Defensa busca acelerar sus planes para desprenderse de parte de su patrimonio en Valladolid

Defensa dejó de tener interés por este solar, con unos 107.556 metros cuadrados y 37 edificios, que fue sede durante 25 años de la Agrupación de Apoyo Logístico 61 (Aalog). Esta unidad se trasladó a la base de Santovenia de Pisuerga, en un proceso de concentración de efectivos que lleva el Ministerio desde hace más de una década.

Sin embargo, pese a encontrarse junto al paseo de Zorrilla, próximo al centro comercial de Vallsur, «este solar es susceptible de venderse, pero por el momento ninguna promotora se ha interesado», explican fuentes de Defensa, que apuntan que las viejas instalaciones continúan bajo el control de la IV Subinspección General del Ejército de Tierra, con sede en Valladolid.

Cuatro años después de su clausura, esta superficie ha sido 'víctima' de la crisis inmobiliaria, y se ha quedado paralizada en un barrio con interés residencial. La tasación, sin embargo, al seguir desafectado, no está realizada, «pero se podría acelerar si existiera un comprador», dicen fuentes castrenses.

El patrimonio inmobiliario de Defensa en Valladolid comprende además las viviendas, que durante décadas fueron facilitadas a su personal (oficiales y suboficiales) para tratar de compensar los desplazamientos profesionales.

A estas edificaciones se suman antiguos polvorines (es el caso del de Sardón de Duero), acuartelamientos que dejaron de utilizarse (como el de San Isidro, a las afueras de la capital vallisoletana), y otros solares urbanos. Para que estas propiedades puedan salir a la venta, el Ministerio debe de realizar antes un proceso administrativo de desafección.

En el caso del viejo cuartel de la Rubia, abandonado a finales del 2014, este trámite no se ha completado. La Concejalía de Urbanismo, que dirige Manuel Saravia, ha incluido su desarrollo en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está tramitando el Ayuntamiento desde hace meses y se aprobaría el 20 de mayo.

En el avance técnico de este documento, se recoge la construcción máxima de 746 viviendas como máximo (70 por hectárea), y un mínimo de 427.Al menos el 30% tendrán algún régimen de protección (entre 128 y 223).

Durante el periodo de alegaciones, el Ministerio de Defensa presentó sus matices con el objetivo de obtener un uso más favorable para una futura venta.

Fuentes de Urbanismo indicaron que el proyecto en esa zona de la Rubia viene marcado para un uso residencial. Aunque no concretan en firme el número de viviendas que se podrían edificar, se mantiene la altura de esa zona, «pero lejos de los bloques con diez plantas que se levantaron en el solar de Piensos Cia», que linda con el viejo acuartelamiento.

La propuesta urbana facilitará, cuando se desarrolle, una mejor conexión con la parte del barrio que da a la carretera de Rueda y Arturo León. Precisamente, durante décadas los vecinos de la Rubia han venido reclamando calles nuevas, ya que el cuartel se había constituido en un muro divisorio. Zonas verdes y locales para uso vecinal, complementarán este punto en el futuro.

La previsión es obtener 9.617 metros cuadrados del suelo de la Rubia para espacios libres, y 6.411 metros cuadrados para equipamientos. Según el borrador del nuevo PGOU, en la zona podrían salir 642 plazas de aparcamiento públicas.

Tanto el solar de la Rubia como otros enclaves que la Corporación municipal ha mostrado su interés en los últimos cuatro años (cuartel de San Isidro), se encuentran desde la victoria socialista del pasado 28 de abril, en mejor posición para desbloquear su actual estado, si se mantuviese el equipo de gobierno municipal (PSOE-VTLP) a partir de mayo. Así, al menos, lo refieren los actuales aspirantes a la alcaldía de la izquierda.

En este sentido se recuerda, que el 3 de julio del año pasado, tanto Manuel Saravia como el regidor, Óscar Puente, trasladaron en Madrid a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el interés por varios de los solares militares. Entre ellos el del cuartel de San Isidro, junto a la carretera de Soria.

Respecto a las antiguas casas, fuentes de Defensa explican que «la mayoría de las viviendas están a la venta, y se van sacando a subasta conforme los antiguos inquilinos o familiares de ellos las dejan».

Su concesión provisional era para los militares en activo, y debían dejarse incluso cuando se pasaba a la reserva, una circunstancia que, sin embargo, en muchas ocasiones no se ha hecho amparándose en el derecho a la vivienda que se ha defendido incluso en los tribunales.

Fue entonces cuando el Ministerio de Defensa creó otro tipo de ayuda económica para compensar por la movilidad profesional, lo que contribuyó a elevar año tras año el parque de gestiona el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el organismo autónomo encargado de realizar las ventas.

En el caso de Valladolid, la salida a subasta sigue un ritmo de unas cuatro viviendas al año, «a las que puede pujar todo el mundo, aunque se da preferencia, mediante puntuación, al personal militar y civil del Ministerio». En diciembre pasado fue la última, situada en María de Molina. En este edificio, se han adjudicado casas por 180.000 euros.

Para participar en cada concurso (esta es la web), se debe constituir una garantía equivalente al 4% del precio de licitación más alto de la vivienda. Previamente, se fija este precio, que sale de aplicar una deducción del 50% a la media aritmética de las tasaciones efectuadas por, al menos, dos entidades privadas que designa el Ministerio.

Hace años, no existía la obligación de abandonar la casa militar cuando el profesional era trasladado de destino, por lo que su mujer e hijos continuaban. Su permanencia allí lleva implícito el pago de una renta, cuyo importe es la media del alquiler del mercado libre (actualmente unos 200 euros).

Ahora no se distingue respecto a la categoría del empleo (sargento, capitán, o comandante) para poder ocuparlas. El inquilino asume los gastos de consumos (luz, agua, gas, etc.), mientas que el Ministerio los propios del inmueble (IBI, reformas...).

Cuando fallece el militar, la normativa actual permite que la esposa siga en la misma, al igual que si hay un hijo con minusvalía. Cualquiera de ellos podría comprarla si sale a subasta. El dinero que obtiene el Invied por este patrimonio se destina pagar los alquileres de aquellos militares que son trasladados.