Empleados de Defensa denuncian la cesión de la residencia militar de la calle Muro a un fondo privado

Edificio que alberga la residencia del Ministerio de Defensa. /R. JIMÉNEZ
Edificio que alberga la residencia del Ministerio de Defensa. / R. JIMÉNEZ

El Patronato del Colegio de Huérfanos decidirá este mes si acepta que se destinen las 145 plazas a un centro para mayores

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

De alojamiento para jóvenes estudiantes, no solo hijos de militares sino también de la Universidad de Valladolid (un uso que tiene actualmente), a una residencia de personas mayores con «alto poder adquisitivo».

Ese es debate que deberá resolver este mes la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER) sobre el futuro del edificio que el Ministerio de Defensa tiene en la calle Muro 6, y que, fundado en 1891 como Colegio de Huérfanos del arma de Caballería, ha atraído el interés de un fondo privado de inversión.

El comité de empresa de la Administración General del Estado (AGE) denunció ayer esta a privatización de la Residencia Santiago, cuyo cierre se llevaría a cabo al concluir este curso en junio. Según explicó Antonio Sangrador, presidente de este órgano, «la operación se concibió durante la anterior etapa de gobierno del PP, pero el actual equipo del Ministerio de Defensa no se ha pronunciado si la mantendrá».

El inmueble dispone de 145 plazas de alojamiento, aunque solamente están ocupadas 117 por estudiantes que pagan entre 580 y 625 euros al mes, con comida.

Los trabajadores sostienen que con unos gastos de casi 500.000 euros al año, la gestión actual no es deficitaria, ya que reporta unos beneficios de otros 100.000. Sangrador añadió que «esta cantidad se podría elevar si se cubriesen otras 28 plazas que no fueron incluidas en la convocatoria de alojamiento con la UVA, por no lo que no entendemos cuál es la razón de esta cesión si el edificio cumple con sus fines sociales».

El comité de empresa, en el que están representados los sindicatos UGT, CC OO, CGT, USO y CSIF, defiende el mantenimiento de los 17 empleos directos de la residencia y otros seis indirectos, al tiempo que recordó que en 2016 se invirtió 1,2 millones de euros para reformar la mitad de las habitaciones, la cocina, comedor, gimnasio y el salón de actos.

Hace siete años, el Ministerio de Defensa elaboró un plan para privatizar este tipo de residencias con orígenes castrenses. El pasado mes de septiembre visitaron el inmueble de ocho plantas representantes de un fondo de inversión «con la intención de convertir y ampliar la residencia de estudiantes en una de personas mayores».

Por ello, según el comité, el próximo Consejo Rector del Patronato de Huérfanos, que se reunirá el miércoles 21, deberá tomar una decisión si lo cede por un periodo superior a 50 años.

Los sindicatos calificaron ayer esta operación de «especulación pura y dura» por lo que han comenzado a realizar gestiones con el Ayuntamiento de Valladolid y parlamentarios para tratar de frenarla.

Sin necesidad de reforma

En este sentido, los trabajadores cuestionaron uno de los argumentos del Ministerio, respecto a que Defensa precisaría de más fondos para acometer otra reforma del edificio, dinero del que no dispone. También señalan que se necesitarían aportaciones externas para «financiar las becas y ayudas destinadas a los huérfanos del Ejército que tutelan».

Sin embargo, el presidente del comité recordó que el Ministerio ingresa anualmente otros 100.000 euros procedentes del personal del Ejército de Tierra que se aloja cuando es trasladado temporalmente.

En su pretensión para que se mantenga el uso público, los trabajadores proponen la firma de un convenio con Instituto Cervantes, que permitiría alojar a estudiantes extranjeros a través del Programa Valladolid Ciudad Amiga.

Recuerdan además las necesidades del personal de la IV Subinspección General del Ejército de Tierra (SUIGE), con sede en Valladolid, que «tiene dificultades de alojamiento para su personal militar y civil».

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