La Audiencia de Valladolid estrena el curso con un juicio de tres días por tráfico de armas

Armamento y piezas incautadas por la Guardia Civil durante la operación en el taller casero de Laguna, en 2014. /Miriam Chacón-Ical
Armamento y piezas incautadas por la Guardia Civil durante la operación en el taller casero de Laguna, en 2014. / Miriam Chacón-Ical

Un coleccionista de armas y su hijo y compradores de seis provincias se sentarán en el banquillo el próximo 10 de septiembre, cinco años después de su detención en la Operación Bulldog

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

En abril de 2014 saltó la Operación Bulldog. La Guardia Civil desmanteló, en el trastero de un domicilio de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, un taller clandestino de fabricación de armas que se vendían a través de Internet, puso a disposición judicial a nueve detenidos en seis provincias y se incautó de 109 armas (incluidas algunas de guerra), 5.500 cartuchos, maquinaria, 2,3 kilos de pólvora para la fabricación de munición y cartuchería y 47.000 euros en metálico. Cinco años después, siete de los detenidos en la operación se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Valladolid acusados de tráfico de armas. El tribunal vallisoletano de la Sección Segunda estrenará el curso judicial con este caso, en una vista que está programada para los días 10, 11 y 12 de septiembre, si bien no se descarta que, a última hora, se cierren acuerdos de conformidad de la Fiscalía con alguna de las partes, lo que podría reducir el número de sesiones, según apuntaron fuentes judiciales.

El coleccionista vallisoletano y su hijo se enfrentan, respectivamente, a penas de casi tres años de prisión. Porque no es lo mismo exhibir sobre la chimenea el trabuco del bisabuelo que «mover» por Internet más de un centenar de armas cortas y largas, entre ellas, un fusil de asalto en perfecto estado y listo para disparar. O un bolígrafo pistola hecho en casa. Para la Fiscalía, Francisco Javier G. B. y su hijo, Pablo G. B., cruzaron la línea del coleccionismo para montar en el trastero de su vivienda de Laguna un taller clandestino y fabricar armas, que luego vendían en páginas especializadas de la Red con precios que oscilaban entre los 200 y los 800 euros. El principal suministrador que, para la Guardia Civil, es el «nexo de unión de toda la trama», tiene suspendido el permiso de armas tipo F (de concurso) y carece de antecedentes penales. Unos meses antes de ser detenido había denunciado que le habían sustraído de su domicilio ocho armas inutilizadas.

El fiscal solicita para él y para su hijo, respectivamente, penas de dos años y diez meses de prisión por delitos de tenencia ilícita de armas reglamentadas sin licencia del artículo 564 del Código Penal, en concurso con otro de tenencia de armas prohibidas del artículo 563. En estos artículos se penaliza «la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas», así como «la tenencia de armas de fuego reglamentadas sin las licencias o permisos necesarios». Máxime, si se pretende comerciar con ellas.

Rifles de asalto

A un tercer acusado, Alberto B. R, se le atribuye además el de depósito de municiones de los artículos 566.1 y 567.4, por lo que se solicita la pena de tres años y diez meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio de su industria o comercio por tiempo de 15 años. Este vecino de un municipio de Granada tiene una armería familiar y un taller clandestino, según el escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía de Valladolid. Se le ocuparon, entre otras muchas armas, rifles de asalto Cetme y pistolas «cuyo número de identificación se habían intentado borrar». Para Néstor A. C, de Valencia, le pide un año y diez meses, mientras que al vecino de Orense José Ramón D. V, dos años y seis meses de prisión. Para Óscar E. H., de Bermeo (Vizcaya) tres años y diez meses. Tenía, en su gran colección, además de armas de fuego prohibidas, machetes y estrellas «ninja». Compró un bolígrafo pistola a los vallisoletanos, cuyo envío fue interceptado por orden del juez.

La pena más alta que solicita el fiscal es para un vecino de Málaga, Fernando P. B., que se enfrenta a siete años de prisión, a quien, además de los dos delitos de tenencia se le imputa el depósito de armas de guerra, al incautarse la Guardia Civil de una treintena de armas cortas y largas en funcionamiento, entre ellas, una pistola ametralladora Astra y un subfusil Uzzi, ambos sin legalizar. Para todos los encausados se solicitan penas de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión impuesta.

Los otros tres detenidos durante la Operación Bulldog fueron puestos en libertad sin cargos.

El anuncio

Un anuncio en una web especializada en armas en el que se publicitaba un lote de venta de un revólver Bulldog con expresiones como «ha sido recalibrado al 22» y «el que lo reformó tenía que ser un artista», puso sobre la pista de este mercado ilegal al Servicio de Información de la Guardia Civil en enero de 2014. Tres meses más tarde se detuvo a nueve personas en Valladolid, Valencia, Orense, Granada, Málaga y Vizcaya. En la denominada Operación Bulldog fue intervenido un auténtico arsenal, el mayor hasta la fecha obtenido por la Comandancia de Valladolid.