Seis juzgados y el Banco de España se movilizan a la vez en una macrorredada en Valladolid

Una macrorredada policial efectuada a lo largo de la jornada de ayer ha destapado una red que se dedicaba a falsificar billetes de diez euros y al tráfico de drogas. El dispositivo policial se realizó a lo largo de la mañana en coordinación con personal de dos juzgados de Instrucción y en varios puntos de la capital vallisoletana.

En la operación llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han participado también inspectores del Banco de España, desplazados desde Madrid.

La investigación comenzó hace unos meses después de que se detectase la utilización de billetes de 10 euros falsificados, y cuyo origen determinó que se estaban fabricando en una vivienda del barrio de Covaresa.

Según indicaron vecinos de la Plaza Torrente Ballester, en este barrio, «los agentes llegaron a primera hora de la mañana y tras realizar una inspección del piso en el que residía una pareja se llevaron una máquina, papel y detenido al hombre». Paralelamente, los funcionarios pudieron comprobar como algunos de los participantes en esta red de falsificación de moneda, que estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1, mantenían vínculos y sedes con otros grupos que se dedicaban al tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas. Estas diligencias han estado dirigidas por la magistrada de Instrucción número 4 de Valladolid, Verónica Marcos, que ordenó en la jornada de ayer el registró de varios domicilios de la capital.

Uno de estos registros se realizó en una vivienda del barrio de Huerta del Rey, en la calle Joaquín Velasco Martín 102, cerca del puente de García Morato, donde se utilizaron perros de la Unidad Canina de la Policía Nacional. Otro de los registros se efectuó en la calle Incienso, de la Pilarica, así como en varias viviendas de la avenida de Salamanca, donde, supuestamente, residían miembros de esta organización.

Para efectuar este dispositivo policial, los agentes tuvieron que actuar de forma coordinada con media docena de letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales).

Según explicaron fuentes judiciales, «la complejidad de la macroperación, y para evitar la destrucción de pruebas, se tuvo que movilizar a los seis letrados de de Instrucción, e incluso de algún otro juzgado de lo Penal, para que dieran fe de lo hallado en los registros». Precisamente los titulares de los dos juzgados han tenido que expedir los mandamientos de entrada y registro de los pisos.

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