Dos años de prisión para una mujer de Valladolid que cobró durante casi veinte la pensión de su madre muerta

Sede de la Audiencia Provincial de Valladolid. /Rodrigo Jiménez
Sede de la Audiencia Provincial de Valladolid. / Rodrigo Jiménez

La sentencia de la Audiencia tiene en cuenta la reparación del daño, pero la acusada tendrá que indemnizar a la Seguridad Social con 129.240 euros

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

La Audiencia de Valladolid ha condenado a una mujer, Florencia, como autora de un delito de estafa, a dos años de prisión y multa de seis meses en cuota diaria de seis euros, con arresto sustitutorio en caso de impago. La acusada tendrá que indemnizar, en materia de responsabilidad civil, con 129.240 euros al Instituto de la Seguridad Social en una serie de cuotas que se sucederán hasta 2028.

La sentencia de conformidad, hecha pública esta mañana por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara probado que la acusada, Florencia, tras el fallecimiento de su madre María Cristina, el 13 de diciembre de 1998, siguió cobrando la pensión de jubilación que percibía esta hasta el mes de enero de 2017. No fue hasta ese año cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social tuvo conocimiento de fallecimiento de la señora María Cristina. La pensión de jubilación se ingresaba en una cuenta conjunta abierta en abril de 1995 en la que madre e hija figuraban como titulares.

En total, desde enero de 1999 hasta diciembre de 2016 «se ingresaron en las cuentas referidas, cuando ya había fallecido la titular de la pensión de jubilación y, por tanto, y de manera indebida, 126.576 euros».

Indica el fallo que Florencia, que dispuso de las cantidades ingresadas, en ningún momento puso en conocimiento ni de la entidad bancaria ni del Instituto Nacional de la Seguridad Social el hecho del fallecimiento de su madre, por lo que dicho Instituto continuó realizando los abonos mensuales de la pensión de jubilación de ésta: inicialmente de 55 .980 pesetas, abonándose a partir de octubre de 2001 en euros -375,36 €-, para progresivamente alcanzar la cuantía máxima de 636,10 € en octubre de 2016.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha podido recuperar la cantidad de 32.946 euros, que se corresponden con los pagos efectuados durante los últimos cuatro años. De ellos, 12 .023 euros proceden de la cuenta bancaria de la acusada y la cantidad restante, 20.924, «de ingresos efectuados por la propia acusada a fin de reparar el daño, el 21 de febrero de 2017, de 6.000 euros en efectivo, y un préstamo a crédito.

En definitiva, la cantidad total defraudada asciende a 135.612 euros, pero tras descontar las cuantías retenidas por el Juzgado para entregar al INSS, quedarían por abonar 129.243 euros.

Los hechos relatados constituyen, conforme el acuerdo de todas las partes, un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248.1 , 249 y 250.1.5° del Código Penal. La sentencia, al ser de conformidad, es firme y no puede ser recurrida.