La agonía del franquismo

Asamblea de obreros en huelga de FASA en la parroquia, con la policía rodeando el templo./
Asamblea de obreros en huelga de FASA en la parroquia, con la policía rodeando el templo.

Designado Juan Carlos de Borbón sucesor en la Jefatura del Estado, el asesinato de Carrero Blanco, en 1973, abrió una fuerte crisis en la dictadura, que acabaría sus días ejecutando cinco sentencias de muerte

ENRIQUE BERZALValladolid

En 1969, aquellas «previsiones sucesorias» contenidas en la Ley de 1947 se cumplieron finalmente en la persona de don Juan Carlos de Borbón, designado por Franco como su sucesor en la Jefatura del Estado. Ocurrió el 22 de julio, cuando las Cortes ratificaron la propuesta por 491 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. La noticia fue recibida como un mazazo en el entorno de don Juan, su padre y legítimo heredero, apartado de la línea sucesoria por un Caudillo que, de esta forma, le servía, en plato muy frío, su venganza por aquella campaña emprendida en contra suya tras la Segunda Guerra Mundial. Así que aquel 23 de julio de 1969, don Juan Carlos juró «lealtad a Su Excelencia, Jefe del Estado, y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional».

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La institucionalización de la dictadura seguía avanzando a través de otras medidas relevantes, como el cambio de gobierno de octubre de ese mismo año, que consagraba el predominio de los tecnócratas vinculados al Opus Dei, y el nombramiento, en julio de 1973, del almirante Luis Carrero Blanco como presidente del Gobierno, haciendo efectiva así la separación de las dos Jefaturas, la del Estado y la del Gobierno, según la Ley Orgánica de 1966.

Seis meses después, sin embargo, el asesinato de Carrero a manos de ETA abría una grave crisis en el Régimen. «Su automóvil fue alcanzado por la explosión provocada por un grupo terrorista», podía leerse el 21 de diciembre de 1973 en la portada del Norte de Castilla. A esas alturas, Carrero era el más leal colaborador de Franco y el encargado de asegurar la continuidad de la dictadura. «Me han cortado el último lazo que me unía al mundo», dijo, al saber la noticia, un deteriorado jefe del Estado, que días después se decantaba por Carlos Arias Navarro, ministro de la Gobernación, como nuevo presidente del Gobierno.

El anuncio, por parte de este, de una inminente ley sobre el derecho de asociación política, unido a la flexibilización del control gubernamental de los medios de comunicación, alentó una expectativa reformista que muchos bautizaron como el «espíritu del 12 de febrero». Pero era un espejismo: ya el 24 de diciembre de 1974, El Norte de Castilla hablaba de «Decepción ante el asociacionismo político» en referencia al descafeinado proyecto publicado en el BOE, que sometía las asociaciones a las leyes fundamentales del Régimen. El gobierno Arias «divorcia así la realidad del país de su legalidad», sentenciaba este periódico.

Entretanto, la oposición a la dictadura se iba extendiendo y diversificando. Así lo atestigua la entrada de Valladolid en el grupo de ciudades más conflictivas, con episodios como los primeros brotes de contestación vecinal y, sobre todo, las huelgas de la Construcción (noviembre de 1973) y FASA, estas últimas con especial virulencia desde septiembre de 1974. A ello hay que sumar la lucha estudiantil, que desembocó en el cierre de la Universidad el 8 de febrero de 1975, medida de fuerza que este periódico rechazó con contundencia en un editorial publicado al día siguiente:

«Existe, por lo tanto, en un primer lugar, una desproporción evidente en la medida, y ésta resulta obviamente extemporánea (…) Si, como se dice, los desórdenes universitarios los provoca siempre una minoría revoltosa, no es justo que pague por ellos una enorme mayoría estudiosa y formal, y que pague con un gravísimo perjuicio no sólo económico, sino, evidentemente, moral, intelectual y temporal, también, como es la pérdida posiblemente irreversible de todo un año de vida práctica».

La crisis abierta en el Régimen por circunstancias como el deterioro físico de Franco, la labor de la oposición, el impacto de la Revolución portuguesa de los Claveles y la crisis económica generada por el alza de los precios del petróleo no fue óbice para que este siguiera respondiendo con duras medidas represivas contra quienes luchaban activamente contra la dictadura.

Murió matando

Así, la detención de la cúpula de Comisiones Obreras, producida en junio de 1972 en una residencia aneja al convento de Padres Oblatos de Pozuelo de Alarcón, condujo a la cárcel de Carabanchel a Marcelino Camacho, Francisco García Salve, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban, Juan Marcos Muñiz Zapico y el vallisoletano Luis Fernández Costilla. Era el famoso ‘Proceso 1001’, saldado con una severa petición de penas.

Más impactante fue la ejecución a garrote vil, en marzo de 1974, de Salvador Puig Antich, condenado por el homicidio de un policía durante un tiroteo, y, sobre todo, el cumplimiento de las penas de muerte contra tres miembros del FRAP y dos de ETA, el 27 de septiembre de 1975: en ambos casos, pero muy especialmente en este último, la opinión internacional mostró un categórico rechazo.

Ya entonces, la salud del jefe del Estado se precipitaba sin frenos por la pendiente definitiva: su muerte, ocurrida el 20 de noviembre de 1975 en el Hospital La Paz, tras dos largas semanas de agonía, fue anunciada a los españoles por un compungido Arias Navarro. El Norte de Castilla afrontó aquella histórica jornada desde un posicionamiento moderado que confiaba en don Juan Carlos, heredero en la Jefatura del Estado, un futuro inmediato de apertura política y orden social a través de un tránsito reformista basado en las posibilidades que ofrecían las Leyes franquistas.

Por eso, cuando el 22 de noviembre de 1975 se verificó la proclamación de don Juan Carlos como Rey de España, este periódico no dudó en interpretar su comedido discurso como el deseo de afianzar una «vida política normal y equiparada al desenvolvimiento democrático de los países occidentales», esto es, propiciar «una España alineada con las democracias europeas».

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