El debate político se inmiscuye en la comisión sobre el soterramiento en Valladolid

A las 9 de la mañana estaba citado Óscar Puente en la comisión de investigación sobre el soterramiento. A las 10:30 habían convocado a Benigno Blanco, que fue secretario de Estado de Infraestructuras y que tuvo a bien pagarse de su bolsillo el tren a Valladolid para asistir a la sesión. Cuando llegaron las 12:30, Blanco se había ido enfurecido por lo que consideraba una falta de respeto hacia él por parte de los integrantes de la comisión y Óscar Puente sumaba tres horas y media de respuestas.

«Han convertido la comisión en un debate político», intervino la presidenta de la comisión, Charo Chávez (Sí se puede), que se declaró «obligada a no actuar contundentemente» para evitar que el grupo municipal popular la acusara posteriormente «de vulnerar la transparencia y sus derechos». «No estamos hablando de las cuestiones relacionadas con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad», insistió. Y recordó que el PP había invertido hora y media en preguntar y repreguntar a Óscar Puente «de forma desproporcionada». Ante las quejas, Martínez Bermejo preguntó si existía «límite en el número de preguntas», Jesús Enríquez recordó que él intervino durante «dos horas y media» y que su sesión «no se grabó» y el PP introdujo dos últimas preguntas más.

Un encontronazo para cerrar una sesión que se enfocó, con las preguntas de los representantes populares, en la viabilidad o no del soterramiento, en si Óscar Puente ha hecho «todo lo posible» para defenderlo y en si aún es posible llevarlo a cabo. Y ya de paso en si era «inexcusable», como preguntó el popular Fernando Rubio, llevar al anterior alcalde, Javier León de la Riva, ante los tribunales. Puente se escuchó a sí mismo, gracias a Martínez Bermejo, en grabaciones de la campaña electoral de 2011 defendiendo el soterramiento e incluso reconoció que «en aquella ocasión» pudo equivocarse «y que fuera una propuesta no suficientemente rigurosa y documentada». Y defendió que ahora, «con la información» que maneja, tiene claro que soterrar era algo inviable.

«Nosotros defendíamos el soterramiento. En la medida en que no es posible, buscamos otra operación», aclaró.«El soterramiento no sería asumible. Y Fomento tampoco pone su parte, aunque nosotros asumiéramos la nuestra», aseveró.

A continuación fue contundente respecto a por qué decidió acudir a los tribunales. El origen está en la decisión de no pagar la deuda contraída con los bancos y aceptada por las cartas de conformidad (las famosas 'comfort letters' rubricadas por León de la Riva). El equipo de Gobierno consideró que esos avales no se habían firmado de forma válida. «El interventor dijo que no se podían pagar los intereses porque si no, la deuda se incorporaba a las cuentas municipales. El Ministerior de Fomento tenía obsesión por que el Ayuntamiento, de forma tácita o expresa asumiera esa deuda», argumentó Puente. «Queríamos que no hubiera la más mínima duda de que no aceptábamos obligaciones vinculadas al préstamo. La actuación se hizo en defensa del interés público».

Eso motivó, adujo, la decisión de acudir a juicio. «Desde la posición en que estábamos, tratábamos de reducir al mínimo los riesgos de tener que asumir la deuda y la asesoría jurídica nos dice que hay una forma de garantizarlo». «¿Era muy aconsejable el ejercicio de la vía penal?», le preguntaron a Puente. «Sin ninguna duda. La decisión que se tomó fue conjurar los riesgos».