La Renta de Ciudadanía mejorará el salario social hasta el 30% y alcanzará 692 euros

El ingreso contra la pobreza se sitúa en la media estatal, pero lejos del País Vasco y Navarra

Carlos Fernández Carriedo y Francisco Ramos. ::                             HENAR SASTRE/
Carlos Fernández Carriedo y Francisco Ramos. :: HENAR SASTRE

¿Es igual de pobre un pobre de Andalucía que uno del País Vasco? La respuesta es no. Les separan, al menos, 258 euros mensuales de ingresos mínimos garantizados. Renta de Ciudadanía, Ingreso Mínimo de Inserción, de Solidaridad, Ayuda de Inclusión Social, Renta Garantizada, Garantía de Ingresos... Estos salarios sociales son la última red de protección pública cuando todo falla y comprar el pan se convierte en una odisea diaria. Cada autonomía regula esta percepción a su manera, con criterios de acceso, cuantías y complementos dispares.

¿Puede subsistir una familia numerosa sin recursos económicos con 532,51 euros al mes en Castilla y León? ¿Y con 692? La primera cifra es el máximo actual del salario autonómico contra la pobreza y la exclusión social. La segunda, el tope que marca la futura Renta Garantizada de Ciudadanía, que refuerza casi un 30% la dotación económica, abre el abanico de beneficiarios a personas con ingresos que no llegan a esa cuantía y que recibirán un complemento e intensifica las acciones para que el perceptor logre un empleo que le saque del pozo de la indigencia. Indigencia que no es sinónimo aquí de mendicidad, porque pedir en la calle es causa de denegación de esta ayuda básica. Indigencia que resume las penurias, las estrecheces, las necesidades de los nuevos pobres: personas sin trabajo, sin paro, sin subsidio y que en muchos casos tienen cara de mujer e hijos a su cargo.

La nueva Renta Garantizada de Ciudadanía, actualmente en tramitación en las Cortes, situará a Castilla y León en la parte media-alta de una tabla autonómica que coronan Navarra y el País Vasco. Los territorios con régimen foral propio son mucho más espléndidos con las cantidades que conceden y más flexibles con los requisitos.

Desigualdad

Un informe de Cáritas elaborado en el 2009 pone de manifiesto que «el conjunto del 'sistema' de garantía de ingresos mínimos en España es complejo y uno de sus déficit es no haber sido concebido nunca como un todo, lo que limita significativamente su eficiencia en la reducción de las desigualdades y la pobreza de nuestro país». Traducido al lenguaje de la calle nos devuelve al principio de la información: Un pobre en Andalucía es mucho más pobre que uno del País Vasco con idéntica situación.

Castilla y León. La nueva Renta Garantizada de Ciudadanía nace de un acuerdo entre la Junta y los agentes sociales. Mejora la cuantía económica del actual salario social (IMI), que ya pasó una profunda revisión en el 2004, flexibilizándose algunos requisitos para jóvenes que habían estado bajo la tutela de la Junta, emigrantes retornados y mujeres maltratadas. Convive desde junio del año pasado con la ayuda para parados sin ingresos.

País Vasco. Forma, junto con Navarra, el reducidísimo club de los pudientes en materia salario social. Utilizan como indicador, de tú a tú, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 738,3 euros mensuales con prorrateo de pagas extras, mientras el resto echa mano del Iprem, situado en 532,5 euros al mes sin pagas extras. El Gobierno vasco garantiza a los pensionistas, con complementos, al menos esos 738,3 euros, cantidad que puede rondar los mil euros si tienen personas a cargo. Además han puesto en marcha una prestación complementaria por vivienda que irá de 250 a 320 euros.

Navarra. 949,95 euros. El máximo de la Renta Básica de Navarra marca el techo estatal de las percepciones de ingresos mínimos. El 46% de los perceptores viven solos y cobran una cantidad que se ha reforzado este año, así como el presupuesto total destinado al programa por la comunidad foral. Se tramita en 45 días y se está modificando el decreto que la regula. Junto con el País Vasco, Navarra disfruta de un concierto económico con el Estado diferente a la financiación autonómica que reciben el resto de las comunidades.

Andalucía. Se llama Ingreso Mínimo de Solidaridad y se rige también por el SMI, como las forales, pero aplica a ese salario un porcentaje significativamente inferior, el 62%, lo que sitúa el mínimo de ese ingreso en 392 euros/mes. Las peticiones han crecido el 65% en el primer trimestre del año. El Gobierno andaluz tienen comprometida una Ley de Inclusión Social que contempla la sustitución de este ingreso por una Renta Básica con más garantías.

Aragón. El Ingreso Aragonés de Inserción, de 441 a 621 euros mensuales, fue modificado el año pasado. Se redujeron los plazos de resolución, además establece complementos por número de miembros de la familia y también contempla situaciones como gastos de alojamiento o los gastos continuados ocasionados por enfermedad grave y crónica de larga duración. El presupuesto para el 2010 aumentó el 140%, ampliable si hace falta. Los perceptores se han triplicado.

Asturias. En 2009 se presentaron 3.230 solicitudes del Salario Social Básico (SSB) asturiano más que el año anterior, lo que supone un incremento del 51,7%. La prestación media ha sido de 390 euros, aunque en el 60% de los casos el SSB ha complementado otros ingresos. El perfil mayoritario de los titulares de esta prestación continúa siendo el de una mujer sola, con hijos a cargo, o un mayor con una pensión no contributiva.

Baleares. La Renta Mínima de Inserción de Baleares intenta cubrir las necesidades de subsistencia de unos solicitantes que se han duplicado en los últimos meses. El 45% de los perceptores tiene entre 25 y 39 años, aunque ese perfil joven se acentúa en islas como Menorca, donde llega al 62% de los beneficiarios, de los que el 13,4% no han cumplido los 25 años. La Renta Mínima garantiza unos ingresos de 400 euros mensuales.

Canarias. «¿Pero eso no es competencia municipal?» El lío administrativo que soportan los ciudadanos llega incluso al personal que trabaja para la Administración. Los solicitantes de la Prestación Canaria de Inserción son mayoritariamente mujeres de edad media situada en los 43 años, desempleadas y con baja cualificación laboral. Desde las islas destacan como complemento que Canarias tiene viviendas públicas en arrendamiento, programa que permite que el alquiler no supere el 12% de los ingresos.

Cantabria. La Renta Social Básica cántabra se otorga como un subsidio a personas sin recursos o como complemento a los hogares que no alcanzan ese mínimo del 80% del Iprem. En euros, 426 mensuales. Cantabria adelanta el cobro del salario social a los 23 años. Los perceptores han pasado de 885 al finalizar el 2008 a los 2.116 de mayo del 2010. La mayoría, mujeres.

Cataluña. Ha rebajado los requisitos económicos para cobrar su Renta Mínima de Inserción. Antes establecía el tope de 2.484 euros en los seis meses anteriores. Ahora lo deja en 1.656 en los cuatro últimos meses. Mejora la cuantía a las familias numerosas y establece ayudas complementarias, además de por número de miembros de la unidad familiar, por hijo menor de 16 años, por hijo discapacitado, hospitalización, persona sola o por participar en programas de inserción laboral. La Generalitat presupuesta 31 millones más que en el 2008.

Castilla-La Mancha. El Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) manchego llega a 603 personas y se sitúa en 372 euros mensuales. Casi el 705 de los beneficiarios son mujeres. Se concede por un año, con posibilidad de otro de prórroga y seis meses más con carácter excepcional. Existe también Ayudas de Integración Social (1.884 beneficiarios) y de Emergencia social (3.273), situación que distorsiona el peso (en la tabla comparativa) del IMS dentro del sistema manchego que cubre los ingresos mínimos.

Extremadura. Las Ayudas para la Integración de Situaciones de Emergencia Social (AISES) pueden ser pagos mensuales, a modo de salario, o únicos para abordar situaciones puntuales de necesidad. En la actualidad se está elaborando la Ley de Renta Mínima de Extremadura, que vendrá a sustituir a las AISES en su modalidad ordinaria.

Mujer, en paro y con niños

Galicia. En proceso de revisión con sindicatos y empresarios, la RISGA (Renta de Integración Social de Galicia) contempla complementos. El mensualidad media es de 378 euros. Junto con esta renta existen Ayudas para Situaciones de Emergencia Social. Un pago único que se sitúa en un promedio de 1.241,74 euros por concesión.

Madrid. Mujer, en paro y con niños que mantener es el perfil tipo de la persona que cobra la Renta Mínima de Inserción madrileña. El analfabetismo de los perceptores ronda el 13,5%, según datos del Gobierno de Madrid, que cuenta con uno de los salarios sociales más modestos del país, en contraste con su pujanza económica.

Murcia. La Renta Básica de Inserción Murcia marca el suelo nacional del salario social con 300 euros mensuales para las personas sin recursos que viven solas, cantidad que mejora sensiblemente en el caso de las familias numerosas. Su máximo de 682 euros al mes es de los más altos del país.

La Rioja. Compagina un Ingreso Mínimo de Inserción con una Ayuda de Inclusión Social. Son prestaciones diferentes. La primera se sitúa en un fijo de 372 euros al mes y la segunda equivale a una pensión no contributiva con complementos por personas a cargo.

Valencia. La comunidad levantina puso en marcha su Renta Garantizada de Ciudadanía en el 2008. La cuantía mínima, si se carecen de ingresos, se sitúa en 385,18 euros mensuales y puede subir hasta los 621,26 en los casos de familias numerosas, aunque hay pagos desde 30 euros para complementar rentas. 71 de cada 100 perceptores son mujeres y el 21,4% de los beneficiarios no saben leer ni escribir.