nuestra casa. Y supimos que allí no podíamos seguir.Ese fue el punto. Nuestra vida estaba en riesgo. Y decidimos salir». Vladimir (Colombia, 1981) trabajaba en su país como mecánico de motos. Pero su gran sueño es la música. Es cantante. Compositor. «Ojalá algún día pueda vivir de ello. O un restaurante. Me encantaría montar mi propio negocio. Para trabajar con mi mujer. Para que sea nuestro sustento y el de nuestra hija cuando sea mayor. Ojalá», dice en Valladolid, tan lejos de aquellas amenazas que lo empujaron a abandonar Colombia.

Salieron el 13 de mayo de 2018, con su hija pequeña. «Era el día de la madre allí», recuerda Natalia (Colombia, 1997). Cuando llegaron a España ya era 14. Lo intentaron antes en Holanda, donde vive la madre de Vladimir. Allí no tuvieron suerte. Les denegaron la solicitud de protección internacional.«Volvimos a Colombia y la situación se puso todavía peor». Ahora esperan que España reconozca su situación. Nada más llegar, pasaron un periplo por tres hostales de Madrid, hasta que el Gobierno les asignó Valladolid para su programa de acogida. Ya están en la segunda fase (puede durar hasta doce meses).

Han dejado el piso de Procomar y alquilado uno por su cuenta, gracias a que se han empezado a lograr objetivos de inserción laboral. Él trabaja en Ikea, gracias a un programa Incorpora de La Caixa. Ella tiene una beca en un taller de carrocería, chapa y pintura. «Hay que trabajar para sobrevivir. Lo importante es la estabilidad económica; es la mejor forma de lograr el desarrollo personal. Y a partir de ahí, conseguir el DNI. Es nuestro reto: aspirar a la jornada completa en los trabajos... y los papeles».

No es sencillo. El año pasado, España registró un importante incremento de las solicitudes de asilo. El año pasado, 54.244. Hay 78.000 expedientes sin resolver. Tres de cada cuatro casos se deniegan. ¿Y entonces qué?«Si se rechaza su solicitud, se quedan en situación de irregularidad. Perderán su trabajo. Y tendrán que optar a quedarse a través de otras vías, como la demostración de arraigo (social, familiar o laboral) para obtener el permiso de residencia.