Condenada a 5 años y medio de prisión la acusada de la estafa de la agencia de viajes Vibolid

La acusada, en la imagen, ocultó su rostro durante los tres días de la vista a sus antiguos clientes/J. Sanz
La acusada, en la imagen, ocultó su rostro durante los tres días de la vista a sus antiguos clientes / J. Sanz

La sentencia establece la circunstancia agravante de reincidencia y la específica de cuantía, ya que la cantidad supera los 50.000 euros

El Norte
EL NORTEValladolid

La Audiencia de Valladolid ha condenado a la que fuera dueña de la agencia de viajes Vibolid de Valladolid, Julia María A.H., a cinco años y medio de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, cometido al concertar desplazamientos con cerca de cuarenta clientes que no pudieron disfrutarlos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, establece la circunstancia agravante de reincidencia y la específica de cuantía, ya que la cantidad supera los 50.000 euros, y fija una multa de 3.600 euros, en concreto doce meses con cuota diaria de diez euros.

Además, en concepto de indemnización, impone el abono de 36 cantidades que oscilan entre 120, la más baja, y 7.822 la más elevada, en función del dinero que abonaron los clientes, que no les fue devuelto y que les perjudicó al realizar los itinerarios contratados.

Establece también a inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio relativo al turismo durante el tiempo de condena.

La vista oral se desarrolló por hechos ocurridos entre 2013 y 2014, después de la detención de la acusada mediante una euroorden en Polonia, donde fue localizada, por hechos ocurridos cuando Julia María A.H. era dueña de Vibolid, situada en el céntrico Paseo de Zorrilla de la capital vallisoletana.

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En el apartado de hechos probados, la resolución judicial, que consta de cuarenta folios, considera que la acusada desempeñaba labores profesionales en Vibolid que consistían sustancialmente en gestionar a sus clientes la búsqueda y reserva de paquetes de vacaciones, viajes, billetes de vuelo y reservas de hoteles.

La sentencia desglosa 38 casos de personas afectadas -se absuelve de dos de ellos- por la actuación de Julia María A.H., entre ellos el de una mujer nacida en la República Dominicana que pagó 1.760 euros en distintos plazos para adquirir dos billetes de avión, de ida y vuelta, a su país natal.

Pero cuando la cliente de Vibolid fue a recoger sus billetes, como le había indicado la procesada, encontró que el local estaba cerrado, ante lo que la víctima no pudo emprender el viaje, ni recibió el dinero que había entregado, ni la acusada volvió a contactar con ella, lo que motivó que formulara la denuncia correspondiente.

Entre los casos que relata la sentencia se incluye también el de un matrimonio que pretendía acudir a Filipinas a adoptar un niño e ingresó para poder llevar a cabo la suma de 4.200 euros.

Cerrado

Cuando uno de los dos cónyuges acudió a la agencia de viajes para informarse sobre los asientos de avión se encontró el establecimiento cerrado, por lo que contactó por teléfono con la encausada, quien le dijo que se había equivocado en las fechas.

Justo el día antes de coger el vuelo, la víctima se dio cuenta de que las reservas efectuadas en Vibolid se habían cancelado por impago, ante lo que el matrimonio se vio en la «imperiosa necesidad» de contratar otro vuelo en una agencia distinta, que tuvieron que abonar.

Un viaje a Eurodisney para seis personas, desplazamientos a la República Dominicana, Estados Unidos, Marruecos, Brasil, Paraguay y China, junto a otros destinos nacionales como Gandía en Valencia y Torremolinos en Málaga, se encuentran también entre los expuestos en la resolución judicial.

En algunos casos los clientes de Vibolid se quedaron sin hacer sus viajes y en otros los tuvieron que contratar con otras agencias sin haber recibido la devolución del dinero que habían entregado a Julia María A.H..

La sentencia describe en los Fundamentos de Derecho cómo la encausada abusó de la tenencia de distintas cantidades que le habían entregado los clientes y de la confianza con ellos y en ella depositada, concurriendo por tanto la «deslealtad en el encargo recibido», al disponer para otros usos las cantidades.

Detalla que los perjudicados que se pusieron en manos de la acusada son en algunos casos personas que esforzadamente pagaron viajes a sus países natales y cita la situación del matrimonio que iba a acudir a adoptar a un menor después de años de espera, «sin que a la acusada le importara que los mismos pudieran acudir puntualmente».

Vacaciones

En otros casos se trata de personas que merecidamente deseaban ir de vacaciones, incluso para premiar a un niño por una conmemoración entones reciente y en definitiva «frustrando la conducta de la acusada las legítimas expectativas de todos ellos».

Añade la sentencia que la encausada, salvo en dos casos, no ha devuelto cantidad alguna a los perjudicados, ni ha tenido intención alguna pese a tener posibilidades varias para ello e incluso materiales, como se extrae de su información económica.

En el Decreto del Reglamento de las Agencias de Viajes de Castilla y León, figura que en el ejercicio de esta función la acusada debía tener concertado obligatoriamente un contrato de seguro.

Sin embargo la aseguradora Catalana Occidente remitió a la Junta de Castilla y León un escrito, registrado el 12 de febrero de 1014, que ponía en conocimiento la voluntad de anular la póliza de seguros que tenía con Julia María A.H.., tras lo que la Dirección General de Turismo envió entonces a la acusada un escrito que le informaba de que no mantenía vigente la fianza perceptiva para su actuación supondría la revocación del título licencia para la actividad en la agencia de viajes.

Una vez notificado, la acusada hizo caso omiso del escrito, lo mismo que hizo cuando se le notificó el procedimiento para la revocación de su licencia.

La acusación pública había demandado seis años de prisión por un delito de apropiación indebida y alternativamente de estafa, la misma pena que las dos acusaciones particulares, además de indemnizaciones que suman más de 53.000 euros, y la defensa había reclamado la absolución.

 

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