Archivada la investigación a CIC por un contrato informático con la Junta

El juez de Instrucción 4 sobresee la causa en la que se investigaba el cobro de facturas por 858.000 euros

J. MORENOVALLADOLID.
Instalaciones de Castilla Informática en Valladolid. ::
                             H. SASTRE/
Instalaciones de Castilla Informática en Valladolid. :: H. SASTRE

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha archivado la investigación remitida por la Fiscalía en relación con un contrato de la empresa Castilla Informática Consulting S. L.(CIC), sociedad que desde enero de 2009 se encuentra sometida a un concurso de acreedores, y que firmó un contrato de suministros con la Consejería de Sanidad en el año 2007.

El magistrado de Primera Instancia número 12 de la capital dictó un auto en mayo de este año por el que tras conocer el informe de los administradores concursales, y examinar los balances de CIC, consideró que podrían existir indicios de delito de falsedad en documento mercantil por la salida de 858.452 euros de facturas procedentes de un crédito frente a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl).

Dicha cantidad se habría abonado por los programas informáticos de tarjetas sanitarias y de personal de la Consejería. El juez señalaba que los tres administradores «habrían incorporado en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil una serie de facturas por dicho importe, que habrían documentado un crédito frente a la Junta de Castilla y León inexistente».

Aunque el magistrado de Primera Instancia sostenía que el acuerdo de reintegro de dicha cantidad podría haber perjudicado al patrimonio de CIC frente a sus acreedores, el juez de Instrucción 4 no ve indicios y ha ordenado el sobreseimiento del caso.

Durante el concurso mercantil, dos responsables de Sanidad negaron que dichas facturas incorporadas a las cuentas de CIC «se correspondieran con ninguna contratación de la Junta de Castilla y León».

El archivo de la causa penal se ha producido sin que el instructor haya citado a declarar a los supuestos beneficiarios del cobro de los 858.000 euros ni a los dos funcionarios. Ninguno de ellos citados en el auto se ha personado en el caso de Instrucción 4. La Fiscalía de Valladolid tampoco ha recurrido.

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