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Cinco afectados de ceguera por una operación demandan al Sacyl

Cinco afectados de ceguera por una operación demandan al Sacyl

Son las primeras denuncias judiciales en España de los damnificados por el perfluoroctano, personas que han visto rota su vida por un medicamento inadecuado y cuyas historias puede leer en la edición impresa de El Norte de Castilla y en Kiosko y Más

Mónica muñoz

Domingo, 1 de mayo 2016, 09:27

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Cinco afectados por los casos de ceguera del Río Hortega demandarán a Sacyl ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. Amaya Gil, Rafael Martínez Miguélez, Paula Salgado, Jesús del Agua y Luis Manso son los cinco vallisoletanos que iniciarán el proceso judicial para solicitar sendas indemnizaciones ante la finalización de la instrucción del expediente administrativo. El Sacyl agota a mediados de mayo el plazo de seis meses previsto en Real Decreto 429/2013, de 26 de marzo, para la resolución del mismo, por lo que se procederá a interponer las oportunas demandas judiciales ante el Superior de Justicia contra la administración sanitaria de Castilla y León, según adelanta el despacho de abogados bilbaíno Gómez de Menchaca que gestiona más de la mitad de los 108 casos reconocidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Estas demandas serán las primeras de España por los casos de ceguera tras el uso del perfluoroctano en intervenciones por desprendimiento de retina. Aunque el primer proceso administrativo en el que se cumplía el plazo de seis meses era el caso de la demanda del guipuzcoano Mikel González Etxepare, una ampliación del mismo, ha supuesto que Castilla y León sea la primera comunidad que llegue a los tribunales. El jurista titular que representa a los pacientes de Valladolid, Carlos Gómez Menchaca, explica que Castilla y León ha agotado los plazos sin que la Consejería de Sanidad se haya puesto en contacto ni con él ni con ninguno de los afectados. El silencio ante las reclamaciones acompañado de la «opacidad» de la administración de la autonomía han imposibilitado ningún acuerdo para evitar el juicio. «Si en quince días no hay respuesta, las cinco personas que se han quedado ciegas llevarán a Sacyl a los tribunales», reitera el abogado bilbaíno, quien aclara que se iniciará el procedimiento sin perjuicio de alcanzar acuerdos indemnizatorios, en cualquier momento, mientras dure el procedimiento. En su opinión, la gestión de Sacyl aunque es «legal» es «injustificable» porque no han respondido a nada.

Indemnizaciones millonarias

La compensación que solicitan los demandantes será millonaria. Aunque desde el despacho de abogados se prefiere no fijar cifras ante la inmediatez del proceso judicial, ya se manejó con anterioridad una cantidad conjunta que supera los 1,5 millones de euros. Gómez Menchaca aclara que cada caso es diferente porque habrá que estudiar la repercusión en sus vidas, edades y situación laboral, entre otros factores, para fijar la indemnización. Si antes no se llega a un acuerdo extrajudicial, se prevé un proceso de 8 a 10 meses, muy largo para los cinco afectados vallisoletanos que quieren cerrar cuanto antes este episodio de sus vidas. No obstante, todos coinciden en que quieren que alguien se responsabilice de su pérdida de visión, y que se haga justicia.

El jurista bilbaíno explica que las demandas se interponen contra quien presta el servicio, en este caso el responsable es Sacyl, aunque las aseguradoras entran en la decisión de alcanzar acuerdos con los afectados. El Sacyl, por su parte, podrá presentar una reclamación a la casa responsable del producto. Hasta el momento, el laboratorio alemán Ala Medics, que comercializó el perfluoroctano bajo la marca Ala Octa, ha negado que su producto causara la pérdida de visión y ha responsabilizado a los facultativos. Los estudios contradicen la estrategia de la compañía para no hacerse cargo de las lesiones cometidas. De hecho, las evidencias de la vinculación de las cegueras al uso del producto industrial han conducido a la empresa alemana a la quiebra. La insolvencia de Ala Medics una pequeña empresa ubicada en el estado de Baden-Wurtemberg, donde proliferan los laboratorios químicos y médicos supone un serio revés para los diferentes sistemas de salud, así como para las clínicas privadas que han utilizado este compuesto líquido. La suspensión de pagos de la firma acarrea que no va a afrontar las cantidades millonarias que le van a reclamar para indemnizar a los pacientes afectados, entre ellos los cincos que presentarán las demandas en Valladolid.

Cercano el estudio definitivo

Las primeras investigaciones del Instituto Universitario de Oftalmobiologia Aplicada (IOBA) concluyeron que el perfluoroctano Ala Octa, empleado en ocho cirugías de desprendimiento de retina en el Hospital Universitario de Donostia y en una practicada en Cruces es tóxico. Los experimentos realizados en el prestigioso centro de Valladolid revelaron que dos de las muestras originan muerte celular en el 99% de las células de la retina y los otros dos, la necrosis del 50%. Esta vinculación causa-efecto se ha demostrado también en nuevos lotes de este producto.

El laboratorio se lava las manos

  • El «descalabro» de Ala Medics empezó a gestarse a mediados del pasado año a raíz de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) diese, el 26 de junio, la alerta para que dejara de utilizarse el perfluoroctano Ala Octa. ¿El motivo? El Servicio Vasco de Salud le había notificado trece casos nueve en la sanidad pública y cuatro en centros privados de pérdidas de visión injustificables dado que la cirugía había salido bien. El nexo de todos los casos era el producto aplicado durante la intervención para fijar las retinas desprendidas, una especie de «silicona» que se retira minutos después. Los avisos del Servicio Vasco de Salud y de la AEMPS provocaron una alerta en la Unión Europea. Esto llevó a la propia empresa a ordenar a sus distribuidores que dejaran de comercializar el producto hasta aclarar qué ocurría. En noviembre, Ala Medics lo retiró definitivamente del mercado sin admitir la toxicidad.

El IOBA, contratado por el servicio vasco de salud, Osakidetza, ha evaluado la toxicidad aguda en cultivo celular de epitelio pigmentario de la retina (EPR) y en cultivo organotípico de neurorretina. Tras estos análisis, los lotes se consideran «potencialmente citotóxicos para las células del EPR y neurorretina a tenor de las diferencias observadas en términos de muerte celular y de degeneración celular/tisular con respecto a los controles empleados». La AEMPS continúa esta investigación, junto con el IOBA y el grupo de expertos, para finalizar los análisis y obtener conclusiones definitivas, que estarán listas a mediados de mayo. En esta línea, ha puesto a disposición del grupo de expertos una herramienta de comunicación a través de la cual se comparte la información sobre los casos notificados para proceder a su evaluación individualizada.

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