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El ministro Alfonso Alonso.
Las comunidades se rebelan contra el Gobierno por la hepatitis C y la prescripción de enfermería

Las comunidades se rebelan contra el Gobierno por la hepatitis C y la prescripción de enfermería

También protestan porque el Ejecutivo solo les ayude con 1,7 millones para atender a los refugiados que acoja España

Daniel Roldán

Miércoles, 13 de abril 2016, 19:49

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Era un tema que parecía aparcado hasta el próximo viernes, cuando los consejeros económicos se reúnan con el ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero sus colegas de Sanidad han ofrecido este miércoles por la tarde la primera andanada contra el Gobierno por contar el gasto del plan nacional contra la hepatitis C. Un proyecto que ha atendido a unos 51.000 pacientes en el último año y cuyo coste ha sido contado como déficit para las autonomías.

Una decisión que ha enfadado a los consejeros de todos los colores. No se puede dar por terminado. No se puede decir que los enfermos de hepatitis C están tratados, ha señalado José María Vergeles, consejero extremeño de Sanidad y Política Social. Su homólogo castellano y leonés, Antonio María Sáez, ha indicado que no es razonable que el mismo Ejecutivo que aprueba junto a las regiones un plan estratégico con medicamentos de última generación luego haga que les cuente a ellos como gasto. La lealtad institucional consiste en no decidir a solas sobre una política y hacer que la financie otra institución, ha señalado a su vez el conseller catalán Toni Comín.

Unas quejas que los consejeros han logrado que se tratasen en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el primero que se celebra desde finales de julio de 2015. Una reunión en el que se ha producido algún revés para el Ejecutivo, ya que las autonomías han rechazado la actualización de la Estrategia Mental del SNS. Muchos planes de las comunidades superan ya a la estrategia, ha comentado el consejero extremeño.

Las comunidades también se han mostrado sorprendidas por la ayuda estatal para la atención sociosanitaria de los refugiados. El Gobierno ha repartido 1,7 millones entre todas las regiones; o como ha indicado Vergeles, unos 68 euros por persona y año.

Además, todas las comunidades con gobiernos socialistas iban a demostrar su rechazo al real decreto de prescripción de enfermería, que impide que este colectivo use, autorice o indique medicamentos con receta, e iban a solicitar que se retire. Tanto el consejero extremeño como su colega andaluz, Aquilino Alonso, han señalado que van a llevar la voz de los profesionales. Sin embargo, será un acto más simbólico que efectivo. Un Gobierno en funciones no puede derogar o paralizar un real decreto.

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