¿Una ciudad para el golpe de Estado?

El mito de 'Fachadolid', a todas luces injustificado, difundió la imagen de ciudad candidata a apoyar el golpe de Estado

ENRIQUE BERZALVALLADOLID
Entierro de un guardia civil en 1979, en el que los ultras increparon al gobernador civil Román Ledesma/
Entierro de un guardia civil en 1979, en el que los ultras increparon al gobernador civil Román Ledesma

Cómo no iba a triunfar el golpe militar en 'Fachadolid'? Se repetían, y se siguen repitiendo, no pocos testigos del momento. El mito irreal de la ciudad 'facha' y 'carca', del Valladolid franquista y sociológicamente reaccionario, dio pábulo a las elucubraciones más variadas y esperanzas a quienes soñaban, aquel mes de febrero de 1981, con un regreso al pasado dictatorial.

Fue a principios de los años ochenta cuando un artículo aparecido en la revista 'Interviú' sirvió para acuñar el famoso calificativo 'Fachadolid', tantas veces empleado para referirse despectivamente a esta ciudad. Aunque a todas luces injustificado y poco acorde con la realidad política de aquel tiempo, el término cosechó gran éxito a causa del impacto social de aquella violencia ultraderechista tan minoritaria como ruidosa. Sobre todo en los prolegómenos del golpe de Estado.

'Fachadolid' hacía referencia a una realidad muy concreta, a un contexto determinado y, sobre todo, al goteo de violencia extremista que recorrió las calles céntricas de la ciudad entre 1979 y 1981. Cierto es que la realidad histórica desmiente con creces el aserto: Valladolid no solo acogió y despidió la Segunda República con ediles socialistas al frente del Consistorio, sino que volvió a otorgar su confianza política al PSOE en las primeras elecciones municipales de la democracia restaurada (1979).

Aun más, aunque ruidosas e impactantes por su discurso y su praxis violenta, las organizaciones de extrema derecha no dejaron de ser minoritarias, atomizadas y fragmentadas desde el punto de vista organizativo, y residuales en términos electorales. Por más que el franquismo sociológico abundara en la ciudad, tal y como demuestran los multitudinarios mítines de Blas Piñar o a las concentraciones en recuerdo de Franco, de José Antonio Primo de Rivera o de Onésimo Redondo, lo cierto es que en los años de la Transición la extrema derecha era organizativamente minúscula y estaba muy dividida, cuando no enfrentada entre sí.

Organizaciones

Entre las organizaciones del Régimen existentes a partir de 1975 destacaban especialmente la Confederación de Excombatientes, liderada por Ricardo Sainz y Díaz de Lamadrid; la Vieja Guardia de Franco, representada a escala nacional por Raimundo Fernández Cuesta y con Anselmo de la Iglesia como principal responsable en Valladolid; los Círculos José Antonio, donde figuraba José Miguel Arrarte, y la no menos célebre Comunión Tradicionalista, opuesta a los carlistas de Carlos Hugo de Borbón y representada en Valladolid por José Millaruelo.

Banderas de Castilla, Veteranos del Frente de Juventudes, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS), Universitarios Falangistas, Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS), Agrupación '4 de marzo', Falanges Juveniles, Comunidades de Base de la Falange Provincial, Unión Nacional Sindicalista Castellana, Agrupación de Mujeres Falangistas..., las agrupaciones nacidas al calor del Movimiento eran, como podemos comprobar, muy numerosas.

Entre ellas, había de todo menos unidad. A finales de 1975 se había creado en Madrid el Frente Español, llamado luego Frente Nacional Español (FNE) y aglutinador de falangistas históricos como Fernández Cuesta, Valdés Larrañaga, Elola y Agustín Aznar. Y es en junio de 1976 cuando, al calor de la nueva Ley de Asociaciones Políticas, el FNE reclama para sí las siglas de Falange Española de las JONS (FE-JONS). El Gobierno se lo concede en octubre, no sin duros altercados con aquellos que, apellidándose 'auténticos', se decían los verdaderos herederos del ideario de José Antonio.

FE-JONS de Valladolid celebró su acto de refundación en septiembre de 1976, con la firma, en Cigales, de un 'Pacto de la Unidad Falangista', que quería reunir a todos los grupos anteriores y que, no obstante, será muy difícil de mantener. Al frente del partido en Valladolid estuvieron en estos primeros momentos Eduardo Lapeña Leloup, Joaquín Fernández París y Gutiérrez del Castillo.

Mucho más importante fue sin duda Fuerza Nueva, nombre de la revista fundada en 1966 por el notario Blas Piñar y partido creado en Valladolid en mayo de 1976. Pretendía aglutinar el integrismo católico y todas las corrientes identificadas con el franquismo para posibilitar la continuidad del régimen.

Su primer delegado en Valladolid fue Francisco Bocos Cantalapiedra, emparentado con la potente familia iscariense de los Muñoz, al que sucedió, en 1977, Jaime Martínez Beltrán. El piso que el secretario José María Sanz Lorenzo tenía en la calle Mantilla fue su primera sede, antes de pasar a la Plaza de España.

Aglutinadora de apellidos tan renombrados en la ciudad como Artigas, Calero, Santander, Rojo o Vázquez de Prada, después de los primeros comicios democráticos Fuerza Nueva reorganiza su directiva con nombres como Javier Hernández de la Rosa (presidente), José María Vázquez de Prada, Ángel Crochi y Valentín Lara, que dos años más tarde, y tras sufrir una escisión interna conocida como 'grupo Cisneros', serían reemplazados por nuevos militantes, con Luis Cid a la cabeza.

Por su parte, la rama juvenil (Fuerza Joven) tuvo en Jesús María de Vega, Francisco Triana, Santiago Milans del Bosch y Fernando Santander sus representantes más destacados entre 1977 y 1979. Isabel Martínez Iranzo hacía lo propio en Fuerza Femenina.

Espiral de violencia

Entre 1979 y 1981, Fuerza Nueva -en especial su rama juvenil- protagonizó numerosos atentados contra personas, establecimientos, sedes de partidos y locales públicos considerados de izquierda, en una espiral de violencia que, semitolerada en un primer momento por las fuerzas de seguridad, parecía no tener fin. Aquí arranca el término 'Fachadolid'.

Estas acciones violentas coparon la prensa del momento: apaleamientos como el de mayo de 1977 contra cuatro militantes del PCE que colocaban carteles electorales en la Universidad; ataques contra los congregados en manifestaciones promovidas por partidos de izquierda, como en la de 1978 en favor de las autonomías; y atentados terroristas como los destrozos en la residencia de los jesuitas en diciembre de 1976, donde se había presentado un libro sobre el PSOE o el incendio, en diciembre de 1979, de la sede del Movimiento Comunista, en el que murieron dos ancianos que vivían en un piso aledaño. Hasta el gobernador civil, Román Ledesma, sufrió los ataques dialécticos de los extremistas durante el entierro de un guardia civil el 10 de octubre de 1979, sin olvidar las agresiones sufridas cuatro días después por los secretarios de Información y Juventud de UCD.

Pasaban los días y la violencia no parecía cesar. Un artefacto explosivo incendió la librería 'Isis', en la calle López Gómez, el 16 de octubre de 1979, y tres conocidos extremistas se encerraron en la sede de UCD, el 25 de enero de 1980, colgaron una pancarta culpando a la formación de los atentados de ETA y profirieron gritos contra la revista 'Interviú'. También apedrearon el Ayuntamiento, la sede de UCD y EL NORTE DE CASTILLA el 30 de enero de 1980.

Un artefacto explosivo causó destrozos en la sede del Partido Comunista (marxista-leninista), en la calle Nicasio Pérez el 10 de febrero de 1980, y siete días después, de nuevo EL NORTE DE CASTILLA era atacado, esta vez con un cóctel molotov reivindicado por los Grupos Armados Revolucionarios. El día 23 ocurría otro tanto en el Aula Lardizábal de la Facultad de Derecho, donde iba a tener lugar un 'acto antifascista'.

A muchos causó estupor leer lo ocurrido el 18 de abril de 1980: Luis González Pasquau, exmilitante de CNT y maestro del Instituto Núñez de Arce, fue asaltado en plena calle y metido a la fuerza en un coche. Los asaltantes le taparon los ojos y lo condujeron a un descampado, donde le apagaron cigarrillos en la cara y le propinaron una brutal paliza. Luego lo arrojaron en la calle Vergara.

El 4 de julio de ese mismo año, un artefacto explosivo lanzado en el Ayuntamiento por el Comando Onésimo Redondo destruyó parte de la sala de lectura del Archivo Municipal. Ni siquiera las salas de cine quedaron a salvo: el 13 de noviembre de 1980, el desaparecido Cine Cervantes sufría los ataques de los ultras por proyectar 'El proceso de Burgos'. No fueron estos los únicos atentados con explosivo de aquel mes: los Grupos Armados Revolucionarios reivindicaron el cóctel molotov lanzado contra EL NORTE DE CASTILLA el 16 de noviembre de 1980, y la sede de la CNT, en la calle Real de Burgos, ardió el 19 de noviembre de 1980.

Al mes siguiente, el asesinato en Madrid de Juan Ignacio González, secretario nacional de Fuerza Joven, fue contestado en Valladolid con ataques violentos en la Universidad: el 15 de diciembre, ultraderechistas armados con cadenas y palos atacaron a estudiantes de la Facultad de Derecho reunidos en asamblea y zarandearon e insultaron al vicedecano Fernando Valdés.

Entre los sucesos más impactantes, ocurridos en los albores del 23-F, figura el atentado en el café Largo Adiós, ocurrido el 6 de enero de 1981 y reivindicado por los Grupos Armados Revolucionarios. Fueron cuatro disparos con resultado trágico: dos de ellos alcanzaron en la espalda y en la cabeza al entonces estudiante de 5º curso de Medicina Jorge Simón, calificado por la prensa nacional como «destacado dirigente estudiantil, exmilitante del PTE».

La gota que colmó el vaso de la paciencia política fue el atentado con bomba en la sede del PSOE, en la calle General Ruiz, el 19 de enero de 1981. Fueron más de cuatro kilogramos de pólvora lanzados por la ventana a las cuatro y veinte de la madrugada. El resultado, destrozos valorados en cinco millones de pesetas.

Los afectados acusaban a las autoridades policiales, en especial al jefe superior de Policía, Eutiquiano de Prado, de comportarse con excesiva tolerancia contra los violentos de extrema derecha. De ahí los esfuerzos de diputados socialistas, en especial de Gregorio Peces Barba y Juan Colino, por su renovación. Estas presiones, unidas a las del gobernador civil, Román Ledesma, comenzaron a dar frutos en septiembre en 1980, con la llegada a nuestra ciudad de Carlos Enrique Gómez de Ramón, nuevo jefe superior de Policía, que venía de combatir a la extrema derecha en Córdoba.

A partir de ese momento el rosario de detenciones de ultras no se hizo esperar, desactivando así la previsible trama civil del 23-F en Valladolid.

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