Condenan al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 357.000 euros por el plus de productividad de 1.700 empleados municipales

Empleados municipales durante una jornada laboral. /EL NORTE
Empleados municipales durante una jornada laboral. / EL NORTE

Las sentencias han sido recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia y el Consistorio aceptará su decisión

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

Dos juzgados de lo Social de Valladolid han estimado sendas demandas promovidas por el sindicato UGT, en las que se reclamaba al Ayuntamiento de la capital el abono completo del complemento de productividad por objetivos, un plus que fue reconocido por la anterior Corporación municipal, presidida por Javier León de la Riva, y que se interrumpió a partir de los años de la crisis por indicaciones del Gobierno central, como medida para la contención del déficit público.

Fue en el año 2005 cuando se acordó con los sindicatos (Comisiones Obreras, UGT, CSIF y CGT) los niveles de objetivos y rendimientos para mejorar la productividad de los empleados municipales de las diferentes unidades del Ayuntamiento de Valladolid.

Esta retribución a mayores del salario fue en el 2009 de 225 euros al año por cada funcionario o personal laboral, un importe que a falta de negociación y acuerdo ha seguido reclamándose.

A partir del 2010, se suspendió esta retribución lineal, y ha sido en el año 2016 cuando la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Castilla yLeón decidió reclamarlo con la presentación de dos demandas colectivas, que han sido avaladas por más de cien empleados municipales.

Dos ejercicios pendientes

Con las dos sentencias de mediados y finales de mayo, los jueces de lo Social 1 y 4 reconocen el derecho de estos empleados, y condenan al Ayuntamiento a abonar a cada trabajador una cantidad de 105 euros, correspondiente al año 2016.

Como la medida afecta, según se recoge en uno de los fallos, a unos 1.700 empleados de los 2.300 que tiene el Ayuntamiento, sin contar las fundaciones, organismos autónomos y sociedades como Auvasa, ello supone unos 178.000 euros anuales, más los intereses que se aplicarán según el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Según UGT, a este importe se debería de sumar el correspondiente al año 2017, por lo que la cantidad a abonar por la productividad no pagada superaría los 357.000 euros.

Las sentencias de lo Social recogen que el Ayuntamiento de Valladolid se opuso a la demanda alegando, que ya se ha producido el abono del concepto de productividad para estos empleados públicos.

Por el contrario, UGT demandó por entender que el Consistorio no cumplía con una sentencia anterior en la que se valoraban los tres conceptos de productividad que se acordaron en diciembre del 2009. Reclamaba por ello el pago de la totalidad del plus (esto es, 225 euros), y no solo los 120. Ahora, los dos jueces de lo Social estiman el derecho de estos trabajadores públicos a percibir los 105 euros no pagados.

En el convenio colectivo del 2009, la anterior Administración municipal, cuyo concejal de Hacienda era Alfredo Blanco, se comprometió antes de que llegasen las restricciones del gasto por la crisis a «garantizar durante el periodo de vigencia de este convenio unas cantidades globales iguales, como mínimo, a las destinadas para este sistema en ejercicios anteriores». De ahí la reivindicación de los 225 euros lineales.

Pronunciamiento del Tribunal regional

Para el magistrado de lo Social 1, el complemento de productividad, vinculado a objetivos y al especial rendimiento del personal, tiene que fijarse en las condiciones que se aprueben con la representación de los empleados públicos, algo que según el sindicato denunciante no se hizo por la Corporación actual.

El concejal del Hacienda, Antonio Gato, se pronunció sobre estos dos fallos judiciales de la paga de productividad asegurando que en la nueva Corporación «solo hemos aplicado lo que se acordó en el 2009 por el anterior equipo, aunque discrepábamos de los importes. Y por ello se ha recurrido. En cualquier caso, estaremos a lo que nos diga el Tribunal Superior de Justicia».

Gato agregó que las cantidades de los dos años (2016 y 2017) «eran significativas, pero tendremos para abonarlo si así se determina».

Por su parte, Félix Pintado, representante de la Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento, dijo que se decidió demandar al entrar la nueva Corporación, en junio del 2015, tras las elecciones municipales. «Era un plus que estaba en el convenio colectivo, pero se nos negó porque consideraban que se trataba de un incremento de sueldo. Se intentó dialogar y ante la falta de acuerdo, nos vimos obligados a reclamarlo en el juzgado puesto que nos quedaban pendientes los 105 euros».

Pintado añadió que se reclamó porque su sindicato «no entiende de política, sino de defensa de los trabajadores, y nos daba igual si el Consistorio fuera socialista o del PP».

Interés del 10% de acuerdo al ET

Las dos sentencias judiciales condenan al Ayuntamiento a abonar el 10% de interés, respecto a las cantidades de productividad no abonadas, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de febrero de 2015.

En su fallo, el juez de lo Social número 4 lo justifica al ser conceptos salariales que corresponde pagarlos a una Administración pública que, en este caso, «ostenta la condición de empleadora».

Recuerda el magistrado que constituye jurisprudencia del Supremo «que la relación jurídica concertada por la Administración en concepto de empleador viene sometida al derecho laboral».

Según se recoge en la sentencia, si cualquier administración abandona el derecho preeminente que tiene en su actuar administrativo para meterse en decisiones y acuerdos a la esfera laboral «debe estar sometida a iguales condiciones que los particulares (...) dado que no sería coherente y lindaría con lo abusivo aprovecharse en su actuación de ambos derechos, cuando le fuera más favorable».

El Estatuto de lo Trabajadores (ET) cifra el interés de mora por el pago del salario en el 10% de lo adeudado dentro de una relación laboral.

Por ello, el juez señala que «negar esta sumisión de la Administración al derecho laboral, cuando la misma actúe con el carácter de empleador, supondría desconocer el artículo 9.1 de la Constitución en el que se dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico».

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