Los hogares vallisoletanos pagarán 3,4 millones por la tasa que la Junta puso a las eléctricas en 2013

Las comercializadoras deben avisar a los clientes del cobro del 'suplemento por tributos autonómicos'./J. R. LADRA
Las comercializadoras deben avisar a los clientes del cobro del 'suplemento por tributos autonómicos'. / J. R. LADRA

Los consumidores vallisoletanos pagarán de forma prorrateada la refacturación de su consumo de luz de hace seis años

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONA

Los hogares de 11 comunidades, entre ellas Castilla y León, verán refacturado su recibo de la luz para incluir las cantidades que las compañías eléctricas abonaron en 2013 por los impuestos autonómicos sin haberlos repercutidos al consumidor. Respaldas por una sentencia, las empresas cargarán a 25 millones de consumidores españoles sumas variables que oscilan, según cálculos de la OCU, desde menos de un euro hasta casi 20 de media para los más perjudicados, los usuarios gallegos.

Los castellanos y leoneses serán los segundos que más tendrán que pagar. En el caso concreto de los consumidores domésticos, deberán abonar 15,69 euros de media, lo que se traduce en una refacturación de 3,41 millones para los 217.900 hogares que hay censados en la provincia de Valladolid. El mercado eléctrico vallisoletano está compuesto por 335.310 puntos de suministro eléctrico, con los restantes 117.000 enganches cuyos titulares son empresas, centros de trabajo, instituciones... cuya refacturación será variable en función de la potencia contratada.

El recálculo afecta a las 15 autonomías que cuentan con tributos medioambientales que gravan activos energéticos, pero en cuatro de estos territorios ya se llevó a cabo el proceso de cobro. El pago que ahora complicará un poco más la factura eléctrica en Castilla y León corresponde a 2013, el año en que se aprobó el 'Impuesto medioambiental por el aprovechamiento del agua embalsada, los parques eólicos, centrales nucleares e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión', o ecotasa, que no estaba recogida en los peajes. En aquel momento las compañías soportaron los cargos sin repercutirlos a los clientes, pero recurrieron la decisión a los tribunales. Una sentencia del Supremo obliga ahora a que sean los consumidores los que corran con los pagos.

Cobro 'indoloro'

Si bien leer que los hogares vallisoletanos deberán pagar 3,4 millones de euros da un poco de susto, para endulzar un poco la píldora la orden ministerial que explica la refacturación señala que «las cantidades correspondientes a dichas regularizaciones serán aplicadas en un solo pago (...) siempre que el importe total de la regularización para dicho consumidor sea inferior o igual a dos euros, sin incluir impuestos. En caso de que el importe total de la regularización supere los dos euros el mismo será fraccionado en partes iguales superiores a un euro por las empresas distribuidoras en las facturas que se emitan en el plazo máximo de doce meses a partir de la primera regularización». Es decir, se pagará prorrateado para que duela menos, pero seguirá sumando 3,4 millones.

En opinión del presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castilla y León, este nuevo recargo no es tan grave por lo que tiene de coste económico -«van a fraccionarlo para que no nos enteremos»- como por lo que en el fondo supone: un ejemplo más de «la indefensión en la que el usuario se encuentra tanto con el poder de las compañías eléctricas como con los recargos impositivos de las facturas».

«Una vez más se demuestra que cualquier tasa que se pone a las empresas acaban por pagarla los usuarios», lamentan desde la UCE

«Llevamos meses leyendo que baja el precio de la luz, pero como el kilovatio es la parte menos importante del recibo, al final cualquier bajada queda neutralizada», lamenta Prudencio Prieto, que reclama «una revisión de una vez por todas de tanto impuesto a la electricidad» y, de manera urgente «una aplicación del IVA reducido del 4% como servicio esencial que es». Para el representante de los consumidores, el cobro de esta refacturación a los castellanos y leoneses, si ya duele por ser el segundo recargo más elevado, es un poco más sangrante cuando se piensa que «esta comunidad autónoma es exportadora de electricidad y no le sirve para nada ante tantos intereses inconfesados».

Prieto cree que este episodio es una demostración más de la «más que dudosa eficacia de ponerle nuevos impuestos a las grandes empresas, porque al final se acaba castigando al consumidor». Se teme que pueda pasar con la anunciada 'tasa Google' y avisa: «Ahora parece que Trump va a ponerle un impuesto al aceite... veremos lo que tarda en subir el precio aquí, por culpa de la tasa de allí».

Hacienda, que en su día contempló compensar a las familias, ahora lo descarta

Poco después de implantar el Impuesto medioambiental por el aprovechamiento del agua embalsada, los parques eólicos, centrales nucleares e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, o ecotasa, la Consejería de Hacienda aseguró que contemplaba la posibilidad de devolver el sobrecoste a los ciudadanos en el caso de que el tributo, dirigido a las compañías, encareciese el recibo de la luz de los ciudadanos. Incluso dejó en el aire la posibilidad de derogar el impuesto.

Una vez que se ha confirmado que la factura de la luz sí va a subir y que el sobrecoste lo pagarán las familias y empresas, a la pregunta de si la consejería tiene previsto concretar alguna compensación o, si cabría la posibilidad de eliminar ahora un tributo que se instauró durante la crisis con el objetivo de paliar la caída de otros ingresos, la respuesta fue la siguiente:

«Hay once comunidades afectadas» y existe «un recurso de la Junta de Castilla y León a la orden del Estado que está pendiente de resolución. Por otra parte, no hay necesidad de modificar la normativa, porque a partir de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 los suplementos territoriales ya no son obligatorios. Para una factura media anual de un consumidor doméstico, la cuantía a pagar nunca superaría los 13 euros en total en todo el año. Lo que supondría menos de dos euros en cada factura y sólo afectaría al año 2013. Por último, la Junta está pendiente del fallo del Tribunal Supremo. Sería necesario estudiar el fallo con el resto de las comunidades y con el Estado».