La década de los 50, desde la autarquía hasta el desarrollismo

El alcalde, Santiago López, en primer plano, durante una visita de Franco a FASA./Archivo Municipal
El alcalde, Santiago López, en primer plano, durante una visita de Franco a FASA. / Archivo Municipal

La entrada de España en la ONU y el Plan de Estabilización de 1959 marcaron una nueva etapa de prosperidad para la dictadura de Franco, que siguió persiguiendo con saña cualquier atisbo de contestación

Enrique Berzal
ENRIQUE BERZALValladolid

La década de los 50 no fue solo un mero puente por el que transitar desde la autarquía hasta el desarrollismo, pues, como muestran las diferentes portadas de El Norte de Castilla, en esos años se sucedieron acontecimientos de gran calado en el devenir político y social del Régimen de Franco. Entre los más relevantes, la consagración del proceso de incorporación a la comunidad internacional con la entrada de España en las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955, lo cual fue posible gracias a la retirada del veto soviético. Esto último se explica por el deseo de las nuevas elites de la URSS, una vez fallecido Stalin, de aproximarse a países ajenos a su órbita de influencia.

Una vez aprobada, en 1958, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que consagraba la preeminencia de la Monarquía en detrimento del poder de Falange, el proceso de institucionalización política culminaría en 1966 con el referéndum de la Ley Orgánica, la cual, como señalaba El Norte de Castilla, disponía la «separación de las Jefaturas del Estado y del Gobierno», este último elegido por Franco a partir de una terna presentada por el Consejo del Reino. El referéndum, celebrado el 14 de diciembre, arrojó un 95,6 % de votos favorables; en Valladolid capital, la ley fue refrendada por 107.098 sufragios, lo que representaba el 91,78% del censo.

Pero la institucionalización de la dictadura precisaba también de una profunda reforma económica que se sacudiese definitivamente el apolillado y deficiente modelo autárquico. La culminación del proceso fue ese «Programa de ordenación económica del país» que destacaba El Norte en su titular de portada el 22 de julio de 1959, pergeñado por los ministros tecnócratas y cuya máxima pretensión, como señalaba el decreto ley, era «iniciar una nueva etapa que permita colocar nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las obligaciones asumidas por España como miembro de pleno derecho de la OCDE».

Tras una primera etapa de dura recesión y costosos ajustes laborales, que se extendió hasta 1962, el Plan comenzó a dar buenos resultados gracias a un proceso de apertura cuyo máximo objetivo era sanear, liberalizar y racionalizar la economía. Aun así, factores como el elevado proteccionismo, el bajo nivel competitivo de las empresas, la regresividad fiscal y la ineficiencia del sector público provocaron efectos no tan beneficiosos; el reverso del Plan, de hecho, sería el estancamiento de la agricultura, las acusadas diferencias regionales y el éxodo rural.

La plasmación de este proceso en Valladolid vino de la mano de su designación como Polo de Desarrollo, el 24 de enero de 1964, lo que potenció su liderazgo regional en el ámbito industrial y reforzó la especialización en el sector del automóvil. Reflejo igualmente de la prosperidad de la década fue la inauguración de la Feria de Muestras, el 7 de septiembre de 1965, presentada en público como un medio de «propulsar la expansión económica y favorecer los intereses de la Patria, facilitando prácticamente la exhibición y el intercambio entre el expositor y el consumidor».

Represión

Pero la apertura económica no se correspondía con mayores libertades políticas. La dictadura, que en julio de 1961 vivió otro de sus momentos de apoteosis propagandística con la inauguración, por el mismo Franco, del monumento a Onésimo Redondo en el vallisoletano cerro de San Cristóbal, siguió persiguiendo con saña todo atisbo de contestación, más aún tras los graves disturbios universitarios de febrero de 1956, en los que jóvenes que no habían vivido la guerra civil arremetieron contra el falangista SEU. Los enfrentamientos no solo se saldaron con la suspensión de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, como señalaba El Norte de Castilla, sino también con numerosas detenciones («caerá el rigor de la ley sobre los perturbadores del orden público») y una crisis de gobierno que se zanjó con la salida del ministro de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, y el fin del dominio falangista y católico en beneficio de los tecnócratas vinculados al Opus Dei (Alberto Ullastres, Laureano López Rodó, Mariano Navarro Rubio, Gregorio López Bravo).

La dureza represiva del Régimen salió nuevamente a escena con ocasión del IV Congreso del Movimiento Europeo celebrado en junio de 1962 en Munich, en el que monárquicos, socialistas, democristianos, nacionalistas vascos y republicanos aprovecharon para lanzar un manifiesto a favor de las libertades democráticas en España. La reacción del Régimen, iracunda y visceral, consistió en tildar el encuentro de «contubernio» («Queda al descubierto el contubernio de la traición a España», se leía en El Norte de Castilla) y en procesar, condenar y desterrar a algunos de sus promotores. Y es que, al actuar de esta manera en un foro tan señalado, la oposición democrática no solo contradecía ese catálogo de bondades que Fraga difundía en su campaña propagandística de los «25 Años de Paz», también dañaba esa imagen aperturista que pretendía afianzar en la esfera internacional.

 

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