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Regsitro de la Policía, el pasado 3 de julio, en el Ayuntamiento de Palencia. ANTONIO QUINTERO
Un edil catalán del PSC arrancó la trama Enredadera, que supera ya 8.000 folios

Un edil catalán del PSC arrancó la trama Enredadera, que supera ya 8.000 folios

El concejal de Montgat, Raúl Abad, de 39 años, comenzó a sospechar de los contratos de tráfico, cuya red se extendió a Castilla y León

Jorge Moreno

VALLADOLID

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Miércoles, 1 de agosto 2018, 08:18

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La honradez también observa en los pequeños municipios españoles, y las sospechas de un concejal del Partido de los Socialistas Catalanes (PSC), Raúl Abad Navarrete, sobre el regidor de Seguridad Ciudadana que le precedió en el Ayuntamiento de Montgat de Mar, localidad a unos 20 kilómetros de Barcelona capital, dieron el pistoletazo para una investigación policial que, después de dos años, ha conducido a prisión a uno de los principales empresarios de Castilla y León: José Luis Ulibarri.

El constructor, que lleva casi un mes en la cárcel de Brians I, no podía tampoco prever que, como le sucedió en el caso Gürtel, por el que también está procesado, el celo y las sospechas de un modesto edil le situarían en la cima de una investigación que supera ya los 48 tomos con más de 8.000 folios.

Un sumario, el de la operación Enredadera, que este diario irá desgranando en los próximos días a sus lectores, y que arrancó con la formalización de la denuncia del concejal barcelonés, Raúl Abad, el 12 de mayo de 2016 ante el juez de Instrucción número 2 de Badalona.

A los pocos meses de llegar al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, este diplomado en Ciencias Empresariales había observado «irregularidades de distinta índole por parte de autoridades políticas y cargos policiales» en el Consistorio de Montgat.

Se trataba de adjudicaciones a la mercantil Bilbomática S. A., con sede en Barcelona, el uso particular de un vehículo municipal, la anulación de sanciones a su predecesor arrestado, Tomás Cabrejas (por circular sin cinturón o hablando por el móvil), estacionar irregularmente, incumplimientos de órdenes de vigilancia fijadas por un departamento de la Generalitat a la Policía Municipal, e indicaciones de que algunos vehículos no podían ser denunciados ya que sus datos se habían introducidos en las PDA de los controladores de la ORA de esa localidad. Unos equipos que formaban parte de la concesión.

Testimonio de un exempleado

El 26 de julio de 2016, el Grupo II de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Cataluña, recibe el encargo del juez de Badalona, Pablo Jesús Alonso García, de ampliar las diligencias por las que confirmaría con el testimonio de uno de los empleados de Bilbomática que se estaba ante una presunta trama, que corrompía concejales, técnicos municipales y policías locales, con el objetivo de hacerse con las adjudicaciones de contratos para instalar cámaras de semáforos, radares, controles mediante cinemómetros y gestión integrada del tráfico.

Posteriormente, el testimonio de C. A. S., que trabajó entre los años 2010 y 2013 en la Unidad de Seguridad y Emergencias de Bilbomática, fue determinante.

Este exempleado dijo a los agentes que los responsables de esta empresa, José Alberto y Carlos Bueno Regodón, que fueron detenidos, «habrían logrado de modo sistemático adjudicaciones irregulares para la implantación de sistemas tecnológicos del tráfico en municipios de Montgat, Mollet del Vallés, Pineda de Mar, Tiana, Fuenlabrada o El Escorial». La investigación ha incluido también otros de Castilla y León, como Palencia, León, San Andrés de Rabanedo o La Cistérniga,

En el caso de Montgat, las adjudicaciones siguieron este sistema: Las bases del concurso habrían sido redactadas por personal de Bilbomática (que luego cambiaría de nombre por Gespol). En particular se preveían plazos muy reducidos para presentar la documentación técnica, y la futura aspirante había llegado a realizar trabajos previos para medir la intensidad de tránsitos.

El extrabajador reconoció ante la Policía que los sistemas de control del tráfico que se instalaban «tenían una finalidad exclusivamente recaudatoria, dando lugar a falsear los datos». Además señaló que los equipos permitían anular denuncias «sin dejar rastro», un control que se realizaba solo por la empresa, y que ningún funcionario público lo supervisaba.

Patrocinios 'voluntarios'

El testimonio del exempleado recoge, supuestamente, cómo actuaba la trama. Primero en Cataluña, luego en Madrid, para pasar posteriormente a Galicia, Asturias y Castilla y León. Y es aquí donde Anticorrupción vincula a los hermanos Bueno Regodón (Bilbomática) con José Luis Ulibarri y Ángel García Martín.

En el caso del Ayuntamiento de Fuenlabrada, el testigo dijo que se dieron cantidades de dinero bajo la cobertura de la participación en eventos celebrados por la mercantil administrada por la esposa del jefe de la Policía Local, todo para lograr la adjudicación. En Pineda de Mar, otro edil pidió 14.000 euros, e interesó la contratación de su pareja.

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