Cuando Valladolid fue un inmenso estercolero

El Ayuntamiento tuvo que recurrir a la mediación de los parlamentarios de UCD y PSOE para atajar la impactante huelga de las basuras de julio de 1977

Acumulación de bolsas de basura en la vía pública. /
Acumulación de bolsas de basura en la vía pública.
ENRIQUE BERZAL

De pronto, Valladolid saltó a las páginas de los periódicos nacionales por un motivo que ninguno de sus habitantes desearía: la ciudad se había convertido en un gran estercolero, abundaban los hedores, las ratas y las moscas, la basura se desparramaba por las calles y la Policía Armada hacía frente a centenares de vecinos en pie de guerra.

Ocurrió en julio de 1977 y ha pasado a la historia reciente de la ciudad como «la huelga de las basuras». Alentada por la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT), central sindical del Partido del Trabajo (PTE) con gran fuerza en el Servicio Municipal de Limpieza, comenzó a fraguarse a finales de mayo de 1977 a través de una serie de demandas acordadas por los trabajadores en asamblea.

El grueso de las mismas era conseguir un incremento del salario real hasta las 25.000 pesetas, pero también la jornada laboral de 40 horas semanales y 48 de descanso, cobrar el 20% de nocturnidad, otro tanto en materia de toxicidad, reconocimiento médico cada 3 meses y abolir el trabajo destajista.

Los trabajadores acordaron dar al Ayuntamiento un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio de 1977, para que se pronunciara sobre dicha tabla reivindicativa; en caso de que no la aprobara, irían a la huelga. Y así ocurrió. Aquel día, el Ayuntamiento en pleno, presidido por Francisco Fernández Santamaría, rechazó las peticiones acusándolas de imprecisión y aduciendo la imposibilidad de incrementar los salarios una vez aprobados los presupuestos.

Es más, a instancias del primer edil, se publicaron los salarios percibidos por los trabajadores de limpieza con la intención de demostrar que superaban las 25.000 pesetas demandadas: los del servicio nocturno cobraban 33.480 por la recogida de basura y 29.400 por la limpieza de calles, y los del diurno, 28.840 y 26.840, respectivamente. Pero había trampa: ese no era el salario real, sino el resultado de añadirle los pertinentes incentivos, los cuales, al no estar integrados en dicho salario base, dejaban en muy mala situación al trabajador en caso de enfermedad o jubilación.

Ni que decir tiene que la reacción edilicia acrecentó aún más el malestar de la CSUT. Ese mismo día, 30 de junio de 1977, los trabajadores, reunidos en el Parque Municipal de Las Eras, decidieron ir a la huelga. Comenzaba así una de las reivindicaciones que más daría que hablar, y protestar, en el Valladolid de la Transición democrática.

El Ayuntamiento cumplió la advertencia de despedir a quienes no se incorporaran al trabajo en 72 horas, 350 operarios en total, los cuales añadieron a sus reivindicaciones la puesta en libertad de Javier Gallegos, detenido hasta el día 4. Mientras el edil Miguel Martín Luquero proponía negociar con los trabajadores en asamblea, otros como el alcalde o el concejal delegado del servicio en huelga, Vicente Garrido Capa, insistían en la ilegalidad de la protesta y en la negociación con representantes elegidos por los huelguistas.

El movimiento fue incrementando su intensidad conforme avanzaban los días, la basura se desparramaba por las calles, las negociaciones fracasaban y en barrios como la Rondilla, con 40.000 vecinos, la protesta se unía al malestar existente por 2.500 viviendas que, recién construidas, se hallaban en pésimo estado. Valladolid era un polvorín.

Así pudo comprobarse el 4 de julio, cuando más de 300 personas se concentraron frente al Ayuntamiento y la Policía Armada retiró una pancarta reivindicativa; en respuesta, un contenedor ardió a las a las nueve y cuarto de la noche. Ya entonces, se calculaba en cerca de 1.000 toneladas la basura desparramada; el olor comenzaba a ser insoportable.

Al día siguiente fue mucho peor. «La ciudad se ha convertido en un inmenso estercolero y, desde todos los sectores, se exige una solución rápida para un conflicto que está situando a la población al borde de una peligrosa crisis sanitaria», señalaba El Norte de Castilla. Las ratas y las moscas campaban a sus anchas, un hedor repugnante se apoderaba de las grandes barriadas, donde abundaban las hogueras hechas con basura, y crecían los rumores de intervención militar. A las once de la noche, una manifestación iniciada en la Plaza del Carmen, en Delicias, pidiendo la dimisión del alcalde, avanzó hacia la Plaza Mayor dejando a su paso un inmenso reguero de basura.

El Norte calificaba de «espeluznante» la situación en La Rondilla, donde los vecinos no dudaron en abalanzarse contra la Policía armados con botellas y piedras; volcaron un coche formando una barricada en plena calle, amontonaron las basuras De «estado de sitio» calificó este periódico lo que se estaba viviendo. «El calor y la lluvia que ayer cayó, junto al intolerable hedor que había por la zona, habían creado una atmósfera pegajosa y húmeda que se adhería al cuerpo y una contaminación de caracteres alarmantes. El clima general de la ciudad, convertida tras los días de huelga, y sobre todo por las acciones de ayer, en un inmenso estercolero, ha despertado la indignación general de amplios sectores de la población», informaba el decano el 6 de julio de 1977.

Mientras colectivos obreros de FASA-Renault, varias asociaciones de vecinos y partidos y sindicatos como CNT, CCOO, UGT, USO, SU, PCE y ORT mostraban públicamente su apoyo a los huelguistas, el Ayuntamiento intensificaba las reuniones para lograr un acuerdo. De hecho, hubo que recurrir a la mediación de los parlamentarios nacionales del PSOE (Pedro Gómez Bosque, Juan Colino y Gregorio Peces Barba) y de UCD (Eduardo Moreno, Antonio Martín Descalzo y Alfonso Sánchez) para alcanzarlo.

El alivio por todos esperado llegó el 8 de julio a las tres y media de la tarde, cuando, tras una maratoniana jornada de 9 horas, se acordó la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, el aumento de 2.000 pesetas incorporadas como plus fijo a las catorce pagas, perceptibles también en caso de enfermedad, y la readmisión de todos los trabajadores sin ningún tipo de represalias por la huelga.

El único punto conflictivo que a punto estuvo de hacer naufragar el acuerdo era la cláusula puesta por el Ayuntamiento en la que se pedía, una vez aceptadas todas las reivindicaciones laborales, que éstas no se volvieran a plantear en un plazo mínimo de seis meses. El rechazo de los trabajadores fue unánime. Finalmente, se aceptó la revisión del convenio cuando el aumento del índice del coste de la vida llegara al 15%. Tras la firma del acuerdo se produjo la reincorporación de los obreros.

 

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