Las defensas de los dos políticos afirman que todo es una «fábula» de un testigo «falso y corrompido»

Los magistrados ddurante una de las vistas. /
Los magistrados ddurante una de las vistas.

El juicio queda visto para sentencia y el presidente de la Sala anuncia el fallo para finales de septiembre

JAVIER ASUA

Visto para una sentencia, que se conocerá a finales del próximo mes de septiembre, según adelantó en los pasillos de la Audiencia Provincial su presidente, Feliciano Trebolle. El juicio por el denominado caso Arroyo ha concluido este jueves, después de ocho días de vista, con los informes de las defensas de los dos políticos que presuntamente, según las acusaciones, favorecieron a la constructora gallega Mahía en el municipio vallisoletano a cambio de regalos en forma dinero y viviendas en aquella comunidad autónoma. El abogado Javier Gómez de Liaño regresó a Valladolid tras su asistencia al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para solicitar la libre absolución para su defendido en esta causa, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez. El mediático letrado se sumó a las tesis de que el proceso es una «fábula» creada por un exsocio despechado de la constructora que, al no conseguir los objetivos económicos que pretendía, ha extendido una red de «sospechas, rumores, suposiciones y chismes» con el que ha querido «criminalizar todo lo que se hacía en la localidad», una «inquisición general» de las actividades urbanísticas, «cargada de pruebas infundadas y hasta pueriles».

Gómez de Liaño, quien tildó de «deposiciones» las declaraciones de la principal prueba de cargo de las acusaciones, Manuel Gómez Maroñas, arremetió contra el fiscal del caso, José María Martínez Matesanz por haber sido «víctima de un guión escrito por otros» y también contra la acusación popular por «patrocinar» a un testigo «falso y corrompido».

La defensa del primer edil de Arroyo quiso desmontar en su informe los delitos de cohecho que se le imputan a su cliente. Así, destacó que ha quedado acreditado que José Manuel Méndez devolvió el préstamo de 180.000 que el propietario de Mahía, Ramón López Casal, le otorgó en 2001 para poder superar los problemas económicos por los que atravesaba su empresa Recreativos Dema, como consta en la contabilidad de la firma. También pagó la vivienda que adquirió a esta compañía promotora en Villagarcía de Arosa por 87.000 euros, según recoge la contabilidad de Mahía y se certifica, según esta defensa, con la escritura púbica de compraventa.

Respecto a su actuación en los sectores de suelo SAU-13 y SAU-9, adquiridos por Mahía en el municipio, Gómez de Liaño aseguró que las decisiones se tomaron confiando siempre en los informes de los técnicos y funcionaron los controles de instancias administrativas superiores y de los tribunales. «No han sido actos graciosos del alcalde, sino que son decisiones siempre tomadas en el pleno municipal», destacó el abogado, para quien un alcalde no está en la obligación de conocer hasta la última línea de cada expediente.

Gómez de Liaño calificó de «absurdo» el delito de malversación del que se le acusa a su cliente por el regalo de unos columpios que se retiraron en Arroyo a un concejal del BNG del municipio de As Nogais. «¿Merece que esto ocupe nuestra atención?», se preguntó el abogado, quien sostuvo que se trataban de unos juegos infantiles para el desecho. «La generosidad y el altruismo quedan fuera del marco penal», remachó.

Tras este informe, le tocó el turno a la defensa de Jesús García Galván, exdelegado territorial de la Junta cuando se produjeron los hechos que ahora se enjuician. Jesús Verdugo se sumó a los planteamientos del resto de sus colegas al subrayar que el caso está basado en «imprecisiones e incorrecciones» aportadas por una acusación que «más que popular ha sido populista», como se demostró, en su opinión, en la «arenga final» del informe del letrado José María de la Red. «Las acusaciones han vivido un sueño y ya es hora de que despierten de él», apunto. Verdugo criticó especialmente el proceso de instrucción respecto de su cliente, ya que se enteró de su citación como imputado cuatro años después de que se iniciara el procedimiento, además de haber sido sometido a investigaciones ajenas a la causa en su vida privada y actividad profesional, que le han causado importantes perjuicios. Entre ellas, se refirió a las pesquisas abiertas sobre las adjudicaciones de contratos por parte de la Administración Pública a la empresa de publicidad de García Galván. «Este no va a hacer ni un anuncio con un banderín», llegó a decir Verdugo. Para este letrado esta investigación «inquisitorial» supone «una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».

Verdugo pidió la libre absolución para García Galván del delito de prevaricación urbanística porque como presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo se encontró con la modificación de las normas subsidiarias de Arroyo ya en marcha y las decisiones se tomaron por amplias mayorías en un órgano colegiado siguiendo, además, las indicaciones de la ponencia técnica.

Para Verdugo tampoco es responsable de un delito de cohecho porque la vivienda que adquirió a Mahía en Mugardos por 150.000 euros la pagó con el dinero prestado por su abuela y un amigo ya fallecido. Esa entrada consta en la contabilidad de Mahía. El crédito que solicitó a Caja Duero lo utilizó para saldar esa deuda, según añadió. El letrado también cuestionó que el presunto regalo llegase dos años después del supuesto favor realizado a Mahía en sus sectores de suelo en Arroyo, algo que «chirría».

 

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