El cuarto investigado por las obras del coso de Íscar declarará en octubre

Vista de la plaza de toros y centro multiusos./C. CATALINA
Vista de la plaza de toros y centro multiusos. / C. CATALINA

Se trata del representante legal de la empresa que realizó los trabajos, cuyas irregularidades indaga el Juzgado

El Norte
EL NORTEValladolid

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha pospuesto para octubre la declaración del representante legal de la empresa que ejecutó los trabajos de la Plaza de Toros de Íscar, objeto de investigación por presuntas irregularidades y en la que el industrial ha sido incluido como cuarto investigado. Estaba previsto que la declaración del empresario, Luis G.Ch, responsable de la mercantil Mego S.A, con sede en Cáceres, se produjera este miércoles, 26 de septiembre, si bien por motivos que no han sido especificados su testifical como investigado por el sistema de videoconferencia desde dicha localidad extremeña se producirá el próximo día 18 de octubre, a partir de las 10:00 horas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Su nombre se suma así al de los otros tres investigados que figuran inmersos en las diligencias por prevaricación y malversación, el excalcalde de Íscar, Alejandro García Sanz; el que fuera concejal de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el arquitecto municipal, José Luis Pérez. Los dos primeros testificaron el pasado día 7 de junio y el tecero está aún pendiente de hacerlo, tras haber cambiado de abogado.

Tanto el exregidor como su concejal de Urbanismo alegaron desconocer que era preciso licitar cada uno de los modificados de las obras del Centro Multiusos de la villa por exceder su importe el 20% permitido, proyecto que pasó de los 2.300.000 euros inicialmente presupuestados a 5.150.000 euros, al tiempo que reconocieron que las obras iniciadas en 2006 ya presentaron importantes dificultades, fundamentalmente en la cimentación o zapatas, y que fue preciso realizar numerosos mofidicados de obra que no contaron con expediente alguno. El único expediente es el relativo en 2007 a la reforma de las barreras y contrabarreras, debido a su mal estado, que no estaban incluidas en el proyecto y que se tradujeron en un sobrecoste de 400.000 euros, si bien a partir de entonces no se encuentra otro hasta que en 2009, prácticamente con las obras ya concluidas, se elabora uno de precios contradictorios para ajustar cantidades.

Los dos investigadores apuntaron que hasta 2009 no contaron con informes del secretario y del interventor municipales que advertían de que la tramitación de las obras pudiera ser irregular pues hasta entonces el arquitecto municipal y director de obra, el también investigado José Luis Pérez, aseguraba que todo estaba correcto y justificado, y ello a pesar de que aquellos modificados cuyo importe excedían un 20% tenían que haber salido a concurso en lugar de ser acometidos por la misma empresa adjudicataria del proyecto.

La juez del caso interpeló entonces al exalcalde y al exconcejal de Urbanismo por las razones que les llevaron a no variar el procedimiento a pesar de que a partir de 2009 ya fueron advertidos de ello, ante lo cual los investigados, quienes coincidieron en que su gran preocupación era la seguridad de las instalaciones, sostienen que para entonces ya habían finalizado casi las obras y era preciso pagar para evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.

El letrado de la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Íscar, replicó que las explicaciones de los dos investigados demuestran que no hubo control alguno en la ejecución de las obras, y ello a pesar de que desde el primer momento fueron conscientes de su complejidad y de que se iba a duplicar el gasto.

El acusador sostuvo que el proceder de los investigados impidió la libre concurrencia de otros empresarios a los sucesivos modificados de obra, que tenían que haber sido licitados a exceder su importe los límites establecidos, y puso el acento además en la conducta del arquitecto municipal, que cobraba un sueldo como tal del Ayuntamiento y además un 4% por cada certificación de obra, hasta un total de 400.000 euros.