El tribunal cuestiona «qué pintaba» Méndez en una reunión de Mahía

José Presas, socio del alcalde/
José Presas, socio del alcalde

Un testigo asegura que los 180.000 euros se le concedieron al alcalde porque era el «único que ofrecía garantías»

JAVIER ASUA

Al presidente del tribunal, Feliciano Trebolle, también le extrañó y lo cuestionó sin ambages durante la cuarta sesión del juicio por el caso Arroyo. «¿Qué pintaba el señor Méndez en aquella reunión en la que se iban a tratar los problemas societarios de Mahía?». Se refería el magistrado a un encuentro a tres bandas Gómez Maroñas, Antonio Framiñán¬ y el alcalde que se celebró en Santiago de Compostela en 2006 y en el que el primero entonces socio de la promotora y principal prueba de cargo de las acusaciones por presunta corrupción urbanística amenazó con «armar la marimorena» si no lograba llegar a un acuerdo sobre sus diferencias económicas con Ramón López Casal, propietario de la firma y acusado en este proceso. Maroñas ya dejó claro en su interrogatorio del pasado martes que Méndez recibió «cantidades salvajes» por favorecer la expansión de la promotora en el municipio con recalificaciones y aumentos de edificabilidad en dos sectores de suelo.

La pregunta se la lanzó Trebolle a Antonio Framiñán, hombre de negocios con participación en la con «porque veía el crecimiento del pueblo y me hacía ilusión hacer algo allí», no acstructora, que asistió a aquella tensa cita en una cafetería de la capital gallega. Framiñán, quien reconoció que fue él quien llevó a López Casal a Arroyolaró del todo las cuestiones planteadas.

Según explicó al presidente de la Sala, «Méndez era el último cartucho para presionar a López Casal» y añadió que aunque Maroñas «creería que sí tenía algo para amenazarle, yo estaba seguro de que no». A pesar de las insistentes preguntas de Trebolle, Framiñán no desveló en qué se concretaron las intimidaciones verbales. «¿Quizá se refería a alguna licencia que no se tenía que haber concedido?», le preguntó el magistrado por videconferencia. La cuestión quedó sin respuesta.

Crédito

Fue este mismo testigo el que desveló que el crédito de 180.000 euros (30 millones de las antiguas pesetas) concedido por la promotora fue otorgado a José Manuel Méndez «porque era el único que ofrecía garantías» de devolución, a pesar de que el socio del entonces concejal y hoy alcalde de Arroyo en Recreativos Dema, José Presas Zobra, era la persona que tenía participación en la empresa promotora. Framiñán destacó que él dio su visto bueno a ese préstamo para atenuar los apuros económicos de la firma de máquinas tragaperras y apuntó que eran habituales estas operaciones en metálico y sin intereses entre empresas del grupo.

Sí dejó claro que aconsejó a Ramón López Casal «que no le dejara el dinero a Presas Zobra porque su situación económica era muy mala». Framiñán, con una amistad desde hace más de veinte años con Méndez, negó trato de favor por parte del alcalde de Arroyo a Mahía y subrayó que en el municipio trabajaban otras muchas constructoras gallegas y de otras partes de España. También rechazó que él asegurara en alguna ocasión que los alcaldes son los mejores socios de Mahía. «Eso no lo dije», zanjó Framiñán, quien apuntó que personalmente le informaron de que la vivienda adquirida por el regidor arroyano en la localidad de Villagarcía de Arosa la habían pagado.

El crédito a Galván

En la sesión declaró como testigo Salvador Jorge de Alba, el director de zona de Caja Duero en Zamora y «amigo íntimo» de Jesús García Galván, quien concedió al exdelegado territorial de la Junta el crédito para pagar su chalé de Mugardos (La Coruña). Jorge de Alba explicó que fue él mismo quien se ofreció a financiar la compra de este inmueble a través de su entidad cuando se enteró, «tomando un vino» con García Galván, que éste tenía interés en adquirir una propiedad en Galicia. El responsable dijo desconocer por qué el acusado necesitaba el dinero en metálico en 24 horas para entregarlo a la promotora y comprar la casa.

Aseguró que en estos casos a la caja le hace falta entre tres y cuatro días para lograr la cantidad en efectivo por cuestiones de disponibilidad. Ante esta circunstancia, García Galván tiró de familiares y amigos para lograr los 148.000 euros que costaba el inmueble y más tarde utilizó el préstamo para devolver lo que le habían dejado, según relató el propio acusado el miércoles. El fiscal le preguntó a Jorge de Alba si son habituales las peticiones de dinero en metálico para pagar una vivienda a lo que el empleado de la caja contestó que no es el único caso que han tenido en las sucursales de la entidad a la que pertenece en Zamora.

Máxima edificabilidad

El que fuera el arquitecto jefe de Mahía durante los años en los que se desarrollaron los hechos que ahora se juzgan defendió ayer ante el tribunal que «como cualquier promotora» el objetivo de la empresa gallega y el suyo como empleado era lograr «la máxima edificabilidad» de los suelos adquiridos, «siempre dentro de la ley». Francisco Javier Amenedo aseguró que en el municipio de Arroyo, «donde Mahía no alcanzaba ni el 4% de los desarrollos» en marcha, los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento eran «especialmente estrictos y meticulosos» en las tramitaciones, en comparación con otros consistorios con los que trabajaba esta firma. Según explicó, eran los delegados de la empresa en cada zona los que localizaban las parcelas más interesantes.

Amenedo defendió que tanto en el SAU-9 como en el 13 se actuó conforme a la normativa e incluso en el estudio de detalle del segundo desarrollo se aumentaron las cesiones «por encima de lo que marcaba la normativa». El arquitecto aseguró que el papel de María Iluminada Miguel como delegada de Mahía en Arroyo simplemente era comercial y no era ella la que redactaba los convenios. «No tenía conocimientos urbanísticos, hacía gestiones sencillas», subrayó.

El fiscal del caso, José María Martínez Matesanz, le interrogó con especial insistencia sobre el cambio de intenciones de Mahía en el SAU-9, ya que en el borrador del primer convenio se solicitaba su conversión de industrial a comercial (marzo de 2005) mientras que en el documento final apareció la recalificación a residencial (junio de 2005). «Se analizó la demanda de vivienda y se vio que era lo más conveniente para dar continuidad, además, al sector 15», apuntó el profesional, quien recalcó no tener «ni idea» de que Ikea buscaba suelo en el municipio. «De haberlo sabido quizá no se hubiera solicitado el cambio», dijo. Amenedo afirmó también que los intercambios de información y las propuestas de corrección entre administración y promotora cuando se tramitan expedientes urbanísticos son habituales.

El arquitecto reconoció que él mismo llevaba sobre con dinero para pagar gastos de manutención y alojamiento de los empleados de Mahía en los municipios donde trabajaba la empresa. «¿Y otra clase de sobres?», le preguntó el abogado de la acusación particular, José María de la Red. «No tengo constancia», contestó. «¿Pedía usted que le entregasen un justificante de que les había dado el dinero?», abundó Trebolle. «No, porque se lo entregaba a gente conocida de la empresa».

Castaños milenarios

Habló José Espín Mejías con su tono gallego y la sesión se destensó hasta el punto de provocar las carcajadas entre el tribunal, los letrados y el público asistente. El campechano concejal del municipio gallego de As Nogais, amigo de la infancia de Méndez, que se llevó unos columpios que se habían retirado de una urbanización de La Vega realizó un pormenorizado y divertido relato de aquella operación, así como de la «enorme alegría» que supuso este regalo para los niños de la parroquia de Docos. «Hicimos una fiesta con tortillas de patata y todas esas cosas en esta zona, donde hay unos castaños milenarios que dan una sombra maravillosa», desveló el edil, quien acudió al juicio con la placa de agradecimiento que elaboraron para conmemorar tan bienvendo presente bajo el brazo. Espín llegó a reconocer delante de los jueces, que allí, en su pueblo, han «obviado un poco» la exigente normativa que rige la instalación de los juegos infantiles. «Echamos unos camiones de arena y ahí los colocamos después de restaurarlos», explicó con toda tranquilidad. Empeñado en aportar detalles sobre las bondades de la cesión y sobre la estupenda sombra de los castaños milenarios, el presidente del tribunal tuvo que parar el relato del testigo. «Ya estamos suficientemente instruidos», le frenó Feliciano Trebolle. Espín, primero, y el jefe de obra que desmotó los columpios de Arroyo, después, coincidieron en que los juegos infantiles presentaban daños que obligaban a su reparación. A Galicia se los llevó un camionero que le cobró a Espín 350 euros y luego pagaron un «jornal» a un mecánico para arreglarlos. Y ahí siguen. Dando juego.

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