Valladolid
Los colegios profesionales sanitarios se plantan contra los altos importes de la tasa de basuraReclaman una revisión de la obligación fiscal porque prácticamente no generan residuos urbanos y la gestión de los biosanitarios la pagan ellos
La tasa de basura, cuyo periodo de pago voluntario finaliza el próximo 31 de octubre, ha encendido los ánimos en los colegios profesionales sanitarios por ... los recibos con importes excesivos que están llegando a consultas y gabinetes. Fisioterapeutas, psicólogos, médicos, dietistas-nutricionistas, ópticos-optometristas, podólogos y logopedas se han unido para reclamar de forma urgente al Ayuntamiento de Valladolid una revisión de esta nueva obligación fiscal que consideran injusta, porque estos negocios no generan prácticamente residuos sólidos urbanos mientras que en el caso del material biosanitario que utilizan algunos de ellos pagan a un gestor autorizado que lo recoge y lo trata.
El rechazo de estos colectivos al diseño de este abono es unánime y se suma al de los hosteleros, que han amenazado incluso con iniciar acciones judiciales contra el Consistorio. El pasado viernes, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, admitía que algunas liquidaciones recogían «costes excesivamente elevados» y avanzaba la intención de que el área de Hacienda analice el diseño de la tasa para «ir perfilándola en su justa medida». Estas reivindicaciones empujan al equipo de Gobierno a ponerse manos a la obra cuanto antes si no quiere que el descontento crezca.
Un ejemplo. El del Centro Equilátera en la Carretera de Rueda. Cuenta con 200 metros cuadrados para la atención de sus clientes y 200 sin construir. El recibo que les ha llegado supera los 600 euros por 437 metros cuadrados, de los que la mitad no se usan «por lo que no generan ningún tipo de residuo». En él trabajan dos fisios, dos dietistas-nutricionistas, una profesora de pilates, un psicólogo y un entrenador de ejercicios terapéuticos.
Ya pagan 60 euros al año a un gestor autorizado por la retirada del material sanitario de las sesiones de fisioterapia. El resto de los servicios no conlleva ningún tipo de desecho. «Solo el papel con el que cubrimos las camillas. Según la estimación que nos ha hecho Gerescyl, son ocho kilos al año en total y por ese volumen tenemos que pagar esos más de 600 euros», lamenta indignado Fernando García Oliveri, uno de los socios.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León ha sido, con el de Dietistas-Nutricionistas, uno impulsores de este movimiento. Su presidente, José Luis Morencia, califica de «desmesurado», «una barbaridad», el dinero que tienen que pagar estos negocios. «La gestión de los residuos biosanitarios la abonamos nosotros a las empresas especializadas; el Ayuntamiento nos trata como si fuéramos un taller mecánico cuando producimos menos basura incluso que un domicilio», subraya.
A su juicio, el diseño de esta obligación fiscal «no cumple con el espíritu» de la norma, que debería ser el del pago en función del volumen de basura producida. Así, señala que lo que pretenden con esta reclamación conjunta es que los negocios puedan aportar una estimación directa bien a través de una empresa certificadora o de una declaración responsable. «El Ayuntamiento está desbordado y esta alternativa aún está en pañales, ni ellos saben cómo aplicar el sistema», afirma. Estas entidades ultiman la redacción del escrito al Consistorio para presentarlo de manera inminente a la espera de nuevas adhesiones.
«Una clínica de fisoterapia al uso puede llegar a pagar hasta 800 y 900 euros por la tasa, eso se suma a los impuestos, autónomos... Es un negocio en el que pueden haber picos de trabajo en septiembre y octubre, pero en verano darte el batacazo; cuando descuentas todos los pagos muchos profesionales no llegan a ingresar ni el salario mínimo, ya estamos bastante ahogados», asegura Morencia.
La base de esta tasa para todos los negocios, independientemente del sector, es de 80,7 euros. Esos son fijos. A ese importe se suma una parte variable en función del grupo de actividad y la superficie del local. En el caso de la Sanidad, según la tabla del Ayuntamiento, se incluye en el Grupo B (código 1) y los importes varían entre los 121,11 y los 641,86 euros, aunque han llegado liquidaciones superiores en algunos casos.
David Cortejoso, decano-presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, señala que han recibido múltiples llamadas alertando de estas liquidaciones cuando en su caso la generación de residuos «es cero». A algunos despachos han llegado recibos de 200 euros y en el caso de gabinetes más grandes en los que trabajan tres o cuatro profesionales el importe ha subido hasta los 500 o 600 euros. «No tiene mucho sentido que en un área de despachos de un profesional sanitario que no genera residuos nos estén cobrando estas cantidades; no llegamos a tocar a la persona ni le exploramos ni utilizamos ningún material desechable», aclara.
Lo mismo ocurre con los Dietistas-Nutricionistas. Diana Martínez, tesorera del colegio que agrupa a estos profesionales, reitera que estas consultas prácticamente no generan basura, ya que no trabajan con material biosanitario. «La única basura es la que se puede depositar en la papelera de la sala de espera porque todas las historias clínicas se gestionan a través del ordenador», apunta. Algunos de los colegiados les han comunicado que les han llegado recibos de hasta 700 euros.
Estas entidades reclaman un sistema justo para el cálculo de la tasa, el de estimación directa, que en este primer año de implantación no se ha podido aplicar. Aunque no la elimina porque hay un importe fijo de 80,7 euros, sí puede reducirla de manera significativa, al excluir del cálculo la parte correspondiente a la recogida y tratamiento de residuos que no se generan o que son gestionados por empresas privadas.
Así, el pago puede reducirse de forma considerable si la clínica demuestra que no utiliza el servicio municipal o que su uso es mínimo porque ya tiene contratada una gestión privada autorizada, lo que permite ajustarla a la realidad de cada consulta, evitando pagar por un servicio que apenas se usa. Para solicitar la aplicación de este régimen, los titulares de clínicas deben presentar en el registro municipal la solicitud acompañada de la documentación justificativa, que incluiría el plan de gestión interna de residuos, los certificados anuales del gestor autorizado, las facturas por esta prestación y la declaración responsable de no depositar desechos urbanos en contenedores municipales.
Empresas gestoras como Gerescyl han trasladado al Ayuntamiento sus dudas sobre si los certificados de gestión que expiden serán admitidos oficialmente para justificar la solicitud de estimación directa. Por el momento, el coste aproximado de este certificado ronda los 60 euros anuales, aunque no se garantiza aún que la Administración Local lo reconozca como documento válido para recalcular la tasa, según señalan en el Colegio de Fisioterapeutas.
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