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Los operarios trabajan en los jardines de calle Barcelona, en la urbanización Santa Ana. H. SASTRE
Comienza la esperada reforma de Santa Ana, pendiente de que Valladolid lo asuma como barrio

Comienza la esperada reforma de Santa Ana, pendiente de que Valladolid lo asuma como barrio

Los servicios jurídicos municipales rechazan la fórmula del convenio con los propietarios y aconsejan incluir la zona en el PGOU

J. Asua

VALLADOLID

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Jueves, 4 de octubre 2018, 09:05

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Operarios del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento han iniciado las obras de reforma de la urbanización Santa Ana. Comienza así la esperada rehabilitación de las deterioradas zonas comunes de esta urbanización de 450 chalés, ubicada en el Camino Viejo de Simancas, que sigue pendiente de ser reconocida como un barrio más de la ciudad. El Ayuntamiento había acordado con las comunidades de propietarios rubricar un convenio para repartirse el coste de reparación de zonas verdes, calles y redes de agua –valorada en 873.562 euros– y, a partir de ese momento, incluir este desarrollo residencial dentro de la capital, con los mismos derechos y obligaciones.

Hay que recordar que Santa Ana, al igual que Fuente Berrocal, mantiene la figura del PAU, un modelo que se planteó para áreas periféricas, que obligaba a los dueños de las viviendas a asumir los costes de mantenimiento a través de las denominadas entidades urbanísticas de conservación. En este caso, nunca se creó, lo que ha derivado en una falta de mantenimiento patente, con mobiliario urbano destrozado, aceras levantadas y tuberías atascadas.

Cuando todo parecía solucionado, la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento ha dicho no a la fórmula del convenio. El análisis de los letrados municipales lo ha desaconsejado por sus posibles riesgos legales. La ciudad no puede asumir un nuevo barrio sin que figure en el planeamiento, según consideran.

En el pleno del pasado martes, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, anunció que los técnicos de su área ya trabajan para incluir a Santa Ana en el PGOU. Se puede llevar a cabo en el proceso de revisión del documento, ahora en tramitación, o a través de una modificación puntual del mismo. Cuando se apruebe, la urbanización recibirá la bendición oficial. Será municipal con todas las consecuencias, incluida la obligación de pagar los vados, algo de lo que ahora estaban exentos.

Pero el Consistorio quiere ir adelantando trabajo. Según aclara Saravia, el trato con los vecinos sigue en pie en los mismos términos en los que se contemplaba en el convenio. Estos deberán desembolsar 300.000 euros en dos años para acometer las reparaciones –se estudia hacerlo a través de la fórmula de las contribuciones especiales– y el Consistorio aportará otros 400.000. En el presupuesto de 2018, figuran los primeros 100.000 euros públicos para seguir con la intervención

Por el momento, los jardineros se afanan en reponer aspersores, tubos de riego y acometer la resiembra de las zonas verdes de este enclave. A estas tareas, le seguirán la reposición del mobiliario urbano deteriorado para continuar con los trabajos en las zonas urbanizadas.

Críticas del PP

Fue el PP el que el pasado martes preguntó a Saravia por el estado del acuerdo con los vecinos de Santa Ana. A su juicio, la solución del convenio, primero, y ahora la del PGOU denotan «mucha precipitación con el objetivo de intentar sacar ventaja electoral en la zona», según señala José Antonio Martínez Bermejo, quien añade que «no se está siendo serio», al tiempo que recalca que si la inclusión de la urbanización en la ciudad depende de la revisión del PGOU la solución puede que no llegue en este mandato. Saravia defiende que el actual equipo de gobierno es que ha trabajado para llegar a un acuerdo, mientras que sus antecesores «no hicieron nada en veinte años».

Hay que recordar que el PP quiso endosar los gastos de reparación a la bodega Vega Sicilia al ser promotora de la urbanización a principios de los años 90. Urbanismo revocó esta decisión por la debilidad de los argumentos jurídicos, como ratificó más tarde en sentencia el TSJ, que eximió a la empresa vitivinícola de cualquier responsabilidad en el desarrollo residencial.

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