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El segundo Plan E (entre 2010 y 2011) destinó casi 190.000 euros para un aula de naturaleza en Medina del Campo que nunca se llegó a estrenar. Patricia González
Diez años del Plan E en Valladolid:  faltó control, apenas frenó el paro y hubo despilfarro publicitario 

Diez años del Plan E en Valladolid:  faltó control, apenas frenó el paro y hubo despilfarro publicitario 

El Tribunal de Cuentas asegura que no existió una «planificación adecuada»  para invertir 149 millones en la provincia

Víctor Vela

Valladolid

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Domingo, 11 de noviembre 2018, 09:15

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Ha sobrevivido el cartel (mordido por el sol, la lluvia, el paso del tiempo) como símbolo de las sombras del Plan E. Plantado en Medina del Campo, muy cerquita de la estación depuradora, anuncia (todavía anuncia) la construcción de una aula de la naturaleza que nunca se estrenó, cuyas obras ni siquiera se llegaron a terminar. Decía el proyecto que sería una nave de 150 metros cuadrados, que se equiparía con paneles informativos, que habría información didáctica sobre las diversas aves que habitan el humedal de la Dehesa en la localidad. Se gastaron 189.809 euros. Para nada. Tirados a la basura. He aquí uno de los ejemplos fallidos del Plan E. Uno de los borrones de aquellas medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora, en noviembre de 2018, cumplen diez años. Se invirtieron 149 millones en la provincia. Se ejecutaron 863 proyectos en dos fases. La más importante, con 92 millones, entre 2008 y 2009. Fondo Estatal de Inversión Local, se llamó. La segunda, con 57 millones, entre 2010 y 2011. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, se bautizó. El objetivo, en ambos casos, «favorecer inversiones que contribuyeran a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de empleo y la viabilidad de las pequeñas empresas». Era los primeros meses de la crisis. El paro se empezaba a resentir. En enero de 2009 había 35.466 desempleados en la provincia. Un año después: 42.593.

El Tribunal de Cuentas ha elaborado informes que fiscalizan aquella lluvia de millones que desde el Gobierno central llegó a los ayuntamientos. Es verdad que sirvió para sacar adelante importantes inversiones. En Valladolid, la ampliación de la oficina de turismo (151.167 euros), la instalación de placas solares en las naves de Auvasa (1.063.922 euros), la urbanización de la travesía de Puente Duero (3.802.428), reformas en colegios, piscinas, centros cívicos, nuevo alumbrado de bajo consumo en las calles. Ya en la segunda fase, la recuperacion de las naves del antiguo matadero como Laboratorio de las Artes (LAVA).

Pero también tuvo  fallos, como subraya el Tribunal de Cuentas. Primero, a la hora de elegir los proyectos. Tres de cada cuatro ayuntamientos –de los analizados en toda España– reconocieron que no tuvieron en cuenta un listado de necesidades públicas del municipio «como criterio para seleccionarlos» y el 37% no incluyó en la presentación hecha al Gobierno para optar a la ayuda una «motivación de la necesidad de la inversión». En la segunda partida de inversiones (la de 2010 y 2011), el Tribunal de Cuentas subraya que Valladolid estuvo entre las once ciudades con más de 50.000 vecinos que «presentaron y seleccionarion proyectos sin una planificación adecuada. La elección entre varias opciones hubiera otorgado una mayor garantía de que los proyectos seleccionados fueran los que generaran más empleo y respondieran en mayor medida a las necesidades de inversión municipales», concluye el informe de fiscalización.

El Tribunal de Cuentas detectó «falta de transparencia» en la gestión de proyectos

 Segundo, tampoco se analizó bien los beneficios que tendría para el mercado laboral. «Con carácter general –concluye– no se establecieron unos objetivos concretos y cuantificables, ni se elaboraron unos indicadores de seguimiento que permitiesen medir el resultado alcanzado con las inversiones financiadas». Tampoco, dice el informe, contribuyó a crear empleo a largo plazo. Solo el 4% de los trabajadores contratados siguieron trabajando en la empresa a finales de 2011. «Se otorgó una mayor puntuación a aquellos proyectos que preveían contratar un mayor número de trabajadores nuevos, independientemente del número de días contratados». Aquí, el Tribunal de Cuentas pone el foco en Valladolid (también en Alicante, Barcelona y Córdoba, entre las ciudades de mayor tamaño) porque el Consistorio no realizó valoraciones previas ni control posterior sobre la incidencia que las obras tendrían en la creación de empleo.

El alcalde de Villalán, Ignacio Sánchez, y el entonces subdelegado del Gobierno,Cecilio Vadillo, en 2009 con el primer cartel del Plan E colocado en la provincia. El Norte

Cartelones de 1.200 euros para anunciar las obras

Cartelón reutilizado en Castrillo Tejeriego. Agapito Ojosnegros Lázaro

El primero se colocó, el 13 de febrero de 2009, en Villalán. Un enorme tablón de tres metros de alto por cuatro de ancho que costó 1.200 euros (esa es la media calculada por el Tribunal de Cuentas)y que anunciaba una obra (para un cibercentro)de 7.272. El 20%de la inversión, para publicidad pura y dura. A mayor gloria de. En aquella primera fase llegarían a instalar 109 carteles. Más de 130.000 euros para promocionar los trabajos y que los políticos se hicieran la foto delante. Un despilfarro propagandístico que el Gobierno dejó claro que había que cumplir, ya que debian colocarse «en el exterior de la obra y en sitio visible, o en la entrada al casco urbano cuando se trate de municipios de menos de 200 habitantes». En toda España, en torno a los 40 millones de euros en carteles.

Hay ayuntamientos que, ya que estaban ahí, decidieron darle un nuevo uso. Es el caso de Castrillo-Tejeriego. Cuando el actual alcalde de la localidad, Raúl Torres, accedió al cargo hace siete años, y una vez que los proyectos del citado plan estatal ya estaban ejecutados, que el panel «estaba desaprovechado y en desuso», decidió reutilizaron como señal de bievenida, con fotografías de la localidad y de las empresas allí asentadas. La intención es actualizar la información para 2019.

De acuerdo con un informe de la Diputación de Barcelona, a partir de datos del Ministerio de Política Territorial, el primer Plan E (aprobado en real decreto del 28 de noviembre de 2008 y cuyas obras se empezaron a adjudicar en 2009) contribuyó a que 3.717 personas trabajaran en alguno de las 443 obras que se pusieron en marcha en Valladolid. De ellos, 1.384 (el 37%) fueron nuevos puestos. La incidencia del Plan E en el empleo de la provincia estuvo entre las más bajas de España, junto con Melilla, Guipúzcoa y Almería. Si no hubiera existido, la tasa de paro habría sido el 1,38% más elevada en Valladolid en el año 2009 (estuvo entre el 14,9% del primer trimestre y el 15,9% del último). El mayor impacto se dio en Zamora (el desempleo habría subido el 3,85% sin plan E), Ávila (3,50% más )o Cuenca (3,30%). Valladolid presenta otro indicador destacado respecto a la generación de empleo. Aquí fue necesario invertir mucho más dinero para crear un puesto de trabajo: 24.838 euros. Cada empleo costó casi seis mil euros más que en la media estatal (18.858), si se compara el dinero invertido y el empleo generado.

Valladolid fue una de las cuatro provincias donde menos incidencia tuvo el Plan E en la generación de empleo,  sin que hubiera además un seguimiento en las contrataciones 

A esto se une el Ayuntamiento de Valladolid (como los de Mérida, Palma de Mallorca, Tarragona o Vigo) «no previeron la realización de ningún tipo de seguimiento de la contratación de trabajadores, limitándose, al finalizar la obra, a solicitar a las empresas adjudicatarias la información exigida en la memoria justificativa a remitir al Ministerio».

La lupa del Tribunal de Cuentas también analizó irregularidades en la tramitación de varios expedientes (como la reposición de ventanas en los colegios García Lorca y Alonso Berruguete), habló de «falta de transparencia y de igualdad de trato entre los candidatos» al no determinar en los pliegos los criterios de valoración para el suministro de de equipamiento para la implantación de la oficina portátil de movilidad sobre PDA y terminales en vehículos de Policía. Además, detectó que en las obras del Laboratorio de las Artes «se contrató a tres desempleados que no constaban inscritos en los Servicios Públicos de Empleo».

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