Condenan al Banco Popular a devolver 145.000 euros a dos vallisoletanos por no informarles sobre los riesgos de un producto

Oficina del Banco Popular en Valladolid. /RAMÓN GÓMEZ
Oficina del Banco Popular en Valladolid. / RAMÓN GÓMEZ

Una operación en 2012 para canjear bonos por acciones generó importantes minusvalías a los dos hermanos afectados

Jorge Moreno
JORGE MORENOVALLADOLID

El Banco Popular ha tenido que devolver 145.000 euros a dos clientes de Valladolid (uno de ellos ya fallecido), como consecuencia de una operación financiera que realizó mediante la cual los 170.000 euros en bonos que habían suscrito, en octubre del año 2009, fueron convertidos tres años después en acciones con un valor que les generó unas pérdidas importantes.

La Audiencia de Valladolid ha considerado que la operación adoleció de la información suficiente sobre el riesgo que suponía, además de imponer de modo abusivo la renuncia a acciones judiciales futuras contra la entidad bancaria.

Los dos clientes, que eran hermanos y con edad avanzada, había invertido 170.000 euros, aconsejados por empleados del banco. Se trataba de bonos que vencían en 2013.

El varón, ya fallecido, suscribió 120.000 euros, y el resto la hermana, que actualmente tiene 88 años. Al fallecer el primero, la mujer heredó la inversión que motivó este litigio.

El mayo del 2012, la entidad propuso a la clienta el canje por bonos subordinados a acciones. Sin embargo, en noviembre de 2013, mes en el que vencía la operación, el banco constató que el precio de la cotización de la acción del Banco Popular estaba por debajo del precio que había fijado a los bonos convertibles, como consecuencia de la crisis financiera, lo que iba a producir importes pérdidas a la cliente.

Como solución, los representantes de la entidad le ofrecieron la suscripción de una imposición a plazo fijo con un interés anual del 4,9%, y vencimiento a cinco años (2020).

Pero además, para evitar que la afectada pudiera reclamar, la entidad le hizo firmar un documento de renuncia a acciones judiciales en el futuro.

En el mismo se recogían términos como que «la cliente conoce y acepta que con la entrega de acciones de nueva creación a cambio de los bonos, la inversión va a experimentar una minusvalía, cuyo importe aproximado declara conocer».

Para los jueces este contenido no solo adolece de «cifra alguna o porcentaje» del dinero que la clienta pudiera perder, sino que «resulta inadmisible» tan carencia, lo que imposibilita que la misma tuviera un conocimiento para adoptar una decisión tan trascendente.

La renuncia a las acciones judiciales o «de otra índole» se hacía no solo frente al Banco Popular Español, sino contra sus empleados, administradores o agentes que hubieran intervenido en la operación de los bonos de 2009 y del 2012.

Nula experiencia

La Sección Tercera afirma en su sentencia que del documento privado suscrito por la anciana «no se desprende que fuera perfecta conocedora» del alto riesgo que suponía el producto.

«No parece dudoso que nos hallamos ante inversores minoristas (personas con edad avanzada, sin estudios superiores, y sin conocimiento alguno en temas financieros), con nula experiencia, que no fueron convenientemente informados de los riesgos asumidos y de la naturaleza del producto de inversión», sostienen los tres jueces.

Aunque la asesoría jurídica del banco sostuvo ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, cuando se reclamó por parte de la hermana, que estaba caducada la demanda (fue interpuesta en febrero de 2017) al haber transcurrido más de cuatro años desde la fecha en la que los clientes fueron conscientes de «un error en la contratación», los magistrados de la Audiencia no lo aceptan.

Aseguran además que dado que la entidad bancaria no actuó como mera comercializadora, sino como oferente y asesora del producto, la normativa que debió de aplicar a los dos hermanos en el año 2009 y 2012 era la realización del test de conveniencia y de idoneidad por el alto riesgo del producto que ofrecía.

El incumplimiento del «deber de información al cliente no profesional» generó la existencia de un error de vicio en los dos contratos suscritos, que son anulados ahora por la Audiencia Provincial de Valladolid.

A día de hoy, la clienta de 88 años ha recuperado 144.200 euros derivados de restar a la inversión los rendimientos obtenidos, todo ello con los intereses legales. Las costas se imponen al banco.

Según explica Helena Pascual, la letrada que asumió la demanda por reclamación de estos clientes, «el banco les hizo invertir 20.000 euros más en un depósito a plazo fijo para tratar de recuperar las posibles pérdidas que pudieran tener, y firmar un acuerdo confidencial sobre la operación que no podían hacerlo público».