Treinta mil vallisoletanos con ingresos bajos pueden pedir ya a los bancos cuentas gratuitas

Clientes esperan ser atendidos en una sucursal bancaria./JOSÉ USOZ
Clientes esperan ser atendidos en una sucursal bancaria. / JOSÉ USOZ

La norma se queda «corta» en opinión de la asociación de usuarios de banca

Ángel Blanco Escalona
ÁNGEL BLANCO ESCALONAVALLADOLID

Todos los españoles, como ciudadanos de la Unión Europa, tienen derecho a disponer de una cuenta de pago básica desde la que poder realizar servicios bancarios como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias. Con este objetivo, el de universalizar el acceso a los servicios financieros, el Gobierno completó en marzo la transposición al ordenamiento jurídico español de una directiva comunitaria de 2014 que, en el caso español, diferencia dos tipos de cuentas.

Por un lado está la cuenta de pago básica, para la que se fija un coste máximo de tres euros al mes, que cubre todos los servicios de la cuenta, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales. La norma que la regula, según explicó el Ministerio de Economía, facilita la movilidad de los clientes, que podrán traspasar sus cuentas entre bancos con más facilidad.

Además, desde el pasado 23 de abril existen también las cuentas de pago básicas gratuitas, destinadas a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Para determinar si alguien se encuentra en situación de vulnerabilidad se evalúa la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). Las entidades financieras están obligadas a informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.

Quién se puede acoger

Beneficiarios:
Se entiende que un cliente bancario se encuentra en situación especial de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión financiera cuando los ingresos económicos brutos anuales no superen tres umbrales de ingresos.
2 veces el IPREM:
12.908,06 euros anuales para personas no integradas en ninguna unidad familiar.
2,5 veces el IPREM:
16.135,07 euros para personas integradas en una unidad familiar de menos de cuatro miembros.
3 veces el IPREM:
19.362,09 euros al año para quien esté en una unidad familiar de cuatro miembros o más, en una familia numerosa, o en una unidad familiar con una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Según se recoge en la memoria de análisis de impacto normativo, «en el caso de que todo el potencial colectivo de la gratuidad de cuentas de pago básicas la solicitase y obtuviese –alrededor de 3,1 millones de personas–, las entidades de crédito estarían soportando una caída de los ingresos por comisiones asociadas a estas cuentas de pago básicas de 111,6 millones de euros anuales, lo que dista de ser significativo a nivel agregado». Con ese universo de clientes potenciales en el conjunto de España, en Valladolid estaríamos hablando de un máximo de 30.000 personas, aproximadamente.

«Se queda corta»

Para la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la norma «se queda corta» ya que, según explicó David Solís, coordinador en Castilla y León, «los criterios de quienes se consideran en situación de exclusión son demasiado restrictivos». «Creemos que, a la postre, será un número muy escaso el de quienes podrán favorecerse de las cuentas gratuitas, mientras que el espíritu de la directiva europea no incide tanto en los supuestos de vulnerabilidad, tal como se ha trasladado en España, sino que va en contra de la exclusión financiera».

En su opinión, la norma debería tomar en consideración a las personas en situación de dependencia, a quienes sufren incapacidad laboral grave, a los desempleados de larga duración mayores de 52 años, a las víctimas de violencia de género, así como a aquellos que se ven obligados a destinar al pago de la hipoteca una cuota superior al 40% de sus ingresos. «La directiva europea daba margen para ampliar el espectro de beneficiarios», añadió Solís.

Para el representante de Adicae el Ejecutivo ha dejado pasar una oportunidad para «regular de una vez por todas las comisiones bancarias», que «carecen de un control real que determine se atienen a servicios efectivamente prestados o no». «Es un hecho que cada año suben más, mientras que el servicio que prestan los bancos va a peor –señaló–. Además, las más extendidas, las de mantenimiento, son las que más se encarecen, mientras que no dejan de aparecer comisiones nuevas, como las de 'ingreso en ventanilla' o una que ya estamos empezando a ver: la de 'asesoramiento en sucursal', por la que se llega a cobrar hasta cien euros».

Norma con poco recorrido

Según sostienen desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las cuentas básicas «beneficiarán a una mínima parte de los potenciales usuarios». Por ejemplo a los usuarios que sufren «exclusión tecnológica», personas mayores en entornos rurales, que no pueden acceder a cuentas sin comisiones en bancos 'online' y «tienen que conformarse con la oficina de su localidad seguramente, pagando comisiones».

Adicae reclama un Defensor del Cliente Financiero

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros cree que en la pasada campaña electoral «no se ha hablado de consumo» y, para que las reivindicaciones de los consumidores se cuelen en las elecciones autonómicas, la asociación en Castilla y León se dirigirá a los candidatos para conocer los contenidos de sus programas. «La regulación española se encuentra con la grave contradicción de que sean las comunidades las que tengan, sobre el papel, competencias plenas en consumo pero sin que puedan resolver prácticamente ninguno de los problemas más graves», señaló David Solís, coordinador de Adicae en Castilla y León, quien recordó que la asociación demanda la creación de una Autoridad Independiente de Protección al Cliente Financiero de decisiones vinculantes para las entidades.

En la práctica, creen, «el limitado beneficio unido a la excesiva documentación disuadirá a muchos de hacer la solicitud». Así está sucediendo en casos similares, en que muchos beneficiarios potenciales no reciben la ayudas a las que tienen derecho (por ejemplo, en el caso del bono social eléctrico, que solo han reclamado una pequeña parte de los posibles usuarios)». Además, para acreditar el cumplimiento de los requisitos «hay que presentar bastante documentación, no siempre fácil de obtener».

Desde la OCU recuerdan «ya hay muchos usuarios que disfrutan de cuentas sin comisiones yen muchas entidades es posible disponer de cuentas gratuitas con nóminas pequeñas (a partir de 600 euros), por debajo de los límites de IPREM».

La Asociación Española de Banca (AEB) dijo a Colpisa que aunque la normativa comunitaria sobre cuentas básicas busca evitar la exclusión financiera esta no es un problema en España, ya que la práctica totalidad de la población dispone de una cuenta bancaria para realizar pagos. Según el Banco de España, recuerda la AEB, el 93% de las familias disponen de algún tipo de cuenta a tal fin.