Fuego contra la guerra de las patatas

Valladolid lideró las protestas agrícolas de agosto de 1978 que, a base de hogueras, consiguieron fijar mejores precios para los cultivadores

Quema de patatas en Valdestillas el 22 de agosto de 1978. /Archivo Municipal
Quema de patatas en Valdestillas el 22 de agosto de 1978. / Archivo Municipal
Enrique Berzal
ENRIQUE BERZAL Valladolid

No por anunciado, aquel impactante acto de protesta dejó de generar un gran revuelo en Laguna de Duero. Eran las siete de la tarde del 12 de agosto de 1978, sábado para más señas, cuando un nutrido grupo de cultivadores de patata apilaba mil quinientos sacos sobre una inmensa cama de paja. Ante la atenta mirada de centenares de paisanos, desparramaron un bidón de gasóleo y una lata de gasolina, y le prendieron fuego: la hoguera fue tremenda, y eso que aún tuvieron que recurrir a varias pacas de paja para que ardieran todas las patatas. Varios tractores apostados a lo largo de la carretera de Madrid testimoniaban que Laguna de Duero había sido la primera localidad en romper el fuego, nunca mejor dicho, en la «guerra de las patatas». Bajo una espesa estela de humo negro, 70.000 kilos de tubérculos eran engullidos por las llamas. «Es inadmisible que el cultivador perciba tres cincuenta o cuatro pesetas por kilo de patatas mientras el ama de casa las paga a tracto catorce pesetas en el mercado», protestaban.

En Laguna de Duero había comenzado la primera batalla de la segunda contienda patatera de la Transición, más impactante aún que la de principios de 1977. La gota que colmó el vaso del malestar agrícola, que aglutinaba a once provincias lideradas por Valladolid, había sido derramada en la reunión que el 31 de julio de 1978 celebraron representantes de las organizaciones agrarias de Valladolid para analizar el problema, poco después de que el presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA), Luis García García, se hubiera negado a intervenir a favor de sus intereses. Miembros de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (APAG), de la Unión de Campesinos (UC) y de la Asociación Empresarial Provincial Agraria (AEPA) acusaban al FORPPA de estar hundiendo el mercado de la patata al poner a la venta miles de kilos de tubérculos inmovilizados de cámara.

La decisión definitiva la tomaron el 10 de agosto en la sede de los antiguos sindicatos verticales de Valladolid, en la calle Dos de Mayo: representantes de sindicatos y organizaciones campesinas de once provincias, incluidas varias de Logroño y Castilla La Mancha, volvieron a afear la actitud del FORPPA y recriminaron al Ministerio de Comercio el no hacer cumplir las normas de calidad de la patata, al permitir la venta de tubérculos con un tamaño inferior a 44 milímetros. «No es admisible que las patatas se estén pagando al cultivador a 5 pesetas o menos, mientras que la ama de casa las tiene que comprar a 13 o 14», protestaban. Con esos precios, en efecto, los cultivadores apenas podían cubrir los gastos de producción.

El 17 de agosto volvieron a arder 30.000 kilos de patatas en Laguna de Duero, 20.000 menos que los calcinados ese mismo día por los cultivadores de Mora de Toledo

Las resoluciones aprobadas marcarían las siguientes jornadas: fijar en ocho pesetas el precio de venta por el cultivador, denunciar a comerciantes y almacenistas que venían actuando sin autorización, exigir el cumplimiento estricto de las normas de comercialización, proscribiendo los tubérculos de un tamaño inferior a 44 milímetros, y destruir a fuego vivo los excedentes, calculados en un 10% de la cosecha, como medida de presión. La guerra había comenzado en Laguna de Duero, donde el 17 de agosto volvieron a arder 30.000 kilos de patatas, 20.000 menos que los calcinados ese mismo día por cultivadores de Mora de Toledo.

Cultivadores de Laguna queman 70.000 kilos de patatas el 12 de agosto de 1978.
Cultivadores de Laguna queman 70.000 kilos de patatas el 12 de agosto de 1978. / Archivo Municipal

Horas más tarde, el presidente del FORPPA anunciaba por teléfono al vallisoletano Adolfo Sánchez García, presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos, su voluntad de sentarse a dialogar; y el Ministerio de Agricultura, por su parte, dio órdenes a los delegados y gobernadores civiles para que vigilasen el estricto cumplimiento de las normas de comercialización de la patata, establecidas en 1972.

Más fuego

Las esperanzas, sin embargo, se esfumaron cuando Luis García aclaró que, al no ser la patata un producto regulado, el FORPPA no tendría por qué intervenir, mientras insistía en la necesidad de ordenar los cultivos para adecuar la producción al consumo; las limitaciones presupuestarias del Fondo, señalaba, le impedían prestar cualquier tipo de ayuda económica. Pero las organizaciones agrarias no se dieron por aludidas: acusaron al FORPPA de seguir deteriorando el mercado con la salida de patata de sus stocks de Valencia, Alicante y Sevilla, volvieron a reiterar su pretensión de fijar el precio en 8 pesetas para el productor y se reafirmaron en su voluntad de desabastecer el mercado mediante la destrucción de excedentes.

Es lo que hicieron agricultores de Villanueva de Duero el 22 de agosto, cuando quemaron 30.000 kilos de patatas, o sus colegas de Valdestillas al día siguiente con otros 40.000. Pero ya entonces los ánimos estaban más calmados. Sobre todo al saber que el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, había aceptado las soluciones más urgentes de las organizaciones agrarias, en especial la vigilancia estricta de las normas de calidad de la patata, con inspecciones rigurosas a partir del día 28. Una nueva reunión, celebrada esta vez en la sede del FORPPA, sentaría las bases del acuerdo definitivo, firmado el 29 de agosto.

Aquel día, representantes de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, de la Federación de Agricultores y Ganaderos de la Cuenca del Duero, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos y de la Asociación Nacional de Almacenistas de Patatas se dieron por satisfechos al saber que la administración se comprometía a fijar un precio mínimo de la patata de 8 pesetas el kilo y a vigilar estrechamente el cumplimiento de las normas de calidad, en especial la prohibición de poner a la venta variedades con un tamaño inferior a 44 milímetros. Además, se inmovilizaría las 25.000 toneladas de patata temprana que tenían los almacenistas, que serían financiadas por el FORPPA a 7 pesetas el kilo y un interés del 8%, a devolver como tope el 31 de enero. El fuego de la protesta había sido momentáneamente apagado, si bien es cierto que los rescoldos del malestar agrario aún seguían crepitando.

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