Los faseros se rebelan

Manifestantes colocan una barricada con varios vehículos. /
Manifestantes colocan una barricada con varios vehículos.

La conflictividad laboral desatada en FASA-Renault en 1974 llegó a englobar a más de 10.500 trabajadores y se saldó con 40 detenciones

ENRIQUE BERZAL

La bienvenida al nuevo administrador apostólico de Valladolid, aquel 27 de septiembre de 1974, no podía ser más conflictiva: lo atestiguaba la portada de El Norte de Castilla del día siguiente, que al lado de la fotografía de monseñor Larrea, hombre conciliador y dialogante, adjuntaba el testimonio de una conflictividad sin precedentes: «Paro en cuatro factorías de FASA-Renault», «10.551 trabajadores de Motores y Montaje», un inusitado «clima de tensión» y, para rematar, la factoría cerrada durante un par de días. ¿Qué estaba ocurriendo en la antaño pacífica ciudad del Pisuerga, ajena hasta aquella década del clima de conflictividad laboral propio de otras capitales más desarrolladas? Porque FASA-Renault se erigió, junto a la Construcción y a determinados núcleos universitarios, en la punta de lanza de una contestación laboral con evidentes ramificaciones políticas antifranquistas.

Ya un año antes, los problemas suscitados por la elaboración del Convenio se habían saldado con la dimisión de los representantes sindicales de Motores y Carrocerías elegidos en 1971; y cuando poco después la empresa decidió reducir el tiempo para el bocadillo de media hora a diez minutos, los trabajadores de Montaje 1 convocaron una asamblea, elevaron a la dirección todas sus reivindicaciones (aumento mensual de 3.000 pesetas, IRTP a cargo de la empresa, cuatro pagas extraordinarias al año de retribución primaria, 500 pesetas de ayuda para cada hijo en edad escolar, un mes de vacaciones respetando los cinco días en Navidad, reducción de los ritmos de trabajo, creación de los suficientes comodines para cubrir las necesidades de la plantilla, y duración del Convenio de un año) y se tomaron por su cuenta esa media hora de descanso. La respuesta de la dirección de suspender a cuatro empleados de empleo y sueldo no tardaría en ser contestada con paros y acciones simbólicas de protesta como esa marcha de cerca de 3.000 trabajadores de la sección de Carrocerías 2, el 3 de diciembre de 1973 a las 10 de la noche, desde la factoría hasta la Plaza de Zorrilla; desviados por la policía, se disolvieron en el Barrio de las Delicias.

Al día siguiente, una nueva marcha pacífica, liderada esta vez por los obreros de Motores 1 y Motores 2, terminó frenada por la fuerza a la altura del paso elevado del Polígono de Argales: un policía y varios trabajadores resultaron heridos. Las protestas por las deliberaciones del Convenio continuaron en enero de 1974. Reunidos en asambleas, los trabajadores decidieron persistir en sus reivindicaciones y prolongar la convocatoria de paros parciales, reaccionando la empresa con continuos expedientes de suspensión de empleo y sueldo: a la altura del 24 de enero, ya sumaban 51 los obreros que habían recibido dicha sanción.

Pero lo ocurrido a partir de mediados de septiembre de 1974 resultó aún más impactante. Todo comenzó cuando la empresa interpretó la nueva Ordenanza del metal suspendiendo las tardes libres de los sábados y el descanso del bocadillo. De inmediato, los trabajadores, movilizados por los sindicatos clandestinos y el movimiento asambleario, lideraron un movimiento de huelga que llegó a englobar a 10.551 obreros de una plantilla de 13.620 - y provocar el cierre de la factoría.

Todo arrancó el día 20, cuando los trabajadores solicitaron la dimisión de los cargos sindicales e intentaron negociar las nuevas medidas directamente con la empresa, mientras, por otro lado, las Asambleas nombraban una Comisión encargada de transmitir las nuevas condiciones de la Ordenanza. Seis días más tarde, el Jurado solicitaba la declaración de conflicto colectivo ante el diferente criterio entre empresa y trabajadores acerca de la interpretación de la Ordenanza. La huelga comenzó el 27; cuando la empresa reaccionó con el cierre, miles de trabajadores corrieron a manifestarse frente a las puertas de Montaje 1.

El 1 de octubre, la Policía Armada respondió persiguiendo a los huelguistas por el barrio de las Delicias. Las concentraciones continuaron en la Plaza Mayor, coincidiendo con la VII Feria del Libro; doce personas fueron detenidas y nueve manifestantes y siete policías resultaron heridos. La empresa respondió con 145 suspensiones de empleo y sueldo y 15 despidos.

Otros colectivos, incluidos los estudiantes de Medicina, se sumaron a los actos solidarios con los obreros de FASA. Cuando el 2 de octubre la Dirección General de trabajo emitió una resolución que daba la razón a la empresa, la representación social reaccionó con una nueva solicitud de tramitación de conflicto colectivo interprovincial. Ya entonces había 20 trabajadores detenidos.

La tensión se incrementó aún más ante los falsos rumores de que un trabajador había muerto a manos de la policía, lo que motivó que miles de compañeros se manifestaran a las puertas del cementerio, siendo inmediatamente desalojados; cinco resultaron detenidos y otros doscientos, invitados por alumnos de la Facultad de Medicina, se reunieron en asamblea en la segunda planta de la misma, suscitando la reacción contraria del rector y del decano. Fueron evacuados de inmediato.

Sava, Tecnifer, Tecnauto, Michelín, Nicas, trabajadores de Seat en Barcelona y de FASA-Renault en Sevilla efectuaron paros laborales en solidaridad con los compañeros de Valladolid. FASA decidió reabrir el 8 de octubre de 1974.

Como resultado de todo ello, cerca de 40 faseros engrosaron la lista de detenidos, de los que nueve terminaron en prisión: Abraham Vaquero Galván, Jesús Rodríguez Martínez, Evencio del Río Díaz, Fernando Rojo Casado, Francisco García Díaz, Arsacio Vielba Ramos, Pedro Conde Soladana, José Luis Alonso Pestaña y Francisco Núñez Gandía. Todos, excepto Conde Soladana, Rodríguez Martínez y Núñez Gandía, fueron puestos en libertad el 8 de octubre; y de los que aún permanecieron en prisión, sólo Rodríguez Martínez y Conde Soladana resultaron procesados por el Tribunal de Orden Público, quedando en libertad provisional.

Al conflicto siguió el impactante incendio ocurrido el 30 de octubre en Montaje 2, que acabó con la vida de 10 trabajadores de la contrata de limpieza «El Sol» y más de una treintena de heridos; ni que decir tiene que el episodio dio lugar a múltiples interpretaciones, incluida la que hablaba de un incendio provocado.

 

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