La acusación popular solicita 58 años para los seis imputados por el 'caso Arroyo'

La Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa abierta contra el actual alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, y otras cinco personas más por el denominado 'caso Arroyo', solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58 años y 6 meses de cárcel y el pago de multas por un importe global de casi seis millones de euros.

En su escrito de calificación provisional, la acusación popular imputa tres delitos de cohecho, dos de ellos del artículo 419 y el tercero del 459 del Código Penal, así como un delito de malversación de caudales públicos y otro de carácter urbanístico (320), con la particularidad de que el primer edil de Arroyo ha sido responsabilizado de todos y el resto de imputados tan solo en parte de ellos.

En concreto, el acusador popular solicita para Méndez dieciséis años y medio de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa, mientras que para el actual portavoz del PP en la Diputación, Jesús García Galván, al que acusa de un delito de cohecho y otro urbanístico, interesa una pena global de seis años, veinte de inhabilitación y 475.000 euros de multa.

Multas millonarias

Además, el colectivo acusador solicita a Ramón López Casal y José Presas Zobra, ambos representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S. L., penas de quince y tres años, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 892.000 y 180.000 euros e inhabilitación por veintiséis y nueve años, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, pide nueve años de privación de libertad, 1.220.000 euros de multa y 22 años de inhabilitación y, por último, para la apoderada de Mahía en Valladolid , María Iluminada Miguel Fernández, otros nueve años, 1.100.000 euros de multa y su inhabilitación por catorce años, informa Europa Press.

La presentación de dicho escrito de acusación se produce después de que el pasado mes de mayo la Audiencia Provincial ratificara la imputación del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y del resto de imputados. La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal confirmaba así el auto dictado a principios del presente año por el Juzgado de Instrucción número 1 y desestimaba los recursos de apelación de los imputados. Las investigaciones fueron sobreseídas en su momento por este mismo juzgado y reabiertas por la Audiencia, estimando así los recursos del Ministerio Fiscal y de la Asociación de Vecinos Siglo XXI.

En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la «trama urdida» a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999.