El Ayuntamiento de Valladolid inicia en Juana Jugan un proceso para alojar en pisos a chabolistas

Algunas de las chabolas en el asentamiento de Juana Jugan el pasado mes de febrero. A la derecha, las máquinas derriban dos de las casetas la semana pasada./ALBERTO MINGUEZA
Algunas de las chabolas en el asentamiento de Juana Jugan el pasado mes de febrero. A la derecha, las máquinas derriban dos de las casetas la semana pasada. / ALBERTO MINGUEZA

Ha derribado ya dos de las siete casetas y reubicado en viviendas sociales a sus nueve moradores

Lorena Sancho
LORENA SANCHOValladolid

Entre el cúmulo de chatarra, bajo tejados formados por restos de madera y tejas, en casetas levantadas con retales de telas y lonas de plástico, dormían cinco niños hasta hace apenas un puñado de días. En ellos tenía puesta la mirada el Ayuntamiento desde el inicio del mandato, cuyo objetivo era desde entonces «sacarlos de allí», asignar una vivienda digna a los chabolistas que ocupan los dos núcleos de infraviviendas que aún quedan en la ciudad; Juana Jugan y el paraje denominado La Florida, entre la avenida de Zamora y Las Delicias. Y el primer paso, «aunque duro y difícil», se dio la semana pasada, cuando la pala del servicio municipal de Urbanismo entró a primera hora en Juana Jugan, el histórico asentamiento chabolista junto a la carretera de Madrid, y derribó las dos primeras casetas, las que hasta ese momento ocupaban dos familias integradas por nueve miembros, cinco de ellos menores. «Es un proceso largo, complicado y sensible», insistió ayer la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, tras la batería de preguntas que el Partido Popular planteó en el pleno ordinario de marzo sobre el número de asentamientos chabolistas que aún quedan en Valladolid. Pero al fin –añadió– «tras hacer vericuetos para saber cómo trabajan los mediadores, se han conseguido las primeras actuaciones».

La comisión del soterramiento se cierra sin acuerdo con el PP ni con Cs

La comisión de investigación sobre el soterramiento se cerró ayer sin consenso en las conclusiones, de tal forma que solo salieron adelante las que habían pactado el PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede, que dictaminaron responsabilidad política en el fracaso ferroviario en la persona del exalcalde, Javier León de la Riva, a quien el portavoz socialista, Pedro Herrero, calificó de «delincuente convicto». Charo Chávez, presidenta de la comisión, achacó así al PP la responsabilidad por contraer una deuda de 400 millones «por algo que nunca se hizo».

Las conclusiones del PP y de Ciudadanos se votaron de forma particular y quedaron desestimadas. Los dos grupos veían además responsabilidad del PSOE en el fracaso del soterramiento. De hecho, Martínez Bermejo, portavoz popular, lanzó duras críticas al gobierno de ÓscarPuente por crear «barrios de primera y de segunda» con la barrera del tren. Y acusó a su vez al PSOE de tener las conclusiones escritas antes de que empezara la comisión. «Ha querido usted meter en la cárcel a su predecesor (...) Le movía el rencor y no el derecho», acusó Martínez-Bermejo a Puente. Al respecto, el alcalde le recordó que él también le presentó una querella –por el caso Gato–, «pero ni siquiera logró que me llamaran a declarar», se mofó.

Valladolid mantiene en la actualidad dos focos de chabolismo prácticamente unidos. Son, según las explicaciones que ayer ofreció Romero, siete casetas, de las cuales dos ya han sido derribadas y sus moradores alojados dentro del proyecto de las viviendas blancas, la iniciativa municipal de adquisición de casas para después alquilarlas a un precio asequible para aquellas personas con escasos recursos. «De las 116 viviendas de este proyecto, se reservaron 16 para chabolismo, infravivienda y emergencia social. Nuestra intención es que estas siete familias que siguen en estos asentamientos, algunas integradas por un único miembro, puedan tener una solución para habitar en un lugar digno», añadió.

El proceso se ha llevado a cabo entre el área de Servicios Sociales y la Sociedad Municipal de la Vivienda (VIVA). Son las dos primeras familias que se acogen a este proyecto, «pero acabaremos con el núcleo de chabolismo, porque es una vergüenza», advirtió la concejala en el transcurso del pleno.

En el Ayuntamiento se muestran así satisfechos de que se haya avanzado en la erradicación de este tipo de barriadas donde aún residen 17 personas –dos en Juana Jugan y tres en la avenida de Zamora–, pero Rafaela Romero precisa que es un tema «que hay que tratar con cuidado, porque hay menores de edad, e incluso, personas con discapacidad, y hay que trabajar de forma conjunta con Fiscalía» para que estas personas salgan, porque en la mayoría de los casos no quieren salir de aquí. «Y después sigue con una labor de integración y seguimiento con educadores, un camino largo».

El trabajo continuará con la Sociedad Municipal de Vivienda para buscar un alojamiento a estas familias, acorde a sus necesidades. Pasará así por el proyecto de vivienda social iniciado en este mandato por el Ayuntamiento y que cuenta con un parque de 116 casas, diez más en alquiler y otras cincuenta presupuestadas, según los datos que ayer aportó el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. En total serán 176 viviendas dentro de un programa que adquiere pisos vacíos por entre 60.000 y 70.000 euros para después alquilarlos.

Solución a 'okupas'

El Pleno de este martes estuvo así protagonizado en gran medida por reivindicaciones vinculadas con la vivienda. Fue también el Partido Popular quien abogó por construir un mayor número de casas protegidas para evitar que «mafias» ocupen pisos vacíos y después los alquilen. Saravia tachó la moción de «brocha gorda» y aseguró que en el Plan General de Ordenación Urbana hay capacidad para 9.560 VPO. La propuesta, que abogaba por luchar contra estos hechos e incentivar la construcción de vivienda protegida, se rechazó por el PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede.

Hubo además una pregunta también del PP sobre la rehabilitación del 29 de octubre, donde hay ya 138 casas restauradas, 198 más en proceso y 234 pendientes. Los populares se interesaron sobre si los dueños tendrán que declarar la ayuda como ingreso, a lo que Saravia acotó que no es un supuesto de subvención y que si la rehabilitación afectara al valor catastral, «sería mínimo».