El Gobierno se moviliza para anular el primer sindicato de «trabajadoras sexuales»

Prostitutas, en un polígono de Madrid./San Bernardo
Prostitutas, en un polígono de Madrid. / San Bernardo

La ministra de Trabajo admite que le han «colado un gol» con la inscripción, pero no tolerará un grupo que da cabida a la prostitución

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

La ministra de Trabajo no pudo ser más sincera. Con tono de amargura, Magdalena Valerio reconoció este jueves, en los pasillos del Congreso, que «me han colado un gol por la escuadra». Fue la forma gráfica de explicar que, «sin mi conocimiento», la Dirección General de Trabajo dio el pasado 4 de agosto el visto bueno, con la publicación en el BOE, a la constitución de la «Organización de Trabajadoras Sexuales» que, a la vista del contenido de sus estatutos, sería el primer sindicato que abordaría la defensa profesional de la prostitución, una actividad que no es legal en España y que se ejerce en la clandestinidad.

'Otras', que es el acrónimo con el que el Ministerio registró legalmente un sindicato con sede en Barcelona, pero con vocación nacional, «desarrollará sus actividades en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes», según consta en sus estatutos.

La autorización oficial de 'Otras' provocó una convulsión en un Gobierno que, como recordó el propio presidente a través de un tuit, «es feminista y partidario de la abolición de la prostitución». El resultado de la tormenta fue que Valerio dio orden a la Abogacía del Estado para que inicie «todos los trámites pertinentes» para lograr que se declare «nula de pleno derecho» la resolución de la propia Dirección General de Trabajo que autorizó la inscripción en el registro del sindicato. Para, en definitiva, dar marcha atrás.

El camino que pretende seguir el Gobierno para impugnar la validez de la inscripción se apunta tanto en el comunicado del Ministerio como en el tuit de Pedro Sánchez. El Ejecutivo admite que la inscripción administrativa de Trabajo no contiene «errores de forma», pues cumple con los requisitos exigidos por la ley de libertad sindical y por el real decreto sobre depósito de estatutos de sindicatos y patronales. Sin embargo, señala que sí que es impugnable por el fondo de los estatutos. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita», adelantó el presidente. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no puede admitir que bajo el subterfugio de un 'sindicato' de trabajadoras del sexo se dé cabida a la prostitución», amplió el Ministerio.

Mano dura

El malestar gubernamental y del PSOE por el supuesto error burocrático fue evidente. Su Ejecutivo había autorizado un sindicato que podía tratar de introducir en la legalidad una actividad que los socialistas no solo quieren ilícita, sino que llevan años intentando erradicar. Hace un año trataron de que el pacto de Estado contra la violencia machista incluyese una reforma del Código Penal para castigar a los dueños de prostíbulos, para sancionar a los clientes, y para condenar a cualquier proxeneta, se lucre con autorización de la prostituta o sin ella. En la actualidad solo es delito la prostitución de menores, la prostitución forzada y el proxenetismo sin consentimiento.

La inscripción, de hecho, va en contra del criterio y la filosofía de la mayoría de los partidos españoles, que se han comprometido a impulsar con urgencia una ley integral contra la trata de seres humanos, que en España tiene su aspecto fundamental en el tráfico de mujeres para la posterior explotación sexual.

No existe un estudio sobre el alcance nacional de la prostitución. Solo hay datos que permiten aproximarse. La Policía Nacional identificó en un año a unas 14.000 víctimas de explotación sexual que trabajaban para mafias y redes delictivas en clubes de alterne, pisos, polígonos, carreteras o parques, el 95% mujeres. No obstante, los propios agentes especializados calculan que solo es la punta del iceberg y que las explotadas, parte de un negocio ilícito que mueve unos cinco millones de euros diarios en España, podrían estar entre 40.000 y 45.000.

Su percepción coincide con un estudio elaborado por Cáritas. Las conclusiones indican que el 90% de las mujeres que trabajan como prostitutas no lo hacen de forma voluntaria y que el 80% de ellas son extranjeras. La trata en España tiene como principales víctimas a las nigerianas, pero también destacan como origen Rumanía, Brasil, República Dominicana, Colombia, Bolivia o China.

Calvo: «Vamos tarde en el pacto contra la violencia machista»

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, solicitó este jueves al Parlamento que ponga en marcha las modificaciones legales recogidas en el pacto de Estado contra la violencia de género antes de que termine el año, es decir, en cuatro meses.

Carmen Calvo explicó ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto de Estado en materia de violencia de género que hay que «dar un tirón importante» a las medidas legislativas del Pacto: «A finales de año queremos tener todas las modificaciones legales».

La vicepresidenta incidió en que «hay que poner más recursos y voluntad» en la lucha contra la violencia machista y pidió a Congreso y Senado que «acompañen al Gobierno» y den prioridad al consenso y la lealtad para terminar de poner en marcha el Pacto porque «vamos tarde» y «habrá pocos objetivos que merezcan más la pena que éste en una democracia».

En una comparecencia extraordinaria para explicar el decreto ley del Gobierno por el que se impulsan varias medidas del pacto de Estado -entre ellas, la devolución de las competencias a los ayuntamientos y la acreditación de víctimas de violencia machista sin necesidad de que medie denuncia-, Calvo concedió que ese acuerdo es sólo el «punto de arranque, no de llegada» en esta lucha.

En este sentido, mostró su disposición de poner en marcha un pacto de Estado contra el sexismo en el que todos los partidos políticos «vayan juntos» .Calvo también anunció que el debate para la convalidación del citado decreto tendrá lugar en el Pleno del próximo día 6.

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