Los incidentes en el Toro de la Vega del año pasado se saldan con 100.000 euros en multas

Los graves incidentes de la última edición del Toro de la Vega no quedarán impunes. El Ayuntamiento de Tordesillas y la Delegación del Gobierno en Castilla y León han tramitado hasta la fecha 143 expedientes sancionadores, con multas o propuestas de sanción que superan en conjunto los 100.000 euros, por el intento de boicot de un festejo legal y autorizado. Es la primera vez que las administraciones públicas actúan con esta contundencia contra los antitaurinos, aunque también es cierto que nunca antes del año pasado las protestas de los detractores del torneo tordesillano habían llegado tan lejos.

Como se recordará, en la edición de 2014, alrededor de doscientas personas protagonizaron una sentada en la rotonda situada al final del puente de la localidad para impedir la suelta del toro 'Elegido' y que pudiera celebrarse el festejo. Su presencia en una zona descubierta del recorrido, y de paso obligado por el astado, implicaba un grave riesgo para la integridad de los propios manifestantes, por lo que el inicio del torneo tuvo que retrasarse 23 minutos, hasta que los agentes de la Guardia Civil desplazados hasta la localidad lograron desalojar por completo a los protagonistas del intento de boicot.

Este fue el principal de los incidentes, si bien no el único. Los agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona como responsable de un conato de incendio en la ribera, y otros antitaurinos fueron identificados como presuntos autores de pintadas en fachadas, y vertido de aceite a lo largo del recorrido, entre otros actos vandálicos que motivan la mayoría de las propuestas de sanción administrativa en curso.

«Es algo lógico», explica el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela. «Si alguien rompe un cristal, debe pagar el cristal y la multa correspondiente. Del mismo modo, si alguien intenta boicotear una actividad pública legal y autorizada debe ser castigado. Los actos de vandalismo no pueden quedar impunes».

«Todo el mundo tiene derecho de manifestación y libertad de opinión y de expresión, pero ello no conlleva ningún derecho a causar mal a otros, impidiendo el normal tránsito peatonal, y el desarrollo de un festejo», añade.

Al amparo de la Ordenanza municipal reguladora del Inmemorial Torneo del Toro de la Vega, y de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, el Ayuntamiento de Tordesillas abrió el año pasado 73 expedientes sancionadores, de los que se ha completado la tramitación de 53, con propuestas de sanción que oscilan entre los 1.200 y los 2.400 euros. Todos los afectados presentaron un mismo recurso de reposición contra las sanciones, que todavía están en fase de resolución. «El uso de un recurso tipo evidencia que todos ellos formaban parte de un mismo grupo», explica González Poncela.

Por su parte, portavoces oficiales de la Delegación del Gobierno en Castilla y León explicaron que se iniciaron 96 denuncias a instancias de la Guardia Civil, que han conducido a la apertura de 90 expedientes sancionadores. En seis casos se descartó la posible sanción por no existir evidencia suficiente de la implicación de los denunciados en los hechos.

En el caso de la Delegación del Gobierno, las sanciones están motivadas, en todos los casos, por presuntos delitos de desórdenes públicos y oscilan entre los 600 y los 1.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. Los castigos más graves se reservan para quienes se encadenaron en la rotonda del puente, impidiendo el normal desarrollo del festejo tradicional, que cuenta con más de 400 años de historia. Una parte de las multas impuestas por la Delegación del Gobierno han sido ya pagadas, mientras que otras se encuentran recurridas.