Cuatro defensores sostienen que el «despecho» de un socio de Mahía es la única base del caso Arroyo

El alcalde de Arroyo y su defensor, Javier López de Liañp/
El alcalde de Arroyo y su defensor, Javier López de Liañp

Solicitan la libre absolución de José Presas Zobra, Ramón López Casal, María Iluminada Miguel y Buenaventura Conde

JAVIER ASUA

Las defensas de cuatro de los seis acusados por la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de Arroyo de la Encomienda han sostenido hoy que la única base de este caso que se juzga en la Audiencia Provincial es el «despecho» de uno de los socios de la promotora gallega Mahía al no lograr los 105 millones de euros que le reclamaba al propietario de la empresa, Ramón López Casal, con quien mantiene un duro enfrentamiento por cuestiones económicas. Tanto el letrado de José Presas Zobra, exsocio de José Manuel Méndez y que tuvo participaciones en la constructora, como el de López Casal han recalcado que Manuel Gómez Maroñas, principal testigo de cargo de las acusaciones, ha elaborado una «historia inverosímil con el fin de atacar a los que no se plegaron a sus intereses». «Dijo que iba a armar la marimorena y claro que lo ha hecho», afirmó el primer letrado, para quien los seis procesados están sentados en el banquillo de forma «gratuita e injustificada», ya que la acusación está basaba en «meras elucubraciones».

El letrado de Presas Zobra, Carlos Palmou, pidió la libre absolución para su cliente, «cuyo único delito es haber sido socio de Mahía» y a su vez compartir una sociedad con José Manuel Méndez cuando este aún no era alcalde. El letrado quiso recalcar que no fue su defendido el que llevó a López Casal al municipio para plantear la compra de suelo en Arroyo, sino que fue otro socio de la firma, el señor Antonio Framiñán, que ha declarado como testigo en esta vista. Palmou subrayó que Presas Zobra vendió sus participaciones en Mahía en 2002, nunca participó en la gestión de esta mercantil y solo acudía una vez al año a la junta general de accionistas. «De ser ciertas las plusvalías que generaron las operaciones de Mahía en Arroyo y de ser cierto que mi cliente era el ideólogo de la operación, nunca habría vendido sus participaciones, menos en pleno 'boom' inmobiliario en Arroyo», dijo.

Sobre el crédito de 30 millones de pesetas que López Casal otorgó a Méndez, la defensa reconoció que Presas Zobra lo solicitó a Mahía porque la empresa Recreativos Dema, que compartía con Méndez, estaba pasando apuros. El letrado aseguró que ese dinero se devolvió como lo acreditan los asientos contables de la empresa, con lo que no se trata de una dádiva o un regalo. «¿Qué tiene más validez el recibí de una cajera o el firmado por el administrador de la empresa?», se preguntó. Además, según comentó, los préstamos entre socios en metálico y sin intereses eran comunes y desveló que Gómez Maroñas recibió tres créditos en las mismas condiciones, uno de ellos de 2,1 millones de euros.

Por su parte, Ignacio Peláez, defensor de López Casal, recalcó que no tiene sentido la acusación porque ni el sector de suelo 9 ni el 13, parcelas en las que presuntamente el Ayuntamiento de Arroyo favoreció a Mahía, salieron finalmente adelante, ya que en un caso la Junta y en otro el TSJ tumbaron las modificaciones. Peláez se sumó a la tesis de su colega al asegurar que la enemistad manifiesta de Gómez Maroñas al no lograr los 105 millones de euros le llevó a tirar de una manta que, a su juicio, no ha destapado nada irregular. Además, añadió que de la compra de las dos viviendas a Mahía por parte de José Manuel Méndez, alcalde de Arroyo, y Jesús García Galván, exdelegado territorial de la Junta, existen escrituras de compraventa firmadas ante notario, un documento con más validez que un simple recibo.

En la séptima sesión de juicio también informó la defensa de María Iluminada Miguel, empleada de Recreativos Dema quien pasó más tarde a trabajar para Mahía. Su letrado Javier Iglesias negó que fuese la mano derecha de nadie y sostuvo que su labor era «simplemente administrativa y comercial en la promotora». «Sus poderes eran muy limitados y no es autora intelectual de ningún convenio como ha quedado acreditado en esta vista», remachó Iglesias, quien añadió que en su etapa en la promotora firmó 572 escrituras de compraventa. «Sus actos han sido neutrales, cotidianos y fruto de su actividad diaria», explicó.

El último en intervenir fue Javier de Uña, abogado del arquitecto Buenaventura Conde Salazar, para quien pidió la libre absolución. El letrado aseguró que su cliente tuvo relaciones con Mahía como con cualquier otra empresa con suelo en el municipio. Así, en los expedientes del SAU-13 y SAU-9 informó de los defectos, propuso correcciones, emitió tanto informes favorables como desfavorables, siempre actuó con el respaldo legal del secretario de Consistorio y no intervino en los órganos que adoptaban los acuerdos. Y esto lo hizo como en el resto de sectores y con otras promotoras, gallegas y del resto de España.

Mañana será el turno de las defensas de José Manuel Méndez, a quien asiste Javier Gómez de Liaño, y de García Galván, cuyo letrado es Jesús Verdugo.

 

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