El funcionario de Valladolid acusado de amañar el contrato de señales irá a juicio por cohecho

Señalización vertical y horizontal en la calle Esgueva. /H. SASTRE
Señalización vertical y horizontal en la calle Esgueva. / H. SASTRE

La Audiencia confirma la decisión de Instrucción 3, pero limita la práctica de nuevas pruebas

J. Asua
J. ASUAVALLADOLID

El funcionario del Ayuntamiento de Valladolid acusado de haber amañado sucesivas adjudicaciones del contrato de señalización del Consistorio a cambio de favores y prebendas por parte de la empresa ImesAPI será, finalmente, juzgado por cohecho por un tribunal popular. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha confirmado este extremo en un auto, de fecha 10 de enero, en el que resuelve el recurso presentado por el abogado de J. L. G. La Sala estima parcialmente la alegación del letrado e impide la práctica de nuevas pruebas, con la excepción de la toma de declaración del acusado y de su hijo, unas testificales que estaban pendientes antes de que vencieran los plazos y que no llegaron a celebrarse. Sin embargo, no atiende la reclamación principal: el archivo de la causa.

La sala que preside el magistrado Feliciano Trebolle reconoce que el periodo de instrucción expiró por haberse autorizado la prórroga solicitada fuera de plazo por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 3, el órgano que ha llevado el caso. La defensa del empleado municipal solicitaba el sobreseimiento por esta razón.

El Ayuntamiento presentó en enero de 2016 la denuncia ante la Fiscalía después de las informaciones aportadas por un extrabajador de la empresa que alertó sobre estas actuaciones irregulares. Según sostiene la acusación y el fiscal, el empleado público habría adjudicado desde el año 2000 los sucesivos contratos de señalización de calles a la firma ImesAPI sin tener en cuenta ofertas de otras empresas del sector que resultaban más económicas. La compañía habría devuelto este trato de favor con todo tipo de regalos, desde jamones a entradas para el fútbol o gastos pagados en ferias del sector, además de la contratación de su hijo como empleado de la firma especializada en trabajos en la vía pública.

El caso saltó a los pocos días de que el equipo de gobierno de Puente tomara posesión, en junio de 2015. Entonces les llegó la propuesta de adjudicación del contrato de señalización a esta firma, un expediente que les llamó la atención por su elevada cuantía –800.00 euros– cuando esos trabajos se estaban haciendo en ciudades como Bilbao por 500.000, según explicó en una rueda de prensa el propio alcalde. Se habían presentado otros aspirantes con ofertas mucho más ventajosas, pero fueron consideradas como bajas temerarias por el funcionario. Fue con estos datos y con la denuncia del trabajador despedido cuando se desencadenó la investigación, que desembocó en la denuncia.

Ahora la causa volverá al Juzgado de Instrucción número 3, que deberá determinar la fecha de las declaraciones antes de que las partes presenten sus escritos de calificación y se señale la fecha del juicio, que se celebrará con un jurado popular.

 

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