Sangre y horror en Padilla de Duero

Cuando empujó la trasera del corral, un horrendo espectáculo lo frenó en seco. El cuerpo de su amo yacía en el suelo junto a un enorme charco de sangre. A pocos metros se encontraba el criado de la casa, Antonio Monja, atado a la rueda de un carro. Siguiendo sus indicaciones, el chaval salió corriendo a buscar al juez municipal.

Este dio cuenta precisa del dantesco espectáculo. La puerta principal de la casa se hallaba cerrada, por lo que hubo de entrar por el corral. A Carrascal le habían quitado la vida a cuchilladas: «Una herida en la unión de los parietales, otra en la región frontal, otras dos en el cuello muy profundas, otra en la oreja izquierda, otra en la región torácica, varias contusiones (?.), y en la espalda la impresión de dos manos manchadas de sangre, que debieron de tirar del cadáver arrastrándolo», rezaba el informe.

Pero no era el único cadáver hallado en la casa. Una amiga de la familia, Telesfora Zamora, que se encontraba en la vivienda de manera accidental, yacía en una de las habitaciones con un terrible corte en el cuello «que casi le separó la cabeza del cuerpo»; también la hija de Antonino, Dionisia Carrascal, de 24 años, fue hallada muerta en su cama, en ropa interior: «Tenía catorce o quince heridas en los labios, en el cuello, en la espalda, en los brazos, en las manos y en todas las partes del cuerpo».

El criado declaró, en un primer momento, que cuatro «hombres con barbas» habían entrado a la fuerza para robar, dejándolo a él atado al carro y tapado con una manta. Una declaración poco convincente de la que poco después, en el camino hacia Peñafiel, ante fuerzas de la Guardia Civil, se desdijo.

Monja, en efecto, acusó del asesinato a cinco hombres que conocía bien: el guarda de campo, Inocencio Ruiz Melero, apodado «Picoba»; Justo Martínez Martín, «el Sardina»; Pedro Gonzalo Acebes, «Moraina»; el herrero Ciriaco Serrano Carrascal, familiar del asesinado, y Miguel Alonso Arraso. El mismo Monja se declaró cómplice del crimen, asegurando que aquellos le habían convencido para perpetrarlo, y señaló el robo como móvil principal. Hasta reconoció haberse conchabado con el quinteto para dejar abierta la puerta trasera del corral.

En el juicio, celebrado en abril de 1890, triunfaron las tesis del fiscal, cuyo relato reprodujo con detalle EL NORTE DE CASTILLA. Aseguraba que los seis implicados habían concertado el crimen el 16 de mayo de 1888, en la Plaza de Padilla de Duero, con objeto de robar el dinero de Antonino.

Monja hizo lo convenido: por la noche dejó sin echar el cerrojo del corral, soltó las ovejas y, acto seguido, profirió gritos de socorro provocando la salida de su amo. Nada más verlo, los otros cinco se lanzaron sobre él y le dieron muerte. Acto seguido, los asesinos subieron a la casa en busca del dinero. Fue entonces cuando se toparon con Teresa y Dionisia, a quienes arrebataron con brutalidad la vida.

Una vez verificado el robo, procedieron a atar al criado para despistar a la justicia; este, a su vez, se habría provocado algunas heridas en las manos para tratar de acreditar su inocencia, achacándoselas a los criminales.

Es más, aseguraba el fiscal que el mismo Monja también había participado en los homicidios, pues así lo demostraba una navaja de su propiedad hallada en el lugar del crimen, que presentaba algunos cabellos pertenecientes a la difunta Dionisia. Los asesinos robaron no más de 240 pesetas e hicieron desaparecer los recibos de las deudas que algunos tenían contraídas con Antonino, pues este también se dedicaba a hacer préstamos.

El registro policial en casa de los otros acusados dio por resultado el hallazgo de ropas manchadas de sangre y varias armas. Por todo ello, el 23 de abril de 1890, el juez dictó sentencia condenatoria contra los seis implicados: «A cada uno a la pena de muerte a garrote y sobre un tablado, que tendrá lugar en el mismo pueblo de Padilla de Duero».

Parte de los recursos de los defensores prosperaron, de modo que se libraron de la pena capital, merced al indulto regio, Pedro Gonzalo, Ciriaco Serrano, Justo Martínez y Miguel Alonso: el 21 de marzo de 1891, «La Gaceta» publicaba un Real Decreto por el que, «teniendo en cuenta el arrepentimiento de los reos y su buena conducta antes de delinquir», se conmutaba su pena de muerte por la de cadena perpetua.

No ocurrió así con Antonio Monja e Inocencio Ruiz, cuya sentencia de morir a garrote se cumplió en Peñafiel el 17 de abril de 1891. Miles de personas, 11.000 según un periódico de tirada nacional, se agolparon en torno al patíbulo para presenciar la ejecución.