Rebelión en las obras

Trabajadores frente al edificio del sindicato vertical/
Trabajadores frente al edificio del sindicato vertical

La huelga de la construcción de 1973 se saldó con el fracaso de las pretensiones de los trabajadores y una aguda división en Comisiones Obreras

ENRIQUE BERZAL

Aquello no fue solo una huelga más de las que comenzaban a menudear en Valladolid en el último quinquenio del Franquismo; fue, además, la expresión más clara de la profunda división que se estaba fraguando en el seno de un movimiento obrero cada vez más politizado.

Declarado ilegal al derecho a la huelga, cualquier manifestación en este sentido suponía, evidentemente, una afrenta política contra el Régimen franquista. En Valladolid comenzó a finales de 1972, cuando, al no haber acuerdo en las deliberaciones del Convenio Colectivo de la Construcción, la Delegación Provincial de Trabajo dictó una Norma de Obligado Cumplimiento el 16 de noviembre.

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Era consecuencia de la no admisión, por la parte empresarial, de la petición obrera de un salario mínimo de 400 pesetas para el peón. En su lugar, la Norma establecía 164 pesetas, más un plus de Convenio de 54 pesetas. Ante ello, la sección social rebajó sus pretensiones a 300 pesetas de salario base más plus de convenio, pero ni aun así se llegó a un acuerdo.

Cuando el 29 de noviembre de 1973 estalló el conflicto, la situación entre los trabajadores se había complicado; una parte importante de los mismos no aceptaba las peticiones de sus representantes sindicales y proponía, en su lugar, 3.000 pesetas como salario mínimo semanal para el peón, 500 mensuales como ayuda por cada hijo en edad escolar, seguridad social e impuesto IRTP a cargo de las empresas, jornada laboral de cuarenta horas semanales, jubilación a los 60 años e incremento de las medidas de seguridad en el trabajo.

Este sector disconforme eligió en asamblea a una «comisión representativa» de nueve miembros para sustituir a la de ocho legalmente designada, e inició los paros en varios tajos de la «Constructora Asturiana», en la Huerta del Rey. Progresivamente se fueron uniendo obreros que trabajaban en otras empresas del sector en Pajarillos, Santa Clara, Barrio España, Arcas Reales, López Gómez, incluso en Villanueva de Duero.

Cuando los nueve representantes alternativos trataron de dialogar con los elegidos por el Sindicato de la Construcción, la empresa no se lo permitió aduciendo lo irregular de su nombramiento. En total, unos 1.500 obreros se declararon en huelga.

Desde el 31 de octubre proliferaron las octavillas a favor de las peticiones de este amplio colectivo. En los barrios obreros se extendió la solidaridad con los huelguistas, las parroquias más comprometidas de Delicias, Pilarica y La Victoria cedieron sus locales para reuniones, y estudiantes universitarios de Ciencias y Filosofía y Letras mostraron públicamente su apoyo a la huelga.

El 8 de noviembre de 1973, informes gubernativos aportaban una lista de siete obreros detenidos: José Ramón Pasalodos, Simeón Hernández, Vicente Ruges, Luis Román, Félix Peñalba, Carlos Velasco López y Julio Gómez, a los que había que sumar dos multados con 15.000 pesetas y otro con 25.000. No solo eso: dos días antes, varias a empresas habían comenzado a notificar por carta el despido de trabajadores en huelga. Mientras estudiantes de Filosofía y Letras emprendían una campaña de acopio de fondos para los multados, Cáritas planteaba la posibilidad de canalizar ayudas de su fondo interdiocesano, empleados de Banca se solidarizaban con los huelguistas y trabajadores de la empresa Iberit llevaban a cabo, el día 9, un paro de veinte minutos en este mismo sentido.

Entretanto, en el seno de los trabajadores comenzaron a producirse divisiones entre quienes deseaban reincorporarse al trabajo y los que proponían continuar con los paros. El conflicto cobró tales dimensiones, que se ganó la complicidad de la iglesia socialmente más comprometida; el mismo Arzobispo, Félix Romero Menjíbar, hizo pública el día 7 una «Llamada a la comprensión» que, entre otras razones, recalcaba la misión de la Iglesia en la «defensa y la promoción de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona humana cuando fuera necesario», llamaba a «urgir a todos el cumplimiento de los deberes de justicia» y estimulaba «los nobles esfuerzos de todos los que por los caminos de la fraternidad, la justicia de la legalidad y de la dignidad del hombre, trabajan por conseguir una mejora en las condiciones cíe vida de los necesitados y una paz duradera en los distintos grupos sociales».

El día 11, grupos cristianos elaboraron unas «Reflexiones cristianas sobre el conflicto de la construcción» que secundaban la causa de los obreros en huelga. El documento fue leído en diversas parroquias de la ciudad, por lo que fueron denunciados ante la autoridad gubernativa los religiosos Emilio Mozo en San Andrés; Ventura Alonso, José Luis Fernández, Manolo González y Juan Luis Vizmanos en Pilarica; Millán Santos y Aureliano Sánchez en El Carmen (Delicias); Epímaco Cuadrado en la iglesia de Nuestra Señora de La Anunciata; Julián Bajo y Carlos López Alonso en la parroquia Dulce Nombre de María de Canterac (Delicias); Paciano Martínez en La Vitoria; y José Velicia (futuro fundador de las Edades del Hombre) y José Manuel Hernández en San Ildefonso. El mismo gobernador civil, José Estévez Méndez, en un telex enviado el año siguiente al director general de Política Interior, se refería a las «homilías durísimas que pronunciaron 12 sacerdotes, algunos de los cuales fueron severamente sancionados».

Entre los detenidos por su participación en los conflictos figuraban Carmelo Pozas Pardo, que estaba a punto de ordenarse jesuita, y el entonces dominico Gonzalo González Álvarez. Los párrocos Millán Santos (Santo Toribio) y Buenaventura Alonso Gómez (La Pilarica) fueron multados con 25.000 pesetas, sanción que, al no ser abonada, provocó la reclusión del primero en el Monasterio de Silos y de Alonso en el del Henar.

Pese a todo, la huelga, que llegó a congregar a 1.500 trabajadores, concluyó el 14 de noviembre a causa del agotamiento económico de la mayor parte de las familias y la escasa capacidad operativa de la comisión elegida en asamblea para negociar con la empresa. Los trabajadores tuvieron que aceptar un Convenio que en modo alguno satisfacía sus aspiraciones, y en el seno de las aún clandestinas Comisiones Obreras, algunos de cuyos militantes formaban parte de la comisión negociadora, se produjo una importante escisión que daría lugar a la creación de Plataformas Anticapitalistas.

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