Menores que ya son nuestros

Resulta imprescindible cubrir las necesidades de quienes han migrado en la etapa más crítica de sus vidas

Menores que ya son nuestros
El Norte
EL NORTEValladolid

Los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España tras emigrar de sus respectivos lugares de origen y están bajo la supervisión de nuestras administraciones alcanzan la cifra de 10.100, según los datos que maneja el Gobierno. 10.100 niños y adolescentes que presentan necesidades muy diversas y que han llegado a nuestro país con una carga de vivencias también dispar, como distintos son los vínculos que mantienen con sus familias. El incremento de su afluencia en 2018 ha desbordado los servicios de acogida y atención de las comunidades autónomas, empezando por Andalucía, y siguiendo por Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco, y Ceuta y Melilla. La reunión mantenida ayer por la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón, con responsables de otros departamentos y de gobiernos autonómicos permitió acordar la idea de una distribución territorial voluntaria de los 'menas', para lo que el Gobierno aportaría 40 millones de euros como anticipo de crédito, a la espera de que se tramiten los Presupuestos de 2019. Ello, junto con la actualización del Protocolo de Intervención y Acogida establecido en 2014, permitiría mejorar la situación mediante un abordaje solidario e integral del problema. Pero tales decisiones no parecen del todo suficientes ni por el grado de compromiso interterritorial alcanzado ni por la ausencia de garantías de continuidad en el tiempo ni por la financiación disponible. Aunque resulte previsible que el final del verano atenúe la llegada de menores no acompañados, baste señalar que la Comunidad Valenciana ha cifrado en 150 euros al día los costes de atención de cada niño o adolescente migrante para advertir de la magnitud del esfuerzo público que requieren los 'menas'. Porque, junto a su acogida en cuanto a necesidades básicas y de protección, resulta imprescindible cubrir también desde el punto de vista educativo y de atención psicosocial las personales circunstancias de quienes han migrado en la etapa más crítica de sus vidas. La Junta de Andalucía propuso ayer que el Gobierno trate de concertar con Marruecos la devolución a sus hogares de los menores procedentes de ese país. Una propuesta que quedó sobre la mesa, sin duda porque plantea dificultades añadidas, cuando hay razones para suponer que el menor ha sido enviado por la familia a emprender un viaje para corregir su propia fortuna. La primera obligación de las instituciones es tutelar los derechos de esos menores.

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