La embajada española en Italia evita el cierre de una empresa de Matapozuelos

La intervención de la diplomacia española en Italia ha evitado que una empresa de Matapozuelos, dedicada a la recolección y comercialización de piñones, echase el cierre por falta de liquidez y financiación, a la que se vio abocada para poder continuar con su actividad después de que sus cuentas se vieran gravemente afectadas por el impago de una deuda con una mercantil italiana.

La condena por impago, que alcanzó los 349.000 euros con costas e intereses, fue reconocida en un fallo por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valladolid y confirmada por la Audiencia Provincial, en junio del 2015. Pese a ello, la empresa Piñones Román Lorenzo S. L. no logró que la mayorista italiana le abonase el importe reconocido, y no dejándole otra opción que reclamar en los tribunales italianos. La empresa italiana alegó impurezas en la mercancía recibida desde Valladolid, en los 233.077 kilos de piñones que fueron vendidos.

La desesperación de los propietarios de Matapozuelos hizo que comunicasen lo sucedido al personal de la embajada de España en Italia, que ha tenido que utilizar no solo los medios diplomáticos, sino la representación de la justicia en ese país para evitar que el pleito mercantil se prolongase meses consecuencia del atasco judicial italiano.

Así, la mediación internacional ha facilitado que la compradora acceda a pagar a plazos la deuda fijada por los dos tribunales de Valladolid.

Los hechos de esta reclamación económica ocurrieron a principios del 2012 cuando Piñones Román Lorenzo, una empresa constituida en 2003 para recoger y comercializar frutos secos en bares, restaurantes o supermercados, acordase la entrega de 233 toneladas de piñones a una mayorista italiana, con la que llevaba años de relación comercial.

Aunque este tipo de ventas, dadas las características del producto, conllevan la aceptación por las partes de un grado de impurezas, la empresa de Roma cuestionó el producto, por lo que rehuso pagar.

Para determinar quién de las dos litigantes tenía razón, el Juzgado de Primera Instancia número 6 tuvo que valorar dos pruebas periciales, una a instancia de la demandada, y en el lugar del destino de la mercancía (Italia), y la segunda hecha a petición del juzgado vallisoletano.

Las dos pruebas fueron diametralmente opuestas, ya que mientras la primera daba un grado de impurezas del 31,5%, muy superior a lo que se pactó, la segunda las reducía al 8,6%, que era un índice inferior al marcado en el contrato.

El juez de Valladolid se inclinó por dar mayor credibilidad a esta segunda prueba pericial, por lo que concluyó en dar la razón a la empresa piñonera de Matapozuelos.

De nada sirvieron los argumentos italianos de que habían advertido mediante 20 llamadas de teléfono las deficiencias en los piñones entregados, que no acreditaron que pusieran en conocimiento del vendedor las impurezas que contenía.

«Fueron muchas llamadas, sin embargo, de duración escasa, lo que hace presumir que a través de las mismas no se produjera discusión alguna sobre la calidad», reconocía la Audiencia Provincial en su fallo de 23 de junio de 2015.

Otro contrato posterior

Los jueces vallisoletanos de la Sección 3 recuerdan además que la compradora italiana no solo no recibió en los meses de julio y agosto del 2012 los 233.077 kilos de piñones, y realizó los análisis en ese mismo periodo, sino que «a finales de agosto celebró otro contrato de compraventa de 4.503 kilos de piñones a 6 euros el kilo, precio sensiblemente mayor que el acordado en el contrato anterior».

En el juicio, que tuvo lugar en la capital vallisoletana en 2014, la empresa italiana argumentó que debido a las impurezas tuvo que comprar a terceros más piñones, y a un precio superior, por lo que llegó a reclamar a la justicia española una indemnización.

La mayorista italiana está considerada una gran productora, que no sólo se limitaba a comprar piñones a la mercantil de Matapozuelos sino a otras muchas. Por su parte, Piñones Román Lorenzo es la segunda pyme española en este campo, que efectúa el proceso piñonero al completo, desde la recogida de piñas hasta su venta y exportación.

El 90% de su actividad, que realiza después de quedarse en subastas públicas con las piñas de municipios como Valladolid, Mojados, Tudela de Duero y Portillo, se dedica a la exportación.

Cuando se registró el impagado en 2012, la empresa de Matapozuelos facturaba unos 4,5 millones de euros anuales, una cifra que ha ido bajando estos últimos cuatros ejercicios como consecuencia de la reducción de piñones por las plagas forestales en los pinos. Italia era entonces su principal cliente, pero desde entonces ha ampliado los mercados a Alemania y Suiza.

De Valladolid a Roma para ejecutar

Con dos sentencias españolas favorables, esta pequeña empresa forestal se las deseó para seguir adelante, ya que los bancos no prestaban en plena crisis. «Nos enfrentamos en los tribunales con la número uno mundial del sector», reconoce Javier Román, a quien no agrada recordar «los difíciles momentos por los que pasamos».

Para justificar que había impurezas en los piñones que se entregaron, la empresa llegó a la sala de vistas de Nicolás Salmerón con sus propios peritos y tasadores económicos de Madrid. Pero Piñones Román ganó el pleito, aunque se le abrió otro frente: la ejecución de la sentencia en Italia. La condena en costas e intereses elevó la reclamación vallisoletana a los 349.000 euros.

«En Italia, los abogados nos pedían un dineral después de habernos gastado más de 70.000 euros en España. Los letrados de allí no nos aseguraban que la ejecución se llevase a buen puerto. Entonces no nos quedó otra que mandar cartas al Ministerio de Exteriores y al de Justicia. Estuvimos con el Procurador del Común, y gracias a todos ellos se pusieron en contacto con nosotros desde la Embajada en Roma», dice.