El exedil Manuel Sánchez y el asesor del anterior alcalde declararán por el aval del soterramiento

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, la magistrada-juez Verónica María Marcos, citará a declarar en los próximos días al exconcejal del PP Manuel Sánchez y a Carlos Baró, el ingeniero de Caminos contratado por el anterior equipo de gobierno como asesor de Francisco Javier León de la Riva en materia ferroviaria. Ambos testificarán en calidad de investigados (figura que sustituye a la del imputado) a petición de la Fiscalía para aclarar si tuvieron alguna participación en la firma de la comfort letter, el aval al crédito del soterramiento que en 2011 rubricó el anterior regidor y que garantizaba el pago del 25% del préstamo (100 millones de euros) de las arcas municipales en el caso de no se cumpliera el contrato.

El Ministerio Público solicita su comparecencia tras la declaración prestada por el anterior edil de Hacienda y actual concejal en la bancada de los populares, Alfredo Blanco, el pasado día 11 de enero. En aquella ocasión, Blanco se desvinculó de cualquier participación en este proceso y apuntó que el área competente en la materia era de la Infraestructuras, gestionada entonces por Manuel Sánchez, ya jubilado y fuera de la política.

La Fiscalía recuerda que Sánchez, al igual que Blanco, también estuvo presente en la reunión del consejo de administración de Alta Velocidad del 24 de enero de 2011, en la que se informó a sus miembros de la necesidad de aportar garantías a los bancos antes de cerrar la póliza de préstamo. En aquel encuentro el representante de Adif, Ricardo Bolufer, llamó la atención porque los costes del crédito eran «muy altos» y las condiciones impuestas «muy duras». El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, le encomendó intentar suavizar esas cláusulas.

En la testifical de Blanco, también salió el nombre de Carlos Baró, quien se encargaba de colaborar con León de la Riva en todo lo relacionado con la operación del soterramiento, unas negociaciones, dijo el exedil de Hacienda la semana pasada, que el máximo responsable del Ayuntamiento llevaba de forma personal.

La titular de Instrucción 4 ha dictado una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de Valladolid que le facilite los domicilios de ambos con el objetivo de citarles y en la que pide, también, el expediente y la documentación relativa a la contratación de Baró durante el tiempo que asesoró al exalcalde.

En su visita a los juzgados de Angustias el pasado 22 de noviembre, el exregidor de la capital aseguró que él no consultó con nadie a la hora de rubricar la carta de conformidad, a pesar de que en sus alegaciones durante la tramitación de la anulación administrativa del documento por parte del Consistorio apuntó que actuó asesorado por «el concejal delegado y por los técnicos de la municipalidad».

En su última versión en la sala de vistas, León de la Riva recalcó que ignoraba la trascendencia mercantil de la comfort letter y argumentó que la consideró como un trámite más dentro del contrato de crédito con las seis entidades financieras, que no era necesario someter a ningún informe municipal ni a la aprobación del pleno. El exalcalde está siendo investigado por la posible comisión de delitos de prevaricación y falsedad.