El conflicto entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Medina se enquista

Las negociaciones están rotas y no hay un acuerdo para que la solicitud de aumentar la masa salarial de los agentes llegue a buen puerto. Además, la propuesta de crear la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de manera sectorial (que afectará solo a los agentes locales) sería inviable por el momento.

Por su parte, desde la Administración local explican que con el objetivo de solucionar los problemas laborales con los funcionarios del cuerpo de Policía Local, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de tres nuevas plazas pertenecientes al ejercicio 2018 para intentar desbloquear el conflicto.

Además de anunciar la convocatoria de estas plazas, una de movilidad y dos de turno libre, el Ayuntamiento asegura que el principal sindicato policial, es decir SPPMCyL, presentó un documento en el registro municipal para impugnar la convocatoria ya que, según el equipo de Gobierno, «no quieren que se aumente la plantilla, lo que quieren es cobrar más. El gobierno de Teresa López vela por los intereses de los ciudadanos, sus barrios y pedanías, y sigue trabajando tanto en la mejora de las condiciones laborales de los empleados municipales como en la convocatoria de la oferta de empleo público necesaria».

Según los sindicatos, la «incompetencia» de López , «mostrada de manera pública con continuas mentiras, trasladando la responsabilidad de sus actos y decisiones a los representantes sindicales», habría llegado a su mayor nivel durante los pasados ocho días de Pasión. Los policías explican que durante la procesión del Encuentro (Viernes Santo), «a pesar de contar con dos recorridos diferenciados, solo había un policía en la calle dedicado a regular el tráfico, atención de llamadas y seguridad ciudadana, algo totalmente imposible de abarcar». De igual forma, añaden, durante los desfiles de La Caridad (Jueves Santo) y el Silencio (Viernes Santo), «solo se contaron con tres y dos efectivos, respectivamente, algo totalmente inoperante para garantizar la seguridad de los miles de personas que asistieron a estos eventos».

Los agentes señalan que la «inoperancia» del equipo de Gobierno se acreditó aún más cuando uno de los concejales contrató «de manera urgente» ocho vigilantes jurados de una empresa de seguridad privada de Salamanca para «suplir la falta de policías locales en cada una de las principales procesiones, sin valorar que dadas sus características profesionales, su función se limitaba al control del vallado en ocho puntos del cierre del recorrido profesional, sin que pudieran realizar una regulación del tráfico y ni siquiera dar una mínima información a los conductores, hecho que además de ser totalmente inoperativo y haber supuesto un desembolso económico importante, ha conllevado una privatización del servicio de vigilancia del tráfico y seguridad ciudadana prohibida por ley».

Esta falta de policías locales viene derivada, a juicio de los sindicatos, por el incumplimiento del acuerdo firmado entre López y los representantes sindicales, al «desligarse del mismo y no proceder a su aprobación por el pleno del Ayuntamiento en la sesión del mes de marzo, que fue lo acordado».