Soria deberá pagar más de 40.000 euros a la Asociación de Municipios del Duero

El Juzgado de Primera Instancia de Soria ha dado la razón a la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero y obligado al Ayuntamiento de Soria a pagar 41.562 euros más las costas judiciales, en concepto de cuotas por pertenecer a la misma, a pesar de que el Consistorio ya declinó pertenecer a ella por «la escasa rentabilidad económica».

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria Adolfo Sainz dio a conocer hoy que en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria con fecha 13 de junio e 2014 «se dio cuenta de esta sentencia", y criticó que «otra vez vuelven a sacar los colores al alcalde de Soria por no pagar, porque no paga lo que debe, y en este caso la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero ha tenido que recurrir a los juzgados para que el Ayuntamiento de Soria pague».

El concejal del PP lamentó, además, que «lo peor de todo esto es la imagen que está dando Carlos Martínez del Consistorio como un ayuntamiento que no paga. «Pasó con las casi 1.000 facturas que había sin pagar por los cajones, y vuelva a pasar ahora con esta deuda que le han tenido que reclamar vía judicial», indicó.

La pertenencia a la Red de Municipios Ribereños se remonta al año 95, etapa desde la que se acumula la cantidad que ahora se reclama. El equipo de Gobierno actual siempre ha cuestionado la rentabilidad de la pertenencia a esta entidad al no existir ni actividades, ni programas, ni propuestas de promoción de interés para la ciudad. Por ello, ya en 2009 se propuso dejar de pertenecer a la misma, con un Gobierno socialista en la alcaldía. Esta situación se debatió en una comisión, pero no salió adelante ante la negativa de los demás grupos de la oposición y la minoría del entonces equipo de Gobierno.

Dentro de este objetivo de no seguir perteneciendo a una red sin rentabilidad para la ciudad, el PSOE acordó, esta vez con mayoría en la Corporación, en el Pleno de diciembre de 2011 salir de la entidad y, de esta forma, dejar de acumular deudas ante la inexistencia de rentabilidad para la ciudad. «El primer paso debe ser dejar de tener ese compromiso que las anteriores Corporaciones habían mantenido pese a la postura socialista, quien ya expuso esta posición en más de una ocasión. Otro aspecto que también se expuso en esa sesión fue el incremento de las cuotas de los 1.400 euros anuales iniciales a los 5.000 a partir del año 2007, triplicando el coste y sin obtener beneficios de ningún tipo», destacó Luis Rey.

Con ese acuerdo plenario se dio la oportunidad a la citada entidad de justificar aquellas actividades o programas desarrollados en los años previos para abonar la cuantía. Este informe no se ha remitido al Consistorio y la Red de Municipios ha optado por acudir al Tribunal. La postura municipal ha sido que «el pago debe estar justificado en base a actuaciones que hayan redundado en beneficio a la ciudad». El equipo de Gobierno abogó por respetar el fallo judicial.