El TSJ declara improcedente el despido de una investigadora del Instituto de Biología y Genética Molecular de la UVA

Sede en Valladolid del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM). /HENAR SASTRE
Sede en Valladolid del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM). / HENAR SASTRE

Estaba asignada al programa de patologías neonatales y la falta de fondos de la Junta, obligó a la UVA a rescindir el puesto tras 16 años

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado improcedente el despido de una investigadora del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), dependiente de la Universidad de Valladolid, y condena a la UVA a readmitirla o indemnizarla con 56.000 euros.

En su sentencia por la demanda presentada por la investigadora de reconocida trayectoria, los jueces describen cómo la falta de fondos para labores de investigación y de prevención de enfermedades neonatales, y las divergencias entre administraciones públicas, están en el origen del despido.

La demanda se presentó en febrero del 2017 cuando la investigadora dejó de trabajar en el IBGM en la Facultad de Medicina. El Instituto tiene carácter mixto desde 1994, y comparte objetivos investigadores con el CSIC en el ámbito de la biomedicina a partir de grupos de trabajo.

Inicio del trabajo

Precisamente, en uno de ellos comenzó en el 2000 a desarrollar sus funciones la investigadora despedida, para el Programa de Detección Precoz de Metabolopatías dentro de la Comunidad de Castilla y León.

Entre las misiones asignadas, estaban la coordinación con los centros hospitalarios de referencia y con los laboratorios implicados en el diagnóstico y tratamiento, así como el seguimiento epidemiológico y la emisión de informes periódicos y memorias al finalizar la vigencia de cada convenio anual que se suscribió con la Junta.

Desde el año 2009, la Consejería de Sanidad concedía subvenciones directas a la Universidad de Valladolid para el estudio de estas enfermedades congénitas, siendo renovado anualmente hasta octubre del 2016.

Según la sentencia del TSJ, unos meses antes, el anterior rector de la UVA, Daniel de Miguel, remitió una carta al consejero de Sanidad, Antonio María Saez en la que se lamentaba de la disminución paulatina de la subvención, lo que suponía que parte de la ayuda se destinase a pagar al personal en menoscabo de la financiación del programa investigador.

El rector añadía que de no cambiar esta circunstancia se dejarían de realizar las pruebas. Sanidad respondió que el Cribado Neonatal dejaría de ser responsabilidad de la Universidad de Valladolid, de la que se ocuparía la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de la Castilla y León. Añadía la Junta por carta que «la Consejería no está en disposición de aportar la cantidad indicada».

Contrato de final de obra

El 13 de enero de 2017, la investigadora recibió la comunicación de despido por parte de la UVA amparándose en el «fin de obra o servicio».

Sin embargo, los jueces sostienen en su fallo de 10 folios que «la Consejería de Sanidad no dispone ni ha dispuesto del equipo específico para la realización de las pruebas del Programa de Cribado Neonatal, en concreto del equipamiento Autodelfia».

Para justificar la responsabilidad de la universidad en el despido, el TSJ señala que «la UVA ha tenido contratado con la empresa Perkinelmer España S. L. el suministro de material fungible necesario para las pruebas analíticas, a través del contrato administrativo de suministro». Dichos equipos estuvieron en el IBGM y se retiraron en mayo de 2017 para su destrucción.

La Sala de lo Social cuestiona este afirmación y sostiene que una de las pruebas que se realizaban dentro del Programa, la del talón, «tiene como finalidad la detección de manera inmediata tras el nacimiento de posibles deficiencias en las hormonas tiroideas asociadas con graves patologías en el desarrollo de los niños, las cuales pueden evitarse supliendo dichas deficiencias en los neonatos. Por tanto y mientras no se sustituya dicha detección mediante el análisis de las muestras obtenidas del neonato en la forma denominada prueba del talón por otro sistema, lo cual es imprevisible, la obligación de la Administración como garantía de la salud de los ciudadanos desde el momento de su nacimiento es llevar a cabo dichas pruebas y corregir aquellos casos de deficiencias que puedan detectarse».

Ello lleva a los jueces a la conclusión que dichas pruebas en los neonatos «no son de naturaleza temporal sino permanente», por lo que el contrato no puede calificarse de obra o servicio. Era una tarea, dicen, permanente que la Universidad de Valladolid asumió de forma indefinida. Es por ello que, aunque el Juzgado de lo Social 3 aceptó la causa del despido, el Tribunal Superior la revoca ahora y lo declara improcedente. La UVA ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

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