Greenpeace tasa en 77 millones los daños causados por el robo de agua

Varios residentes de Yangon (Birmania) llena cubos con agua potable de un pozo. /Nyein Chan Naing (Efe)
Varios residentes de Yangon (Birmania) llena cubos con agua potable de un pozo. / Nyein Chan Naing (Efe)

La ONG afirma que solo se cerraron diez pozos ilegales entre 2013 y 2017, cuando se presentaron 2.866 denuncias

R. C.

El robo de agua causó, al menos, 77 millones en daños al patrimonio natural durante cinco años, entre 2013 y 2017. Es la principal conclusión de Greenpeace, que durante un año ha estudiado la extracción ilegal de agua que, por ejemplo, está perjudicando seriamente al parque natural de Doñana y que ha llevado a la Unión Europea a intervenir. La ONG medioambiental acusó, además, a las confederaciones hidrológicas de falta de transparencia. «Si tuviéramos cifras reales del número de pozos ilegales que hay en toda España, el daño al dominio hidráulico podría ascender a miles de millones de euros», asegura Julio Barea, responsable de la campaña de Agua. «Esta falta de transparencia es un reflejo claro de que el robo de agua no es una prioridad en España y de que no se le están dedicando ni el tiempo ni los recursos necesarios», denunció Barea.

Por confederaciones, la del Guadalquivir encabeza la lista de número de denuncias tramitadas por pozos ilegales, con 968 registradas en el periodo de la investigación, y con casos como el de Puebla del Río o Lucena del Puerto (Huelva), una localidad que en tan solo un expediente acumula 77 pozos ilegales. Le sigue la del Tajo (703), Ebro (608), Guadiana (583), Duero (385), Miño (114), Segura (113) y Cantábrico (0) -datos no disponibles del Júcar-.

En cuanto al resto de extracciones ilegales, encabeza la clasificación la Confederación Hidrográfica del Duero, con 1.305 denuncias tramitadas, y le siguen el Guadalquivir (974), Tajo (607), Guadiana (540), Miño (265), Júcar (147), Cantábrico (136) y Segura (109). En este caso, no hay datos disponibles del Ebro. La organización destaca que a pesar de tantas denuncias solo se pudieron cerrar diez pozos ilegales, cuyo número total en España se desconoce. La última cifra, destaca el informe, data de 2006, cuando el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el «equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes». «Esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la realidad», recalca el estudio.

Ante esta falta de información, la ONG solicita al Ministerio para la Transición Ecológica, confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas, Seprona y Fiscalía que hagan público lo antes posible los datos y expedientes referidos al número y localización de los pozos ilegales en todo el Estado, para llevar a cabo su control y cierre, ya que «suponen un peligro de seguridad directa para la población».

Además, es fundamental «frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efectos del cambio climático. Por otro lado, Greenpeace recalca que es clave que se persiga el delito de robo de agua «a través de una coordinación efectiva de las administraciones competentes, que prioricen esta situación con mayor dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora».