Los coletazos de la huelga del turno de oficio dejan a dos letrados al borde de la inhabilitación

Roberto Hernández tiene claro que no se va a detener, por mucho que le lleguen citaciones. Se ha convertido en una especie de referente y guía para el resto de compañeros en su particular cruzada para defender el derecho a la huelga de los abogados del turno de oficio. Esa situación le ha generado ya tres procedimientos penales, en diferentes juzgados de Valladolid, al deducirle testimonio por desobediencia al no asistir en Sala a investigados por diferentes delitos. «Tenemos unos servicios mínimos como las causas en las que el investigado esté en prisión, pero no es el caso. Si estuvieran en la cárcel les asistiría», agrega Roberto Hernández después de los últimos acontecimientos.

Estos últimos parten desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid por una misma causa, en la que se detuvo a una mujer que presuntamente robó un bolso y utilizó las tarjetas para comprar productos. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando la huelga de los letrados del turno de oficio aún no estaba convocada. En dependencias policiales, Roberto Hernández asistió a la arrestada, que quedó en libertad, si bien el resto de citaciones llegaron con la huelga ya iniciada (a finales de 2023) y a partir de ahí, al ser una causa sin preso, el letrado ahora investigado acudió a la cita con la intención de explicar que estaba ejerciendo su derecho a la huelga. Eso sucedió en dos ocasiones y en ambas situaciones, la titular del juzgado dedujo testimonio e informó a la Fiscalía.

Esos dos procedimientos se suman al que ya tenía abierto y que se inició en el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid después de tres incomparecencias. Le tocó ir a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6. «Si supiera que estaba haciendo algo ilegal, no estaría sentado aquí como investigado», alegó en su testifical, además de aportar el estatuto básico del abogado y del procurador del servicio público del turno de oficio.

Esa declaración, con documentación incluida, sirvió para que la titular del juzgado archivara la causa de manera provisional al considerar que «no está justificada la perpetración del delito», si bien la Fiscalía presentó recurso de reforma por lo que tendrá que ser la Audiencia la que resuelva.

Ante el cariz que está tomando el asunto, el sindicato Venia se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía Española para exponer la situación de Roberto Hernández, además de recalcar «la grave vulneración del derecho fundamental de una huelga indefinida, legalmente convocada y comunicada». «Se argumenta, una vez más, que los abogados del turno de oficio carecen del derecho a huelga, apoyándose en resoluciones del Supremo y del Constitucional, resoluciones ambas carentes de rango ni doctrina para limitar un derecho fundamental».

Un escrito que hace hincapié en la reciente huelga de jueces y fiscales. «Mientras se criminaliza a un abogado (Roberto Hernández), observamos cómo se tolera y hasta se respeta públicamente la huelga de jueces y fiscales, pese a que la Constitución prohíbe expresamente su derecho de sindicación y, por tanto, de huelga. Es decir, a quienes tienen prohibido ejercer el derecho de huelga se les ampara y a quienes pueden ejercerlo, se les persigue».

Por eso, desde Venia piden al Consejo General de la Abogacía Española que emita una declaración pública inmediata en defensa de los letrados del turno de oficio, además de que brinde apoyo jurídico e institucional a Roberto Hernández, «víctima de un proceso penal injusto y de evidente represalia sindical».

Una situación similar vive el letrado y el que fuera candidato al Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) hace un año, David Lázaro. Perdió ante la reelección de Javier Martín. Precisamente, su propuesta de sanción llega desde la comisión deontológica del ICAVA y no desde los juzgados, como es el caso de Roberto Hernández.

Todo se centra en una incomparecencia ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Valladolid, según refleja el expediente disciplinario contra Lázaro. Apunta el Colegio de Abogados que el letrado, además, justificó la finalización de un procedimiento por lo que cobró por ese asunto 36,45 euros, a pesar de que «continuaba la tramitación». De hecho, la propuesta de sanción lo recoge en dos epígrafes: «No haber atendido debidamente el asunto que le fue encomendado y para el que había sido designado por el turno de oficio, al no comparecer en la fecha en que se señaló la vista (25 de marzo de 2025), sin comunicar causa alguna que motivara su ausencia» y «comunicar a través de la plataforma correspondiente, sin aportar la documentación justificativa (pues no existía) la finalización de un turno aún en tramitación y percibiendo los emolumentos correspondientes».

Ante esas dos «irregularidades», la propuesta de sanción se eleva hasta los 32 días de suspensión del ejercicio de la abogacía y la inhabilitación por un tiempo de un año del turno de oficio.

Por su parte, el letrado, en un amplio escrito al Colegio de Abogados, solicita el archivo del expediente, sin imposición de sanción alguna, «tanto por las irregularidades y omisiones denunciadas, la vulneración de las garantías y principios básicos del procedimiento, como por la inexistencia de conductas constitutivas de infracción».

Ante el cobro de esos 36,45 euros por la finalización del procedimiento, Lázaro alega que «en ningún momento he afirmado ni comunicado que el proceso haya terminado, sino exclusivamente el cese de mi intervención como letrado en esos autos. Si no había aportado resolución es porque se trataba de una resolución 'in voce' que la plataforma no me permitía subir».

De esa forma, lo detalló Lázaro en varios correos electrónicos y llega a afirmar que «el Colegio podía haberme requerido la devolución o descontado directamente el importe de la siguiente liquidación». «Si el Colegio entiende que me ha realizado un pago de algo que no tenía derecho a cobrar, lo que procede es que actúe como ha hecho en otras ocasiones que se registran errores en la justificación de las actuaciones: aplicar el consiguiente descuento y compensación en la siguiente liquidación del turno de oficio que tenga que abonarme».

Aclara el letrado, en su escrito de alegaciones, que ha procedido a solicitar la devolución «no como reconocimiento de la comisión de la infracción, sino al solo objeto de poner de manifiesto mi buena fe y mi voluntad de subsanar cualquier error que hubiera podido haber cometido al cumplimentar un trámite».

Sobre la incomparecencia, al que le acusaban de ausentarse, David Lárazo insiste en que «sí existe causa justa». «Es el legítimo derecho de huelga que estoy ejerciendo. Se podrá estar de acuerdo o no con esta situación de huelga, pero ello no autoriza a afirmar que no existe esa justificación, entre otras cosas porque la validez o no de la misma no es competencia de este Colegio», concluye.