La mitad de los monumentos en ruinas de los pueblos pertenecen a particulares

El reciente desprendimiento de la torre de Mota del Marqués pone en peligro su recuperación

TERESA LAPUERTAVALLADOLID.

En tan sólo unos meses, dos monumentos de la provincia han pasado a formar parte de la Lista Roja de Patrimonio. El castillo de Villalba de los Alcores y la iglesia de San Salvador de Peñaflor de Hornija comparten con otros diez bienes patrimoniales de los pueblos vallisoletanos el triste privilegio de estar en peligro de desaparecer.

Los monumentos, enclavados todos en pequeños municipios sin tirón turístico, agonizan por la dejadez y el paso del tiempo, pero también han sido objeto de expolios, sufrido el azote de la climatología y, en la mitad de los casos, pertenecen a particulares que no han querido o podido poner freno a su deterioro.

El listado de Hispania Nostra, fundación sin ánimo de lucro que se encarga de la defensa del patrimonio español, es un catálogo abierto que se nutre de la colaboración de particulares o de asociaciones y en el que se incluyen más de trescientos bienes patrimoniales de toda España. No tienen más propósito que el de alertar sobre el estado ruinoso de determinadas obras de arte y lo cierto es que, aunque no están todos los que son, los que están claman a gritos por una intervención urgente.

El pasado 19 de enero, uno de los monumentos incluidos en el informe, la torre del homenaje de Mota del Marqués, sufría su último desprendimiento. El derrumbe del lateral de la fortaleza, propiedad de la familia Hornías, ha significado la estocada mortal a un monumento ya de por sí bastante maltrecho.

«Queremos consolidarlo y ya tenemos el informe de la Diputación, pero si la propiedad no vende, las instituciones no pueden intervenir». El alcalde de Mota, José Manuel Salgado, reconoce que el municipio tiene las manos atadas tanto en este caso como en el de la iglesia de El Salvador, propiedad de la Diócesis y también incluida en catálogo de bienes en ruinas.

El Ayuntamiento ultima con la propiedad el acuerdo que permita a las instituciones intervenir en la fortaleza con carácter de urgencia, pero aunque se ha mostrado dispuesto a comprar, hacer una permuta de terrenos o conformarse con una cesión de uso del torreón de planta circular, puede que el convenio no llegue a tiempo.

En el caso de Valladolid, en la lista conviven monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), como la fortaleza y la iglesia de Santa María del Templo de Villalba de los Alcores; el monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla, en Cogeces del Monte; la necrópolis de Las Ruedas, en Padilla y la fortaleza de San Pedro de Latarce, con otros que no tienen ese grado de protección por parte de la Junta de Castilla y León. En este segundo grupo se incluyen, además de los dos citados en Mota del Marqués, la cartuja de Santa María de Aniago, de Villanueva de Duero; el convento de las Carmelitas, de San Pablo de la Moraleja; la ermita de Nuestra Señora de Canteces, de Vega de Valdetronco; la fábrica de harinas La Confianza, de Tordehumos y la iglesia de San Salvador, de Peñaflor de Hornija.

El estado ruinoso de todos ellos demuestra que la inclusión de un monumento en el catálogo que goza de una mayor protección legal tampoco es una garantía. Bien de Interés Cultural es, por ejemplo, la necrópolis de Las Ruedas y aunque el Gobierno regional continúa sus intervenciones en parte del yacimiento vacceo romano de Pintia, el laboreo agrícola de los propietarios de los terrenos ha destrozado buena parte del centenario cementerio.

De propiedad municipal son las ruinas del castillo de San Pedro de Latarce y las del Monasterio de la Armedilla. El primero cuenta ya con un plan director, aunque el dinero parece no llegar nunca, y el segundo ha sido objeto de varias actuaciones por parte de la Junta de Castilla y León aunque, a juicio de los expertos, son insuficientes.

Mención aparte merece el caso de Villalba de los Alcores, con dos monumentos BIC, que además cuentan con la declaración de Monumento Histórico Artístico, incluidos en esta lista. Tanto el castillo como la iglesia están en manos de particulares y aunque el Gobierno regional, e incluso el Procurador del Común en el segundo de los casos, han exigido una intervención urgente, hace décadas que nadie toca una sola piedra.

La iglesia lleva años a la venta por 300.000 euros, pero no son tiempos para comprar un templo románico que necesita otro tanto para ser restaurado y eso también parecen pensar las instituciones locales y regionales. El castillo, pertenece a los herederos de Manuel Azaña, desperdigados entre México e Italia, y ha llegado al siglo XXI mejor de lo que lo han hecho otras fortificaciones públicas en pueblos de gran envergadura. La propiedad privada es un problema cuando no hay posibles, pero cuando hay dinero y/o voluntad, como es el caso del propietario del castillo de Curiel, hoy convertido en un magnífico hotel, todo parecen ventajas.

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