Las educadoras infantiles de Valladolid piden respeto a sus derechos en las nuevas licitaciones

En Madrid, hoy, se negocia parte del futuro de las profesoras de escuelas infantiles. Concretamente, el convenio que lleva sin firmarse desde el año 2010 y que puede contemplar una pequeña subida de salario para ellas. Sin embargo, en Valladolid ha surgido un grupo que aglutina a más de 250 docentes cuyas reivindicaciones van mucho más allá de ese incremento en las nóminas. Denuncian que cobran lo mismo desde hace casi una década, un salario base de unos 850 euros que en muchos casos no es tal, porque muchos contratos son de apenas cinco horas, para cubrir el grueso de la jornada, de 9 a 14. Y denuncian, sobre todo, que las licitaciones municipales han conseguido empeorar sus condiciones de trabajo en muchas localidades.

En Valladolid capital hay diez escuelas infantiles municipales con gestión indirecta. Es decir, cada cuatro años salen a concurso y una empresa se encarga de dotarlas de profesorado y personal de cocina, limpieza, etc. En la provincia hay escuelas municipales en Laguna, Renedo, Cigales, La Cistérniga, Villanubla... En algunas de estas localidades se acaban de renovar las concesiones y entre los factores que cuentan a favor está una que ha alarmado a las docentes: «Apertura del centro durante periodos ordinariamente vacacionales que no sean días festivos, fines de semana ni vacaciones de agosto».

Las educadoras infantiles tienen, por convenio, un mes de vacaciones que obligatoriamente debe coger en agosto. Además, cuentan con diez días que, habitualmente, se repartían entre Semana Santa y Navidad. Al ofertar la apertura continua, incluidos estos periodos, resulta casi imposible disfrutar de esos diez días de vacaciones adicionales al año. ¿Por qué? Pues porque al tratarse de escuelas infantiles (no de ludotecas ni servicios de guardería menos reglados) deben cumplir unas ratios profesores/alumnos que se exigen fielmente en los pliegos de licitación. Si uno se marcha de vacaciones, con las plantillas ya tan ajustadas, todo se descompensa.

Temen que en la capital se incluya también ese factor de baremación en los nuevos pliegos. Sin embargo, la concejala de Educación, Victoria Soto, asegura que solo se introducirá la posibilidad de ampliar la apertura por las tardes de la segunda quincena de junio, «porque muchas familias en las últimas dos semanas no tienen periodo de vacaciones», y siempre a cambio de un 10% de mejora en el contrato para que las empresas concesionarias puedan asumir los gastos de sustituir al personal de vacaciones. Asegura Soto que a futuro, «si hay financiación de la Junta o más dinero del propio Ayuntamiento», intentarían abrir «cuatro ó cinco días más en Navidades y algún día de carnavales». Matiza que lo que no puede ser es que «por conciliar la vida y familiar de la gente resulte que los trabajadores no tienen derechos».

Hace una semana una asamblea de alrededor de setenta educadoras infantiles de la provincia, con la presencia de algunas de otras zonas de la región, se reunió con representantes del sindicato UGT para plantear estos problemas. No recibieron demasiadas esperanzas más allá de conseguir una pequeña subida salarial en ese convenio colectivo nacional que se está negociando en Madrid.

«Se nos exige que hagamos programaciones didácticas, tener un proyecto curricular, y estamos bajo la supervisión de un inspector de Educación, pero al mismo tiempo dependemos de la Consejería de Familia», dice una representación de este grupo de más de 250 docentes a El Norte.

El sistema de gestión indirecta, además, provoca cambios constantes en las empresas adjudicatarias, la Dirección, «y supone un estrés cambiar continuamente; cada dos años o cada cuatro, como mucho, te lo tienes que comer, porque salen a concurso, y eso implica cambios en la dirección, en la empresa, de metodología...», lamentan.Y no solo eso.Se establece un personal subrogable para procurar que haya una continuidad en los contratados. Sin embargo, la subrogación solo es obligada durante un año.Al cabo de ese periodo se pueden modificar las condiciones, como el número de horas del contrato, por ejemplo, según explican las afectadas.