La Audiencia de Valladolid celebrará el mayor 'macrojuicio' de su historia con 68 investigados por estafa

Si el pasado día 23 de octubre la Audiencia de Valladolid celebró el llamado 'macrojuicio de las multiestafas', el más voluminoso de su historia en cuanto a número de investigados, un total de sesenta y cinco, lo que obligó a la Audiencia de Valladolid a trasladarse a la Feria por falta material de espacio, el Juzgado de Instrucción número 1 acaba de dictar auto acordando la transformación en procedimiento abreviado las diligencias instruidas en este nuevo caso, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su auto, a la vista de que los hechos pueden ser constitutivos de presunto delito de estafa, falsedad y grupo criminal, acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas para que en el plazo común de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Los hechos objeto de la presente causa, que, casi con toda seguridad, motivarán un nuevo desplazamiento de la Audiencia de Valladolid hasta la Feria, fueron destapados a raíz de una denuncia inicial en octubre de 2015 y llevaron a centrar las pesquisas en un grupo criminal dedicado a obtener dinero de entidades bancarias, que no se devolvía, con la elaboración de documentos que imitaban a otros verdaderos.

Con distribución de tareas, se realizaban estudios previos en diversas entidades crediticias (Santander, Caja Rural de Zamora, ING Bank, Caja Laboral, Bankia y Caixa Bank), de modo que averiguados los requisitos que exigían, se confeccionaban los documentos falsos, se seleccionaba a las personas que luego convenían en colaborar de modo activo y se solicitaban los préstamos para la compra de automóviles.

Otras personas se dedicaban a realizar ingresos que simularan ser procedentes de nóminas de los trabajos inexistentes, para engañar a los empleados bancarios. Este grupo, siembre según la tesis policial, estaba dirigido por A. I.B.C.y R.A.P.V, y llegó a defraudar la cantidad de 522.490,53 euros.

En el transcurso de las investigaciones, la policía efectuó un registro en un despacho del Pasaje Gutiérrez, donde, entre la distinta documentación obtenida, aparecieron diversos papeles que poseen información genérica para la constitución de sociedades 'Offshore' en Reino Unido.

Entre los documentos se localizaron justificantes en papel de mensajes de correo electrónico cruzados entre la cuenta de uno de los investigados y la empleada de una sociedad británica cuyo objeto indiciariamente era la constitución de una sociedad dedicada al comercio de materiales de construcción en Reino Unido y de la que, precisamente, uno de los directores/accionistas era uno de los principales presuntos responsables del grupo investigado, A.I.B.C.

El hallazgo de esta documentación en el registro del local, sede de los presuntos cabecillas, así como el referido cruce de correos «constituyen materia indiciaria respecto al hecho de que el grupo criminal investigado pudiera valerse de una sociedad radicada en el extranjero para canalizar el producto de la actividad delictiva desarrollada», recoge el auto del juez. Se da la circunstancia de los correos reseñados datan del 28 de abril de 2016, fecha en torno a la cual se pudo observar en diversas vigilancias policiales que los «miembros del grupo criminal» establecieron el despacho en el Pasaje Gutiérrez.

«Aparece por tanto indiciariamente el grupo criminal investigado con una actividad tendente a la estafa bancaria, con la utilización de testaferros y toda la infraestructura necesaria para la obtención fraudulenta de préstamos con documentación falsa y, en el momento de la intervención policial, se encontraba comenzando a desplegar un importante esfuerzo destinado a ocultar, colocar y enmascarar los bienes patrimoniales producto de la actividad ilícita investigada», concluye el auto judicial.