El TSJ anula el uso lácteo del solar de Lauki que fijó el Ayuntamiento de Valladolid en un Pleno de 2016

La decisión municipal se realizó en pleno proceso de negociación entre los sindicatos con la dirección de Lactalis, que se cerró con el cierre de la factoría que contaba aquel año con 82 trabajadores.

En el fallo de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ, se da la razón a la empresa frente a los servicios jurídicos del Consistorio de la capital, que defendieron la modificación del PGOU para evitar «la especulación del suelo», y argumentando en su recurso contra Lauki «la necesaria conexión del urbanismo con la realidad social y económica» de la zona.

La modificación urbanística afectaba exclusivamente al solar propiedad de Lactalis, y consistió en que el uso de la parcela pasaba de «uso de industria general», que tenía asignado en el PGOU, a un «uso especial» que concretaba como condición principal que la parcela se destinase para «la elaboración, tratamiento y transformación de productos lácteos». Se añadía, además, una nueva Área Especial –AE 35– en la que se recogía que el solar afectado era la «fábrica de productos Lauki», donde también quedaba limitada la edificabilidad a futuro en 0,75 metros cuadrados.

Pese a ello, el TSJ da la razón a Lauki que consideró en su recurso contra la decisión municipal que la modificación «era innecesaria (...) puesto que la edificación construida en la parcela sirve para el uso a que está destinada y se acomoda a la ordenación existente» del PGOU.

La empresa sostuvo también, y el tribunal le da la razón, que el informe emitido por la Sección de Planeamiento del Ayuntamiento de Valladolid, para justificar el cambio de uso, «no hace sino recoger generalidades referidas a la ordenación urbana, pero en modo alguno concreta las razones específicas que puedan justificar la modificación. (...) Se hace alusión al tiempo que lleva emplazada la industria en el mismo lugar, que se ha mantenido a pesar de la rotunda transformación de los alrededores, pero en modo alguno exterioriza razones por las que haya de protegerse ese uso en el lugar concreto», indica el fallo.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Adriana Cid, señala además que el cambio de uso que aprobó el Pleno del Ayuntamiento en 2016 no contemplaba dentro de los destinos pormenorizados para el uso industrial, que vienen en el artículo 367 del PGOU, el de tratamiento y transformación de productos lácteos, y sí los de «industria urbana, industria general, industria específica, industria jardín o patio industrial».

Lactalis argumentó, en este sentido, que la edificación de su fábrica se acomodaba a las condiciones para el uso de industria general, al tiempo que la Memoria Vinculante que presentó Urbanismo para tomar esta decisión «carecía de la justificación necesaria y precisa, tanto de la conveniencia como de la acreditación del interés público».

La anulación por parte del Tribunal Superior, que es recurrible ante el Supremo en 30 días, recuerda la jurisprudencia desde el 2008, y añade que la potestad de planeamiento urbanístico debe de servir para el diseño de los espacios habitables, usos y equipamientos, así como para las perspectivas de su desarrollo, pero «no a los intereses de uno o de varios propietarios, ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal».

Durante el procedimiento contencioso, la multinacional láctea reclamó con carácter subsidiario, en el caso de que el TSJ aceptase el cambio de uso urbano, que el Ayuntamiento de Valladolid le indemnizara con 1.858.969 euros por el detrimento patrimonial derivado de la vinculación impuesta al suelo de su propiedad. Este importe no será necesario abonarlo al darle la razón, pero sí el pago de las costas.

El conflicto por el cierre de Lauki se resume dos años después en un proceso desafortunado pese a los esfuerzos que desde todos los ámbitos (parlamentarios –españoles y europeos–, sindicales, empresariales y asociativos) se realizaron. Quedaba por cerrar este capítulo laboral, el judicial.

A la desestimación en octubre del año pasado por parte del Juzgado de lo Social 2 de la demanda presentada por los sindicatos CC OO y UGT, para forzar a la compañía a que abriese «un proceso de venta real» del solar, se une ahora el carpetazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León sobre el acuerdo del Pleno municipal de 2016 que limitaba el uso industrial de la parcela.

Tres jueces han declarado nulo y no ajustado a derecho el mismo, y han concluido que «aunque la Administración alegue razones, éstas no resultan adecuadas para justificar la decisión adoptada» de limitar otros usos industriales a la parcela que es propiedad de la multinacional francesa.

Con un pronunciamiento judicial, en el que se sostiene que la «potestad discrecional» del Ayuntamiento de Valladolid «no puede partir de hechos inexistentes, inventados o distintos a los reales», para elaborar una Memoria Vinculante que justifique el interés público en el cambio de uso del antiguo solar de Lauki, el sindicato UGT pidió ayer pasar página para ser pragmáticos.

«El Consistorio tiene que buscar ahora una actividad para ese terreno, e iniciar si es posible una negociación con Lactalis», reclamó ayer Raúl Santa Eufemia, secretario de Política Sindical de UGT, que consideró que el equipo de gobierno mostró «una imagen de dureza en el Pleno sin labrar con rigor el cambio de uso. Y no se puede limitar a la producción de lácteos ese solar. Son muchos los meses que esas instalaciones llevan cerradas y hay que darle una alternativa», concluyó Santa Eufemia.